La experiencia del presidente Lagos debiera interesar a Piñera porque su estilo de gobierno provocó problemas. Mostró que un presidente extraordinariamente capaz y estudioso no podía abarcar todos los temas que se propuso porque, por ejemplo, desconocía las capacidades de los ministerios para implementar sus decisiones y los ministros y altos funcionarios –con excepción de los sectorialistas de la Dirección de Presupuesto- seguían al pie de la letra sus lineamientos. El Transantiago fue un ejemplo de ello.
Es prematuro evaluar el desempeño del gobierno de Sebastián Piñera. Lleva muy poco tiempo en La Moneda y todavía deber tomar decisiones que darán sentido a su administración y definirán sus resultados.
Su tarea no es fácil. Ganó las elecciones más bien por el agotamiento de la ciudadanía con la Concertación -que obtuvo apenas un 29% en la primera vuelta- que por la adhesión a sus propuestas, lo cual le obliga a ampliar su base de apoyo con políticas ajenas a los partidos de derecha. Hizo grandes promesas en su campaña, creando enormes expectativas. Tiene minoría en el Senado, por lo cual deberá entenderse con la oposición. Y el terremoto del 27 de febrero le obligó a cambiar sus prioridades políticas, aunque no le exime de tomar importantes decisiones, pues su gobierno no se agota con las tareas de reconstrucción.
Sin embargo, el terremoto creó un escenario político favorable a su liderazgo por la disposición nacional de ayudar a superar esta tragedia. Además, durante un largo tiempo tendrá una débil oposición, que todavía no enfrenta las causas de su humillante derrota.
Las decisiones son complejas de adoptar porque su sector carece de experiencia de gobierno en democracia. Llega a La Moneda después de 52 años, desde que en 1958 fue elegido presidente Jorge Alessandri (1958-1964), un empresario independiente que fue apoyado por liberales y conservadores y obtuvo el 31,6% de los votos.
Pasar de la oposición al gobierno después de dos décadas es un cambio mayor para los dirigentes y personalidades de la derecha. Algunos de ellos no han asumido las consecuencias de estos y se impacientan, critican hechos puntuales o eluden sus responsabilidades. La intendenta de la VIII región, Jacqueline van Rysselberghe (UDI), ex alcaldesa de Concepción, pareciera seguir en la oposición, porque critica a “Un techo para Chile” por la “falta de mediaguas”, sin asumir su responsabilidad en el retraso de las soluciones.
[cita]Piñera deberá integrar a los partidos al poder ejecutivo y cuidarlos, especialmente porque están debilitados, con una baja militancia, especialmente RN, y con una limitada capacidad de renovación de dirigentes.[/cita]
Las definiciones del nuevo gobierno parten de las identidades de la derecha (o “centro derecha”, como le gusta denominarse al sector), definidas en el desempeño de la UDI y RN en su historia de casi tres décadas, en un país en que los chilenos tienen presente los conflictos del pasado. En democracia, sus parlamentarios se opusieron a proyectos de leyes impulsados por los gobiernos de la Concertación que buscaban fortalecer los derechos de los consumidores, reformas laborales que mejoraban los derechos políticos y económicos de los trabajadores, iniciativas para hacer más eficaz la justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar, etc. En sus centros de estudio plantearon más flexibilidad laboral, disminuir los impuestos y privatizar empresas públicas para dinamizar la economía. Estar en el gobierno le obligará revisar o abandonar estas propuestas.
El gobierno también se define por la persona del Presidente, un exitoso empresario. El perfil empresarial fue reafirmado por la biografía de sus ministros, la mayoría de los cuales trabajó en el sector privado, siendo accionistas, altos ejecutivos, o teniendo ambas funciones. Esto no llamaría la atención en los EE.UU., que tiene normas claras y efectivas para separar los intereses públicos y privados, un Senado muy poderoso que controla al gobierno y medios de comunicación independientes que investigan los conflictos de interés, condiciones que en Chile no se dan.
Esto plantea varios problemas. En primer lugar, un gobierno es muy distinto a una empresa, pues se trata de actuar en política, que consiste en persuadir y actuar a través de los instrumentos del Estado. Los ciudadanos, además, controlan a los gobernantes, premiando o castigando sus actos. En la empresa, las relaciones de autoridad y poder son verticales y sus ejecutivos se mueven en un circuito decisorio bastante cerrado, fuera del escrutinio de la oposición y de la opinión pública.
