“Se ha sentado un mal y peligrosísimo precedente político hemisférico: resulta que ahora nos quieren presentar un golpe de Estado como la vía apta para organizar los procesos electorales”.
El arresto y posterior deportación del Presidente Zelaya a Costa Rica a fines de junio del 2009, no sólo puso de manifiesto las debilidades que aún padecen muchas de las democracias latinoamericanas, sino que develó la fragilidad de los sistemas de seguridad en el hemisferio y sus instrumentos frente a conflictos y dilemas de esencia doméstica compleja, en especial la Carta Democrática Interamericana, a la vez de demostrar la diversidad de intereses que guían y limitan los esfuerzos de seguridad cooperativa y colectiva en la región.
Aspectos internos
Desde la elección de Dionisio de Herrera (autor del acta de independencia centroamericana) como primer jefe de Estado electo de Honduras en 1824, este país ha padecido de una gran fragilidad societal e institucional que ha impedido la evolución y consolidación de un sistema democrático. Entre las invasiones de Estados Unidos (1907-1931) y el pacto militar firmado en 1954 que lo transformó en base de operaciones cuestionables (de ahí salen, entre otros, esfuerzos el golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala, Bahía Cochinos en Cuba o ayuda a los Contras en Nicaragua); de los diversos golpes militares o intentos; de la existencia de una pequeña pero dominante oligarquía que ha privilegiado beneficios familiares por encima de los nacionales y que se ha reflejado en la lucha bipartidista entre conservadores (hoy partido nacional) y liberales; de la enorme influencia de compañías extranjeras de esencia mercantil (léase las bananeras como la United Fruit Company, Standard Fruit Company y Cuyamel Fruit Company en su momento, y hoy las más de 300 maquiladores); de una gran pobreza (se acerca al 70%) y una enorme desigualdad (el decil más rico se apropia del 45% del PIB mientras el más pobre sólo llega al 4%) que ha facilitado la delincuencia y la corrupción, los gobiernos electos poco han podido y/o querido hacer por la governanza democrática de Honduras.
[cita]“Se ha sentado un mal y peligrosísimo precedente político hemisférico: resulta que ahora nos quieren presentar un golpe de Estado como la vía apta para organizar los procesos electorales”.[/cita]
Esta fragilidad histórica se reforzó con dos debilidades estratégicas del gobierno del ex Presidente Zelaya y que terminaron complicando sus márgenes de acción para realizar las transformaciones que contemplaba su programa de gobierno. La primera, fue la falta de un apoyo electoral mayoritario al obtener un 45% de los votos pero sólo a tres puntos del nacionalista Porfirio Lobo Sosa. La segunda se relaciona a la conflictividad que acompaña al Partido Liberal de Honduras (PLH), la colectividad de Zelaya. Este es un partido asociado a ideas de centroderecha pero con facciones ligadas íntimamente a los poderes fácticos, lo que lo ha envuelto históricamente en fuertes pugnas internas. No fue extraño, entonces, que su propio partido haya llamado a boicotear la consulta y que, negando el sentido golpista, haya apoyado el nombramiento de Roberto Micheletti (un correligionario del depuesto mandatario).
Los factores explícitos de la polémica, más allá de que el tema de fondo haya sido la posibilidad de una transformación sistémica (es decir de las relaciones de poder), fueron dos. El primero se relaciona al temor de la oposición y del propio PLH a la perpetuación en el poder del Presidente Zelaya luego que propusiera la consulta no vinculante que permitiera reformar la Constitución y buscar la reelección presidencial. El mandatario alegó que pretendía una «democracia participativa» y «no sólo representativa». Sin embargo, desde su partido el jefe de la Comisión de Campaña del Consejo Central Ejecutivo, Marlon Lara, acusó “un anhelo de continuismo» a partir de una consulta “amañada”. En general, tanto en la derecha hondureña como regional ven en este tipo de propuestas la estrategia considerada no democrática del Presidente Chávez.
No menor pecado ya había resultado para la derecha de este país centroamericano, en segundo lugar, el anuncio hecho el 2008 de ingreso a la Alianza Bolivariana (ALBA) sin un respaldo mayoritario. Esta cercanía con el Presidente Chávez y con la Nicaragua del Presidente Ortega, sirvieron de contexto para anclar comunicacionalmente el paradigma chavista como objetivo central tras de la propuesta de consulta del Presidente Zelaya, por cierto sin ponderar los “beneficios” del ingreso al ALBA (entre otros petróleo subsidiado).
