No sería malo aprovechar la oportunidad para desarrollar también un sentido de equidad territorial en el país.
Luego del desastre que dejó el terremoto del pasado 27 de febrero, con enorme destrucción de parte importante de la zona central del país, los municipios han quedado en la primera línea de acción para la reconstrucción nacional. No existe otra autoridad más cercana para la gente a la cual recurrir a la hora de encontrar soluciones inmediatas para todo tipo de problemas, desde ayuda en alimentos hasta el techo seguro que todos anhelan.
Sin embargo, esta catástrofe dejó también en evidencia el extremo centralismo del sistema político e institucional de nuestro país, en el cual los municipios son los entes públicos más pobres, y con una imposibilidad estructural para generar recursos propios para enfrentar sus necesidades más inmediatas. Lo que se ve reflejado de manera dramática en situaciones de emergencia como las que vivimos hoy día.
[cita]No sería malo aprovechar la oportunidad para desarrollar también un sentido de equidad territorial en el país.[/cita]
Por lo mismo, es necesario que las autoridades centrales entiendan que la reconstrucción del país es un tema de todos, que en primer lugar requiere se haga con transparencia y equidad a la hora de transferir los recursos o imponer las obligaciones para pagar la reconstrucción. Una mala distribución de los recursos, siempre escasos en situaciones como la actual, se puede transformar además de un hecho discriminatorio para quienes requieren más ayuda, en una humillación para las miles de personas que no tienen otro capital que el Estado y sus instituciones para defender sus intereses. Es en la desgracia donde el poder de la riqueza resulta más ultrajante para los que menos tienen.
Así se lo ha manifestado en días pasados al Vicepresidente de la República Rodrigo Hinzpeter una delegación de la Asociación Chilena de Municipalidades, pues en la distribución de los fondos y recursos que se lleva a cabo ya se advierte la marca negativa del sesgo discriminatorio, independientemente de los daños objetivos experimentados por las localidades, o la calidad de gestión que muestran sus alcaldes.
El gobierno ha hecho la promesa de no recortar fondos de manera discrecional, de mantener los programas tal como habían sido aprobados y de aumentar el monto y la velocidad con que llegan los recursos a las regiones. La lentitud y entrabamiento actuales quiero atribuirlas por ahora a la lentitud en la instalación de un gobierno eficiente y de 24 horas en todo el territorio nacional.
Lo más dañino para la reconstrucción nacional sería instalar hoy día procedimientos de asignación de recursos en los que no estuvieran claras las prioridades y los requerimientos técnicos para distribuir las ayudas. Y en los que, adicionalmente, los municipios tuvieran que disputarse entre ellos los recursos escasos, destruyendo el tejido de solidaridad y colaboración que se requiere para encontrar soluciones estables y duraderas.
En segundo lugar, es requerimiento esencial para el gobierno alinear a los intendentes y gobernadores en una política de transparencia y equidad. Estas autoridades deberían entender que los municipios no son entes ni vasallos ni adversarios de ellas sino representantes de la soberanía popular, elegidos en elecciones democráticas por la ciudadanía, y gozan de una legitimidad que debe ser tenida en cuenta a la hora de responder a sus requerimientos.
Es posible que manifestaciones como las ocurridas estos días en Concepción y Talcahuano puedan repetirse en otros lugares, si no se actúa con rapidez y eficiencia. Ellas son producto de la desesperación de la gente ante su situación. La fuerza no debe ser la respuesta frente a los desesperados sino la prudencia y el diálogo.
Por otro lado, el paquete de medidas para hacer frente a la reconstrucción no debe generar recursos solo para el gobierno central. Nadie puede olvidar que con lo poco que recaudan los municipios deben hacer frente a múltiples requerimientos de la comunidad en materia de ayuda social, laboral, deportiva, de vivienda, de aseo y ornato, de desarrollo productivo y económico, y además, subsidiar los siempre deficitarios programas de salud y educación pública.
Hoy las necesidades se han multiplicado por mil, y muchos de esos recursos, que subsidian actividades que en estricto rigor debieran ser un gasto del Estado central, podrían destinarse a ayudar a quienes han quedado sin techo y sin su fuente de trabajo.
De ahí la demanda de transparencia y equidad en la distribución. Para que paguen más los que más tienen. No sería malo aprovechar la oportunidad para desarrollar también un sentido de equidad territorial en el país.
Mientras tanto, en los municipios confiamos en el temple de nuestros vecinos y en la organización territorial de nuestra gente, que es el capital social de la reconstrucción. No deseamos una reconstrucción de mediaguas sino algo digno, porque como decía nuestro gran poeta nacional Pablo Neruda “al pan no le pido que me sobre sino que me alimente”.