En segundo lugar, plantea un problema a los empresarios y sus organizaciones empresariales, pues se verá como un gobierno “de los empresarios”, perjudicando la necesaria autonomía respecto del Poder Ejecutivo que han alcanzado después de una difícil relación, cuando tenían dirigentes identificados con el régimen militar –varios visitaron al general Pinochet en Londres mientras estuvo detenido en 1998-2000 por orden de la justicia española- y estaban traumados por los conflictos del gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende.
Los empresarios tienen una mala imagen entre los chilenos por múltiples razones, especialmente históricas. Muchos de ellos, además, han tenido pésimas relaciones con sus trabajadores, con sueldos de hambre, empleo precario y prácticas antisindicales. Recordemos los centenares de RUT de una empresa del retail para perjudicar a sus trabajadores. Cuanto costó cambiar la ley para impedir este abuso.
Esta imagen negativa no se cambia con medidas comunicacionales, especialmente en el contexto del terremoto, en que la ayuda no puede apuntar a lograr intereses corporativos, sino que debe servir intereses nacionales.
Romper la desconfianza hacia los empresarios requiere no sólo la participación de éstos, como afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en su discurso en Icare hace unos días, aludiendo a la participación de grandes empresarios en la Teletón o acciones de apoyo a las zonas devastadas por el terremoto. También requiere la decidida intervención del gobierno a través del Ministerio del Trabajo para exigir el cumplimiento de las leyes laborales y de normas legales impulsadas por el Ejecutivo para restablecer el necesario equilibrio de poder y participación que debe existir en la empresa y en la economía, con empresarios y trabajadores en un pie de igualdad, como lo plantea la economía social de mercado de Adenauer y Erhard. Un gobierno de empresarios pone más de manifiesto estos desequilibrios de poder contra los trabajadores.
El fortalecimiento de sus derechos incluye, entre otras medidas, fortalecer la sindicalización y la negociación colectiva, debilitada -triste paradoja-, durante los gobiernos de la Concertación. La experiencia de EE.UU., país preferido por gran parte de la élite de gobierno, muestra que las desigualdades económicas aumentaron por el debilitamiento de los sindicatos ocurrida durante gobiernos republicanos. Esto dará sentido a un “gobierno de unidad nacional”.
Los gobiernos de la Concertación se esforzaron por romper la desconfianza de los empresarios, dándoles facilidades que un gobierno de derecha no necesita hacer. Y ello significó costos para los trabajadores que ahora el gobierno de Sebastián Piñera debiera empezar a corregir.
Un gobierno con un fuerte componente empresarial plantea los conflictos de interés, que tiene varias aristas. Tiene no sólo un carácter personal, reducido a la situación del Presidente como han enfatizado personalidades de la Concertación y algunos de sus partidarios; es más amplio, porque afecta a decenas de altos funcionarios de gobierno que tuvieron una prolongada experiencia como altos ejecutivos en el sector privado, con redes de interés y confianza desarrollados durante años.
En esa larga experiencia profesional no han tenido desempeños neutrales ante los intereses públicos que ahora deben cautelar, sino que han tenido que privilegiar la defensa de los intereses privados específicos que representaban, lo que creará problemas sobre las reales opciones de política pública que defienda los intereses generales. Los ejemplos son múltiples: la plana mayor del poderoso ministerio de Obras Públicas está constituida por profesionales que ocuparon puestos directivos en las empresas concesionarias que deben ser controladas por ellos mismos.
De ahí que la solución de este problema no se resuelve con la venta de las acciones del presidente y de sus ministros, sino que exigirá decisiones políticas en la mayoría de los ministerios, incluso en la subsecretaría de Deportes (ex ChileDeportes), cuyo subsecretario es uno de los principales dueños del club deportivo Colo-Colo, al igual que el presidente Piñera. La venta es necesaria, pero es apenas un primer paso.
El gobierno tiene otro rasgo: los ministros y subsecretarios pertenecen al estrato social más alto del país. Provienen de colegios particulares pagados, estudiaron en la Universidad Católica, pertenecen a “buenas familias” y muchos son amigos. Héctor Soto lo resumió en una palabra: predomina la “pituquería”. (“Piñera y sus elegidos”, La Tercera, 10.2.2010).