La oligarquía claramente se sintió traicionada cuando uno de los suyos fue “virando” hacia la izquierda y los poderes fácticos hondureños (incluyendo la Iglesia Católica) decidieron demostrar que son el poder real, los que hacen la ley y si es necesario están por encima de ella, más allá de los cuestionamientos políticos y legales que se le pudiesen haber hecho al Presidente Zelaya. Así, no sólo se promulgó una ley “express” a pocos días de la consulta (el 24 de junio), que impedía la realización de referendos y plebiscitos 180 días antes y después de las elecciones generales (noviembre), sino que usó esta ley para crear un conflicto entre el Ejecutivo con los otros poderes del Estado. En un proceso de profecía autocumplida, el Parlamento, basándose en un informe de una comisión legislativa que estableció que se violó la legalidad y en una falsa carta de renuncia, entonces, aprobó la destitución del Presidente Zelaya y nombró a Roberto Micheletti «por el tiempo que falte» del mandato (27 de enero de 2010), mientras el Presidente Zelaya era secuestrado por fuerzas militares y puesto en la frontera con Costa Rica sin procedimientos legales (acusación formal, derecho a defensa, etc) propios de los estados de derecho.
Durante la Guerra Fría, era clásico que los militares derrocaran a los presidentes, detentaran el poder e impusieran las normas de convivencia. El golpe en Honduras, sin embargo, fue distinto: es un golpe apoyado en una supuesta legalidad a partir de la pugna entre los poderes del Estado, donde los militares terminaron aceptando los argumentos de los otros dos poderes sobre la inconstitucionalidad del referéndum. Sin embargo, el problema se expresó en que se expulsa al Presidente por no acatar las leyes mediante la comisión de delitos. Aclaratorio de esto resulta lo expresado por el principal asesor jurídico del ejército, quien señaló que: “cometimos un delito al sacar a Zelaya, pero había que hacerlo”. El Código Penal hondureño señala en su artículo 323 que “quien ofendiera al Presidente de la República en su integridad corporal o su libertad será penado con ocho a doce años de reclusión”. Por lo mismo, y más allá de que sea una “charada” o sirvan de chivos expiatorios, los mando militares acusados de expatriar al Presidente Zelaya están siendo juzgados, aunque ya el recién asumido mandatario, Porfirio Lobo, ha abogado por una amnistía general y el Congreso defendió a Roberto Micheletti (uno de los suyos) otorgándole inmunidad al designarlo en un cargo que no existe, diputado vitalicio (esta idea fue planteada por el empresario Adolfo Facussé acusado de ser uno de los promotores del golpe).
Reacciones y limitaciones.
El Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, certeramente dijo que no sólo estaba en juego el destino de un Presidente y una nación, lo que sería suficiente motivo para luchar por su restitución, sino que estaba entredicho la legitimidad misma de la Comunidad Interamericana y el presente y el futuro de la gobernabilidad hemisférica.
En este entendido, en una actitud de coherencia dicen unos y maximalistas otros, inicialmente se planteó con fuerza que cualquier solución al margen de la restitución del Presidente Zelaya sería sellar el fracaso de la Comunidad Interamericana y de la Carta Democrática de la OEA, instrumento que todos sus miembros por unanimidad se comprometieron a respetar (2001) incluido Estados Unidos. En este marco de enérgica condena y de no reconocimiento, se inscribieron las declaraciones de los países del hemisferio, de instituciones continentales como la OEA y de organismos subregionales como el Grupo de Río, UNASUR, MERCOSUR, la Comunidad Andina y de variados actores mundiales (la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que pidió la “inmediata e incondicional” restitución de Zelaya como Presidente “legítimo y constitucional” de Honduras).
Para revertir el golpe se convocó la Carta Democrática, un instrumento jurídico y de acción colectiva en defensa de la democracia más desarrollado que la Resolución 1080 de la OEA. Basándose en ella, los ministros de Relaciones Exteriores decidieron suspender al gobierno de facto de Micheletti del organismo, una porción no menor de países retiró embajadores, se congelaron prestamos multilaterales (la UE suspendió unos US$ 97 millones, el Banco Mundial detuvo US$ 270 millones y el BID retuvo unos US$ 50 millones de dólares) y se impusieron otras sanciones.
Para muchos la Carta Democrática cumplió su propósito al servir de referente común a los Estados americanos para demandar colectivamente la reposición del Presidente Zelaya y el restablecimiento de la normalidad democrática. Sin embargo, para otros la crisis hondureña puso de manifiesto los límites de la acción colectiva al tener que enfrentar situaciones de crisis política complejas como la que se presentó. En este sentido, caben destacar al menos seis puntos que impidieron y/o al menos limitaron el éxito de la acción colectiva.
El primero se relaciona al hecho de que si bien la Carta Democrática establece que la Asamblea General de la OEA puede adoptar “las decisiones que estime apropiadas” en caso de no conseguir el reestablecimiento del orden democrático, entre dichas decisiones no está incluida el uso de la fuerza, facultad que sólo está reservada al Consejo de Seguridad de la ONU. Las presiones, por tanto, se limitaron en este caso a los ámbitos diplomáticos, de opinión pública y de sanciones económicas (aunque estás últimas se mediatizaron por el negativo efecto humanitario que tendrían).
