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La reconstrucción y sus dilemas de poder

por 7 abril 2010

La reconstrucción y sus dilemas de poder
No existe el animo de corregir la falta de equidad de nuestro sistema tributario al igual que en la administración precedente. No existen dos almas en la Alianza respecto a este tema, si existe una posición doctrinaria y dogmática en esa coalición para la cual hablar de impuestos es “introducir el concepto de lucha de clases”.

El reciente terremoto no solo derribó viviendas, puentes, y caminos también develó los límites de la organización social y técnica que los chilenos hemos ido construyendo. El más obvio fue la vulnerabilidad de nuestra conectividad, particularmente de las telecomunicaciones, que en situación crítica dejó al poder político y a las Fuerzas Armadas aislados por varias horas.

Hoy se sabe que es posible construir una red exclusiva para los organismos de emergencia del país  y que podría costar hasta US$ 50 millones. No menos importante es darse cuenta de la gran debilidad que tiene la sociedad civil, entendiendo por esta  las asociaciones voluntarias que no son creadas o dirigidas por el Estado, no tienen ánimo de lucro y son tan diversas como las motivaciones humanas. Esta red protege a la sociedad en circunstancias de catástrofe y contrapesa el estado de anomia (ausencia de normas) como la que vivimos en Concepción.

No tenemos a la fecha un plan indicativo de reconstrucción, de responsabilidad pública, donde de manera coherente y simultánea se evalúe el costo de los daños con detalle.

Ahora bien, vamos saliendo de la urgencia y comenzamos a escribir el capítulo de la reconstrucción. No tenemos a la fecha un plan indicativo de reconstrucción, de responsabilidad pública, donde de manera coherente y simultánea se evalúe el costo de los daños con detalle, las metas de lo que se quiere reconstruir con su debido cronograma de gastos, las modalidades de financiamiento anuales que se van a utilizar, el grado de ejecución descentralizada que se desea comprometer y finalmente una institucionalidad que se hará responsable de su ejecución. Me parece que pedir esto a un gobierno que entró en funciones hace menos de un mes es un despropósito. Sabemos que tenemos un presidente hiperactivo, pero no es Mandrake el mago.

Sin embargo, los ciudadanos hemos sido bombardeados en las últimas semanas por los medios con cifras sobre los daños, aparte de la cifra mítica del costo total del terremoto de US$  30 mil millones, que surgió a los pocos días de ocurrido el sismo, así como algunas medidas de construcción de urgencia y una discusión sobre las modalidades de financiamiento. El gobierno tiene todos los elementos para hacer un plan indicativo salvo que demuestre que no es necesario.

Por otra parte, la economía chilena se encuentra en condiciones excepcionalmente positivas para abordar el tema del financiamiento y en particular el fisco. Una vez evaluado los recursos adicionales que necesita el Estado después del terremoto y que al parecer, con la información disponible, giraría en torno a los US$ 4 mil millones, enseguida   hay que abordar el cómo se reparte la carga, definir las modalidades de financiamiento a utilizar y evaluar el costo macroeconómico de cada una de ellas.

Las modalidades son conocidas: reasignación del gasto dentro del presupuesto aprobado para el 2010 (estimado por el gobierno en US$ 700 millones); endeudamiento externo aprovechando el crédito barato debido al bajo riesgo país que tiene Chile; uso del ahorro fiscal depositado en el exterior (actualmente de US$ 11 mil millones); emisión de deuda interna en pesos; mayores impuestos; privatización de activos públicos. Traer recursos externos para la reconstrucción  tiene efectos negativos en el tipo de cambio a menos que el Banco Central coopere y haga operaciones de esterilización (para recoger pesos) emitiendo bonos pero que afectan a futuro su patrimonio. La emisión de deuda interna con bonos de Tesorería también tiene límites pues ello puede hacer subir la tasa de interés. En consecuencia probablemente Hacienda tendrá que combinar  diferentes modalidades de financiamiento, y aquí surge el tema de los impuestos. La verdad es que el gobierno ha planteado por razones pragmáticas  elevar del 17% al 19% la tasa impositiva que grava a las utilidades de las grandes empresas  por dos años.

Sin obviar el hecho de que una futura ley de donaciones para bajar impuestos a las empresas termine perforando esta iniciativa. Por lo tanto no existe el animo de corregir la falta de equidad de nuestro sistema tributario al igual que en la administración precedente. No existen dos almas en la Alianza respecto a este tema, si existe una posición doctrinaria y dogmática en esa coalición para la cual hablar de impuestos es “introducir el concepto de lucha de clases”. (J.Novoa)

Por último, sin duda la reconstrucción es una oportunidad para impulsar un salto al desarrollo, si es que existe una mirada estratégica de país. No está claro que el actual gobierno la tenga. Algunos piensan que compartiendo miradas estratégicas en el escenario de la reconstrucción se podrían formular grandes acuerdos de unidad nacional. La duda es ¿Por qué un gobierno que inicia su mandato, y tiene un programa asentado en el mercado y los negocios, entraría en esta lógica? Si es así ¿para qué continuar con la retórica y no dedicarse a crear una gran oposición como alternativa de poder?

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