Será un gabinete de antología en los gobiernos de derecha por su composición social. Este perfil contrasta con la composición social de los gabinetes conservadores en Europa, por ejemplo, Gran Bretaña o España, que es heterogénea. También contrasta con el perfil social de los parlamentarios de la UDI y RN, que tiene un pluralismo que falta en el Ejecutivo. Ello no es anecdótico, porque tienen una experiencia de vida parcial, viendo al país desde ciertos ojos y privilegiando ciertos intereses.
No hay que remontarse a Marx o Weber para recordar la importancia política de la clase social, sino recordar a Margaret Thatcher, ex primera ministra conservadora de Gran Bretaña, quien le habría comentado a uno de sus ministros: “Sabe Tony, estoy muy orgullosa de no pertenecer a su clase”. “¿Qué clase?” le preguntó sorprendido su interlocutor: “la clave media alta –respondió la “dama de hierro- que ve los puntos de vistas de todo el mundo, pero no tiene uno propio”.
Una decisión política que debe tomar Piñera se refiere a la organización de la Presidencia y a cómo definirá las funciones de jefe de Estado y de gobierno. Es decir, cómo empleará los enormes recursos de autoridad y poder que le proporciona el sistema político, que lo convierten en el principal actor político y, por ello, provoca una centralidad decisoria en la Presidencia.
Dispone de poderosas facultades que le entrega el sistema político, en que destaca la dirección del Poder Ejecutivo y ser colegislador porque define buena parte de la labor del Congreso. También dispone de grandes poderes informales, especialmente a través de los medios de comunicación que le permiten fijar la agenda política del país. La pregunta es cuánta centralidad decisoria ejercerá él directamente y cuánta será ejercida por sus ministros o colaboradores del “segundo piso”. No es fácil ser simultáneamente jefe de Estado y ejercer directamente la dirección del gobierno.
Sin embargo, el Presidente tiene grandes limitaciones. Puede tomar todas las decisiones que desee, pero la implementación de las políticas corresponde a sus ministros. Estos, a su vez, tampoco actúan solos, sino que a través de la administración pública y de acuerdo al sistema legal, respetando los procedimientos y con la Contraloría que vigila sus decisiones. Para las grandes políticas, el Presidente necesita de leyes aprobadas por el Congreso.
Cada Presidente desconoce los alcances del poder presidencial, de los cuales comienza a interiorizarse al estar en La Moneda, familiarizándose con sus múltiples dimensiones, muchas de las cuales tienen sutiles expresiones, con un proceso de aprendizaje de prueba y error que toma tiempo. Richard Neustadt, el gran estudioso de la presidencia de EE.UU., afirmó que un presidente demoraba dos años para conocer los recursos de poder y esa experiencia era frustrante. El presidente Harry Truman (1945-1952), demócrata, lo reconocía al terminar su mandato, diciendo: “Se sentará aquí’, decía Truman (golpeando su escritorio), ‘y Ike (el nuevo presidente, el general Eisenhower) dirá: ¡hagan esto!, ¡hagan aquello! Y no pasará nada. Pobre Ike; esto no se parecerá ni un poquitito al Ejército. Lo encontrará muy frustrante”.
Piñera sabe que, desde 1990, los presidentes definieron de diferente manera la centralidad decisoria y puede sacar lecciones. Aylwin y Frei dieron una amplia autonomía a sus ministros, con una baja centralidad decisoria, complementada con el hecho que la dirección del gobierno en temas de la agenda de corto plazo fue delegada en un ministro, Edgardo Boeninger y Carlos Figueroa respectivamente, ministro de la Presidencia e Interior respectivamente. Lagos, por el contrario, dio una menor autonomía a sus ministros, ejerciendo una alta centralidad decisoria y la dirección del gobierno, con un equipo de profesionales que trabajó directamente con él (un “segundo piso”) que fue una Secretaría de la Presidencia paralela.
Este equipo le ayudó en el diseño e implementación de importantes políticas e impulsar iniciativas de menor visibilidad, como atender las relaciones con los militares, tema importante para un Presidente de izquierda por los traumas del pasado. Cuidó las relaciones con sus ministros, para que no se sintieran perjudicados por este estilo de gobierno. Bachelet dio menos autonomía a sus ministros que Lagos, pero con otro estilo, sin un equipo de asesores en temas sustantivos y privilegiando las comunicaciones, tuvo una relación descuidada con sus ministros, a quienes criticó públicamente y la dirección del gobierno en temas de corto plazo recayó, en la práctica, en el ministro de Hacienda, Andrés Velasco.