La segunda, se ancla en el dato de un contexto de disputa política interna relativamente equilibrada y no de vacío político. Aquí destacó la fuerte resistencia interna de los actores opuestos al Presidente Zelaya ante la presión regional e internacional, situación que limitó las acciones ante la posibilidad de una escalada del conflicto con impacto desequilibrador en otros países de la subregión. Incluso más, los propios actores anti Presidente Zelaya tuvieron “la prudencia” de no generar hechos que implicaran una convocatoria al “capítulo séptimo” de la ONU (el asedio a la embajada de Brasil que asilaba al mandatario, por ejemplo, no traspaso del mero acoso).
La tercera razón por la cual la simple aplicación de la Carta Democrática no se tradujo de manera automática en el cumplimiento de los objetivos deseados, se inscribe en las posturas maximalistas de las partes (el no retorno del Presidente Zelaya versus su restitución total) y que impidieron cualquier diálogo con costos de credibilidad y legitimidad para el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y en menor medida para el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias.
Un cuarto aspecto se relaciona a las posturas disonantes de países como Estados Unidos. Así, ante el golpe de Estado, por razones de principio y sintonizando con el hemisferio, el gobierno del Presidente Obama condenó el hecho, le quitó la visa a funcionarios del gobierno de facto y suspendió la ayuda militar y otros programas de asistencia. Sin embargo, a la vez invocó el principio de la “no intervención” poniéndose a tono con una vieja aspiración regional, pero que limitó de partida acciones colectivas mayores a la vez de relativizar las consecuencias de no acceder a las presiones. No menor resulto también, el poder de la diplomacia militar norteamericana (por cierto con aval del neoconservadurismo republicano) y cuyas buenas predisposiciones hacia el gobierno de facto de Micheletti limitaron la acción oficial (varios acusan que sin este apoyo el golpe contra Zelaya hubiese sido infructuoso). Por último, junto a la necesidad de contención de la crisis, esta dualidad se graficó en un chantaje específico del conservadurismo que forzó al gobierno de del Presidente Obama a reconocer la victoria del candidato conservador, Porfirio Lobo, en una elección carente de los mínimos estándares democráticos (alta abstención, medios opositores amordazados, fuerte presencia represiva, etc) como parte del pliego para dar el pase al nombramiento del Secretario de Estado adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela (fue éste quien elogió a los comicios y los calificó de justos y transparentes). MERCOSUR, en cambio, desconoció las elecciones alegando que se dieron en “un ambiente de inconstitucionalidad, ilegitimidad e ilegalidad».
Un quinto punto se relaciona a los márgenes que tenían las dos potencias regionales emergentes (México y Brasil). En el caso de México, si bien este país sintonizó proactivamente desde un inicio con la postura de condena regional (parte de la tradicional política exterior progresista instalada por el PRI en su momento) y claramente relacionó la crisis como una posibilidad de reinsertarse y asentar un rol como estabilizador de la zona, su accionar estuvo mediatizada por una baja presencia en el escenario regional a partir de factores tan diversos como los conflictos internos y/o la dependencia de EE.UU. y por el deseo de mantener la estabilidad en Honduras y que la crisis no se extendiera más allá de las fronteras. Por estas razones, a parte de las cortesías ofrecidas al Presidente Zelaya y de sintonizar con las condenas, el gobierno mexicano sólo buscó tener un papel relevante en la solución de la crisis a partir de la promoción de un diálogo (a pesar de la baja disposición que existió para su real concreción) como los expresó la Canciller Patricia Espinosa. Incluso más, y alejándose de la postura brasileña, la ministra catalogó la elección de Lobo como “condición necesaria, pero no suficiente”.
En el caso de Brasil, y más allá de las convicciones democráticas que profesa, la crisis de Honduras se situó en el doble carril de su política exterior: su aspiración global y su anclaje regional, dualidad que ha sufrido variadas críticas durante los gobiernos del Presidente Lula. Honduras, en este sentido, se presentó como una gran oportunidad de síntesis de ambos carriles, al asumir el amplio consenso latinoamericano por una parte y por la otra poder representar ante el mundo un liderazgo resolutivo en una crisis de alta exposición (es decir capaz de resolver crisis en su propio entorno). Sin embargo, esta ecuación se encontró con la evidencia que el propio Brasil había visualizado al determinar que UNASUR (su espacio de integración) terminaba en el estrecho de Panamá, es decir reconocer una cierta hegemonía de EE.UU. sobre esta zona. Este hecho y, en específico, la postura más complaciente (y complicada) de EE.UU. redundaron negativamente en el objetivo brasileño. Esto último, se reflejó con claridad en las dos posturas que se dieron frente a la elección de Lobo: EE.UU., Canadá, Colombia, Panamá y Costa Rica apoyaron abiertamente el reconocimiento, mientras Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Venezuela y Uruguay, entre otros, lo rechazaron.
