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Editorial

Cambio de mando y responsabilidad política

por 10 marzo 2010

Cambio de mando y responsabilidad política
El interés público requiere quedar resguardado tanto en la designación de las nuevas autoridades como en la eficiencia con la cual el sector privado cumple sus compromisos. La responsabilidad social empresarial no se expresa solo en campañas de solidaridad sino, en primer lugar, en el funcionamiento eficiente y transparente de los servicios o actividades que les han sido confiadas.

El ambiente que rodea el cambio de mando presidencial está lejos del soñado por sus protagonistas principales hace solo un par de semanas atrás. De manera ruda y dramática la naturaleza cambió el escenario político con un sismo, cuyas secuelas se extienden no solo al martirio físico y psicológico de la población, sino también a la funcionalidad del Estado, a la calidad de sus instituciones y a la responsabilidad política de sus gobernantes. De celebración, nada.

Es natural que en las condiciones actuales del país exista un espíritu de cooperación y continuidad casi ecuménicas entre el antiguo gobierno y el nuevo. Y que este busque y obtenga un apoyo generalizado de todas las fuerzas políticas para un aterrizaje lo menos traumático posible en el poder, bajo el lema de la unidad nacional.

Tal acento resulta esencial  para recuperar parte de la confianza de la población en la acción del Estado y el papel de la política, gravemente dañadas por descoordinaciones a todo nivel durante el desastre. La enorme tarea de reconstrucción nacional que queda por delante sería mucho más difícil sin ese sentimiento de unidad.

La existencia de acciones culposas por parte de empresarios del sector, las que en todo caso deberán ser determinadas por los tribunales de justicia, no son una simple infracción de una legislación vigente.

Sin embargo, es imprescindible que no obstante este clima de armonía, los nuevos gobernantes entiendan que el país está frente a  un nuevo ciclo político, con claves interpretativas y de acción distintas a las de la etapa anterior. El cambio prometido por todos los candidatos en la elección pasada llegó de manera abrupta y se coló en todos los intersticios del poder con una lista impensada de nuevos problemas.

De ahí que el ejercicio del poder deba ser auténtico y no promiscuo entre vencedores y vencidos, con cumplimiento de lo prometido en la medida de lo posible dadas las circunstancias, y la asunción plena de las responsabilidades políticas de gobierno.

Es evidente que la prioridad la constituye la tarea de ayuda a la población damnificada y la normalización de la vida nacional. Sin embargo, a las nuevas autoridades les corresponderá también resolver desde un primer momento temas fundamentales del funcionamiento del Estado. Principalmente en aquellas áreas donde sus instituciones flaquearon de manera evidente en momentos cruciales, o donde se vislumbran vicios ocultos de funcionamiento que requieren de una fuerte fiscalización y control, como ocurre en el sector de la construcción.

Se precisa una evaluación integral de todo el mecanismo de acción para situaciones de emergencia o catástrofe, y eliminar las notorias deficiencias en la conducción estratégica superior del Estado. Esto último, particularmente en el ámbito superior de la Defensa y la seguridad donde la comunicación, la coordinación y la acción conjunta precisan una reformulación integral.

Para hacerlo posible sería deseable que los jefes máximos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas sometieran su mando a la confianza del nuevo Presidente de la República, especialmente en la Armada, a fin de que este, de manera libre y tal como ocurre en cualquier democracia, los ratifique en su mando o acepte su alejamiento del cargo. Ello porque la tarea que se requiere corresponde al mando superior civil y no a la autocorrección profesional de las propias instituciones.

Si bien ello no existe como procedimiento en la legislación actual, parece un paso  previo indispensable para sustentar, con alto grado de respaldo político, las medidas correctivas de planificación y trabajo conjunto que es menester impulsar en todas las fuerzas. Más aún, ello permitiría equilibrar de manera justa las responsabilidades institucionales y de mando que el desastre puso en evidencia y que no son solamente de la Armada.

Por otra parte, el nuevo gobierno tendrá que impulsar una acción decisiva para restablecer la confianza en los mercados, la que en muchos aspectos se ha visto seriamente lesionada.

En un sistema político como el chileno, caracterizado como de cooperación activa entre lo público y lo privado, el interés público requiere quedar resguardado tanto en la designación de las nuevas autoridades como en la eficiencia con la cual el sector privado cumple sus compromisos. La responsabilidad social empresarial no  se expresa solo en campañas de solidaridad sino, en primer lugar, en el funcionamiento eficiente y transparente de los servicios o actividades que les han sido confiadas.

La designación a cargos públicos importantes como el de intendente, recaída en personas que fueron  hasta  hace poco ejecutivos o son socios de empresas cuya responsabilidad civil está comprometida por daños causados a terceros a raíz del terremoto, constituyen una alerta temprana para la ciudadanía sobre el hecho que aquí hay un test de responsabilidad y transparencia para el gobierno en los próximos meses.

Durante veinte años o más la industria de la construcción ha sido un eje de las políticas de crecimiento o reactivación económica en Chile. Ha recibido un tratamiento impositivo y tributario de excepción y ha gozado de beneficios que otros sectores productivos no tienen. Y lo más probable es que la labor de reconstrucción convoque nuevamente políticas especiales para el sector.

Por ello la existencia de acciones culposas por parte de empresarios del sector, las que en todo caso deberán ser determinadas por los tribunales de justicia, no son una simple infracción de una legislación vigente. En realidad constituyen un atentado a la fe pública, a la transparencia de los mercados,  a las políticas económicas del Estado de Chile y, por sobre todo, son un acto expropiatorio del derecho de propiedad para miles de ciudadanos.  Y eso las autoridades lo deben perseguir y sancionar.

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