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Preparando y preparándose para la crisis

por 22 febrero 2010

La Concertación no ha precisamente empoderado a las organizaciones sociales para representar y defender sus derechos e intereses, más bien ha desarrollado una práctica de cooptación y dependencia institucional y financiera de sus dirigentes que bien puede ser empleada por el nuevo gobierno.

La incógnita no explicitada en la espera de la asunción del gobierno de Sebastián Piñera está en la orientación económica y social que este asumirá a partir del 11 de marzo próximo, es decir, como se distribuirá el excedente económico socialmente producido y como se controlará políticamente a la sociedad. Las orientaciones posibles son dos:

Una dirección es mantenerse en la línea de la protección social mitigando la pobreza causada por la mala distribución del ingreso mediante el creciente gasto público social - Chile Solidario, Programa Puente y otros -, con un crecimiento económico mediocre y un desempleo significativo, política instaurada por la Concertación y exitosamente culminada por la Presidenta Bachelet.

La Concertación no ha precisamente empoderado a las organizaciones sociales para representar y defender sus derechos e intereses, más bien ha desarrollado una práctica de cooptación y dependencia institucional y financiera de sus dirigentes que bien puede ser empleada por el nuevo gobierno.

La otra dirección es utilizar progresivamente el excedente como inversión privada para lograr un crecimiento económico significativo y disminuir el desempleo, a costas de una mayor precarización laboral y cada vez menor participación del trabajo en el ingreso nacional. Las propuestas centrales del nuevo gobierno son crecer al 6,0% anual, crear un millón de puestos de trabajo durante el cuatrienio y derrotar a la delincuencia. La prioridad económica otorgada a la promoción y desarrollo de las pymes indica claramente que el empleo precario y autoempleo son la solución propuesta.

Las características personales y colectivas del Gabinete designado por Piñeira indicarían una tendencia en la segunda dirección antes esbozada, lo cual requerirá de un respaldo político mayor al que tiene en la actualidad la Alianza y sus pocos aliados. El respaldo popular de la derecha no es mucho, en un país con un potencial electoral 11,8 millones de votantes Piñera sólo obtuvo 3,6 millones, 144.000 votos menos que Bachelet en 2006.

En el Parlamento la Alianza está en una minoría de dos votos en el Senado y con una mayoría de un voto en la Cámara de Diputados. Cualquier reforma económica y política importante requiere de la creación de una nueva mayoría parlamentaria. Por eso, el nuevo Gobierno clama por una política de los acuerdos y actúa cooptando para el Gabinete y el campo internacional a dos prominentes líderes de la Concertación como los son Jaime Ravinet y José Miguel Insulza, uno DC y el otro PS, así se da la imagen de buscar un “gobierno de unidad nacional”, los cuales sólo son convocados para afrontar grandes crisis.

No obstante, el ímpetu gerencial del Presidente electo no busca los acuerdos políticos sino que los fichajes personales emergentes. Tal procedimiento en el Parlamento, los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones sociales puede ser exitoso dada la “discolopatía” generalizada que viene padeciendo el conjunto de los partidos de la Concertación – caso Flores y Schaulson en el PPD, casos Zaldivar y otros en la DC, casos Navarro, Enriquez-Ominami y Arrate en el PS, bien podemos decir que el “desgranamiento del choclo” en la Concertación comenzó mucho antes de su derrota-, el camino de la “cohabitación” para lograr la gobernabilidad no será con cama grande sino que chiquita, pero con un par de votos más en la Cámara de Diputados y en el Senado se puede gobernar tranquilos.

Además, todos los asuntos públicos se volverán lo suficientemente complejos sino graves para que dejen de ser asuntos del Gobierno y pasen a ser asuntos de Estado, como la delincuencia, para lo cual se necesitan 10.000 carabineros más y “ponerle candado a la puerta giratoria”, así se impondrá una necesaria “gobernanza”.