Un sexto elemento se relacionó al inmovilismo de la izquierda latinoamericana. Más allá de que los países progresistas de UNASUR y del ALBA se cuadraron con acciones diplomáticas y declaraciones, en lo esencial la gran mayoría se puso detrás de Brasil. En el caso de los países del ALBA y más allá de una retórica venezolana despotenciada por las interpelaciones internas y del muy limitado pero entendible apoyo nicaragüense, países como El Salvador y Guatemala se mantuvieron casi ausente de la crisis, y en el gobierno cubano prácticamente desaparecieron las referencias a la situación de Honduras a partir de la jerarquización de un cierto pragmatismo relacionado a “intereses superiores”.
Conclusiones
El caso de Honduras debe situarse en el esfuerzo por recuperar y consolidar la democracia en América Latina. En este entendido, si bien el Derecho Internacional Interamericano (Carta Interamericana), junto al proceso de democratización regional y mundial, ha evolucionando positivamente en términos de conceptos y mecanismo para defender los procesos democráticos, estos se ha demostrado como insuficiente para dar respuestas a situaciones complejas como la vivida en Honduras, donde hay apoyos divididos (incluyendo los del Estado). En lo particular, muestra debilidades frente a reacciones preventivas y oportunas (el golpe no fue una sorpresa), así como en respuestas globales e incrementales que incluyan a otros actores gubernamentales y de la civilidad. También se trasluce que la seguridad democrática hemisférica, más allá de los principios compartidos que la guían, está mediatizada por intereses y dinámicas propias (a veces contradicciones internas), sobretodo de la potencia hegemónica y de las potencias emergentes. Muchos piensan, por ejemplo, que el apoyo de países del ALBA al Presidente Zelaya se dirigía más a una oportunidad de confortar a Estados Unidos que al hecho de aunar esfuerzos para restaurar al Presidente depuesto. Lo claro es que la dualidad (y en una visión más compleja de heterogeneidad) de posturas e intereses debilitó una acción colectiva más integral y permitió al gobierno de facto de Micheletti desafiar a la comunidad regional y mundial.
Dadas las áreas de influencias y las ecuaciones de poder en el hemisferio, lo lógico hubiese sido un mayor liderazgo de Washington para resolver la crisis. Sin embargo, y pese a su ostensible compromiso con el multilateralismo y la causa democrática, los márgenes de maniobra del Presidente Obama mostraron sus limitaciones y, en este caso, lo hicieron optar por una salida intermedia: reconocer las elecciones de Lobo como un paso más hacia una reconciliación, exigiendo un gobierno de unidad nacional, un “reconocimiento” simbólico del Presidente Zelaya y una comisión de la verdad. Es decir, optó por trabajar en la consolidación de la democracia de aquí para adelante poniendo en el congelador las perniciosas variables que condujeron al proceso electoral del Presidente Lobo.
Si bien un ambiente de radicalización y propuestas maximalistas no es propicio para el diálogo, la negociación y la reconciliación, tampoco lo es llegar a la mesa con un escenario ya “cocinado” (un nuevo mandatario electo). Aquí se inscribe las declaraciones del Canciller Celso Amorim de que su país no va a “reconocer un proceso que no fue legítimo”. Esto, si bien ha dificultado seguir fielmente el proceso de reconciliación nacional basado en el Acuerdo Tegucigalpa-San José, no ha impedido establecer un escenario que empieza a afianzarse, caracterizado por la normalización que implica el reconocimiento de Lobo. El acuerdo del Presidente Fernández y el electo Presidente Lobo, con el supuesto aval del Presidente Zelaya, en cuanto a la salida de este último del país y la construcción de un gobierno de reconciliación, no sólo limpiaron el camino para que este fuerte critico del golpe asistiese a la transmisión del mando, sino que afianzó la imagen de procesos de normalización del escenario político hondureño.
El Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, expresó con malestar y precisión el epílogo de la situación hondureña: “Se ha sentado un mal y peligrosísimo precedente político hemisférico: resulta que ahora nos quieren presentar un golpe de Estado como la vía apta para organizar los procesos electorales”. Sin embargo, junto con el cuestionamiento del epílogo de la situación hondureña y de los efectos simbólicos que deja, también se develan los problemas y debilidades de la seguridad colectiva hemisférica (en especial la OEA y su Carta Democrática) y regional frente a objetivos colectivos como la consolidación y profundización de democracia.
Mladen Yopo es cientista político y periodista, Subdirector de la ANEPE.