La experiencia del presidente Lagos debiera interesar a Piñera porque su estilo de gobierno provocó problemas. Mostró que un presidente extraordinariamente capaz y estudioso no podía abarcar todos los temas que se propuso porque, por ejemplo, desconocía las capacidades de los ministerios para implementar sus decisiones y los ministros y altos funcionarios –con excepción de los sectorialistas de la Dirección de Presupuesto- seguían al pie de la letra sus lineamientos. El Transantiago fue un ejemplo de ello.
Por su inteligencia, capacidad de trabajo y conocimiento de la economía, la política y los negocios, Piñera tenderá a ejercer una alta centralidad decisoria. Esto ha ocurrido en estas semanas. Por su formación profesional y experiencia, Piñera actuará como jefe del equipo económico, lo que complicará al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el cual fue su alumno en la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Este es un ministerio demasiado importante como para que no sea dirigido desde Teatinos 120. Sin embargo, esto provocará problemas y es inviable a mediano plazo si quiere tener un sólido equipo de ministros. Esto último no será fácil de alcanzar por la falta de experiencia política de sus secretarios de Estado.
Piñera deberá integrar a los partidos al poder ejecutivo y cuidarlos, especialmente porque están debilitados, con una baja militancia, especialmente RN, y con una limitada capacidad de renovación de dirigentes. ¿Cuáles fueron los “políticos con experiencia” excluidos del gabinete? Poner senadores en el gabinete no era alternativa, por el enorme poder del Senado en el sistema político. Piñera no debe repetir el error de Jorge Alessandri, que ignoró a los partidos y de Michelle Bachelet, que también los ignoró y se mantuvo ajena a sus problemas. Los partidos son indispensables y su rol no se sustituye con la personalización de la política en la figura presidencial o en el candidato presidencial.
La presidencia consiste en tomar decisiones, muchas de las cuales son controvertidas e impopulares. El Presidente no puede dejar contento a todo el mundo para alcanzar objetivos nacionales. El Presidente Aylwin dio un claro mensaje a los trabajadores de Chuquicamata cuando los calificó de “privilegiados” en una multitudinaria asamblea en agosto de 1990, cuando le plantearon mejores condiciones económicas; el Presidente Frei debió cerrar las minas de carbón en la VIII región; el presidente Lagos también tomó decisiones impopulares, pero necesarias.Con razón Arturo Alessandri llamó a La Moneda “la casa donde tanto se sufre”.
El Presidente Piñera debe tomar decisiones impopulares que sean señales de la dirección que tomará su administración. Y ellas debieran apuntar hacia imponer mayores exigencias a los grandes empresarios que las que han tenido desde 1990. Y debe hacerlo porque la autoridad le exigió menos desde hace años por razones de Estado y porque debe gobernar con autonomía de ese sector. Piñera tiene como ningún presidente desde 1990 la posibilidad de hacerlo. Ha sido un empresario atípico, actuando con autonomía y hasta agresividad en sus inversiones, siendo criticado por el sector. Recordemos la compra, hace algunos años, de un paquete de acciones de Vapores, controlados por el grupo de Ricardo Claro, que le permitía nombrar un director, lo que movió a este a modificar los estatutos de la empresa para impedirlo. El aumento de los impuestos es un camino en esa dirección.
Mayores exigencias a los grandes empresarios demostraría que un gobierno de derecha puede actuar con autonomía del sector que ha votado en forma abrumadora por Piñera y los parlamentarios de RN y la UDI y se siente representado por decenas de altos funcionarios en el gabinete, subsecretarías, intendencias y servicios públicos autónomos.
Y también debiera tomar iniciativas que fortalezcan los derechos económicos y políticos de los trabajadores, la otra cara de la moneda de restablecer los derechos de los trabajadores en la empresa y en el sistema político.
Son las decisiones políticas las que definirán el gobierno de Piñera y no acciones de comunicación política, con “salidas a terreno” para mostrarlo “cercano a la gente” y resolviendo “los problemas concretos de la gente”, que resaltan su personalidad, pero no dan cuenta del sentido que debiera tener este primer gobierno de derecha después de medio siglo.