El historial económico y político de la derecha como heredera de las oligarquías tradicionales desplazadas del poder por la propuesta mesocrática de Arturo Alessandri en 1925 no es muy bueno, desde ahí solo ha tenido el poder con Jorge Alessandri (1958-1964) y la dictadura de Pinochet (1973-1990). En el primer caso el Gabinete técnico encabezado por el triministro (Hacienda, Economía y Minería) Roberto Vergara, muy rememorado en estos días, fracasó estrepitosamente en su política de “liberalización económica” con la corrida del dólar en septiembre de 1962 que fue de un 50% de un día para el otro.

La dictadura de Pinochet sostuvo su política económica privatizadora y de apertura al mercado internacional, con costos sociales que elevaron el desempleo del 4,0% al 25%, la pobreza del 22% al 44% y la extrema pobreza del 9,0% al 18%, el control político se logró gracias a la desregulación de la violencia del Estado, cuyos efectos colaterales fueron los graves atentados contra los derechos humanos, no obstante el modelo económico fracasó estruendosamente en 1982 con la quiebra generalizada del sector financiero y que se expresó con una caída del PIB del 20% entre 1982-1983 –cosa que probablemente no le ha sucedido a ningún país desde que existen las estadísticas económicas-, el salvataje por el Estado del sector financiero costó la tercera parte del PIB.

Además, el contexto internacional en que se instalará la “nueva gerencia” de Chile, señala que la reciente crisis económica global sólo ha sido superada en su aspecto financiero, en estos días la confianza de los inversionistas está gravemente mermada en el sur de Europa, pero el hecho más indicativo en lo internacional es el desempleo que se mantiene un 20% mayor que antes de la crisis. Solo podemos confiar en la demanda por cobre de las locomotoras del mercado internacional que son China e India, pero ¿ellas en quien confían?

La fuerza de la sociedad civil organizada sobre todo de los sindicatos es crucial para negociar una aplicación del modelo gerencial al país que evite un “daño colateral” para la sociedad toda que sea mayor al beneficio económico que se apropiaran los mandantes del Gabinete técnico y “apolítico”, sobre todo para impedir una nueva desregulación de la violencia pública bajo pretexto de luchar contra la delincuencia y el narcotráfico. El conflicto mapuche, el conflicto con los trabajadores subcontratados, el conflicto con los estudiantes han sido toda una escuela de preparación para un “conflicto mayor”.

Otra gran incógnita es la capacidad real del aparato sindical para defender los derechos e intereses de los trabajadores y de la sociedad civil para defender y representar los suyos, sobre todo en los campos de la calidad de la educación, la salud y la previsión social -protección social. La Concertación no ha precisamente empoderado a las organizaciones sociales para representar y defender sus derechos e intereses, más bien ha desarrollado una práctica de cooptación y dependencia institucional y financiera de sus dirigentes que bien puede ser empleada por el nuevo gobierno.

El empodermiento de las organizaciones sociales sólo se ha limitado a capacitar a sus dirigentes pero no a darles competencias a las organizaciones para representar y defender a los suyos. La participación social es sólo informativa o consultiva pero en ningún caso deliberativa, resolutiva para los actores sociales y vinculante para las autoridades. Los dirigentes sociales así adiestrados –preformados- bien se pueden plantear que si Ravinet e Insulza se comportan como estadistas en pro de una política de acuerdos, por una política de Estado ¿por qué uno no? Los partidos políticos de la Concertación, también los de la Alianza según los acontecimientos recientes, no parecen estar capacitados para confrontar y negociar exitosamente con los equipos tecnocráticos del nuevo gobierno y del aparato público en general.

En el campo político el nombramiento en el gabinete ministerial de Joaquín Lavín para Educación, copropietario de la Universidad del Desarrollo e importante miembro del Opus Dei, la de Camila Merino en trabajo, cuya mayor experiencia es la gerencia laboral en el sector privado, y a María Ignacia Benítez en medio ambiente, conocida como asesora ambiental de empresas contaminantes, son un desafío muy fuerte -una provocación se dirá- a las organizaciones sociales que luchan por una educación pública universal y de calidad que le asegure a todos los jóvenes igualdad de oportunidades en la actual “sociedad del conocimiento”, por una regulación laboral que garantice una distribución más equitativa del ingreso y desarrolle un mercado interno real, así como por una protección efectiva y derecho de usufructuo social de los recursos naturales nacionales, incluida allí el agua.

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