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El movimiento indígena ante el nuevo escenario

por 16 abril 2010

El movimiento indígena ante el nuevo escenario
Llama la atención la pasividad del sistema de Naciones Unidas, que tan incisivo fue durante el período anterior. El relator de NN.UU., señor Anaya, debería activar sus preguntas sobre la situación del movimiento indígena, la paralización de las consultas y la compra de tierras.

La desprolijidad general en el proceso de instalación del nuevo Gobierno se repite en el ámbito indígena. El Gobierno parece no haber definido con claridad su política en este como en otros ámbitos, sin embargo se puede deducir que sus prioridades serán apoyar el emprendimiento indígena, “perfeccionar” la política de tierras y “mejorar” los planes de educación. En cada una de estas prioridades se supone que se introducirán cambios pero su contenido específico parece aún no determinado. Se espera para fines de Mayo un documento que explicite la política del nuevo gobierno.

Mientras el director de Conadi Francisco Painepán (una persona vinculada a la dirigencia histórica del mundo mapuche, sin afiliación partidaria pero reconocido indigenista) reafirma las políticas seguidas por administraciones anteriores, altos funcionarios de gobierno insinúan cambios altamente conflictivos, como por ejemplo, terminar con una suerte de discriminación positiva en la asignación de las becas indígenas de educación superior, levantar la prohibición legal para enajenar tierras indígenas y priorizar la vía del subsidio para responder a las demandas de tierras. No es claro tampoco si ello implicaría desconocer el compromiso de adquisición de predios para las 115 comunidades priorizadas durante el período anterior.

Se observa también un aumento de la acción de la Fiscalía en contra del movimiento indígena.

Es un hecho que la Conadi se encuentra colapsada por la incapacidad para procesar el cúmulo de conflictos actualmente existentes. El Gobierno en este plano parece no contar con una red de profesionales y técnicos para hacerse cargo de la gestión de la institución y esto a poco andar puede tornarse en un problema serio. Como nunca antes, a la fecha la ejecución del presupuesto de Conadi no llega al 8 o 10%.

Se observa, sin embargo, una voluntad de reafirmación de la Conadi. Personeros vinculados al gobierno han afirmado que no será prioridad la reforma institucional promovida por el Ministro Viera Gallo. Es muy probable que esta ausencia de voluntad reformadora encuentre eco en los miembros del Consejo de Conadi que vieron amenazado su poder en la última fase del Gobierno anterior, así como en la Asociación de Funcionarios de Conadi.

Es destacable también que se hayan paralizado los procesos en marcha, tanto en lo relativo a adquisición de tierras como en lo referente al desarrollo de la Consulta Indígena sobre la implementación de la Consulta y sobre los programas de enseñanza de las lenguas originarias en las escuelas.

Se observa también un aumento de la acción de la Fiscalía en contra del movimiento indígena. Se busca agravar las condiciones carcelarias de los presos y se detuvo a la hija del Lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul.

En definitiva, como consecuencia del cambio de gobierno y del terremoto, se observa una pérdida de visibilidad del tema indígena en la agenda pública, una desorientación de las organizaciones indígenas, una mayor indefensión de los grupos organizados y una pérdida de interlocución de ellas con el Gobierno. Las demandas y situación del mundo indígena pasarán a un lugar muy subordinado de la agenda pública.

Llama la atención la pasividad del sistema de Naciones Unidas, que tan incisivo fue durante el período anterior. El relator de NN.UU., señor Anaya, debería activar sus preguntas sobre la situación del movimiento indígena, la paralización de las consultas y la compra de tierras.

En tal contexto, la Concertación debería buscar profundizar el diálogo político con las organizaciones indígenas y leer autocríticamente su gestión. Es la única manera de salir de la perplejidad actual.

El 24 de junio, Día Nacional de los Pueblos Originarios es una buena oportunidad para estimular el resurgimiento del movimiento indígena planteando la necesidad de dar cumplimiento al Convenio 169, cumplir los compromisos de tierras y avanzar en la creación de una nueva institucionalidad, más representativa y participativa.

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