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Por qué ha regresado el royalty a la gran minería

por 21 abril 2010

El mundo político suele tener muy fuertes incentivos para gastar a corto plazo lo recaudado. A veces en fundaciones o entidades con fines y controles poco claros. Compra así popularidad y poder.

Al final el royalty minero sí fue parte del paquete para financiar la reconstrucción.

Con aumento transitorio y voluntario, a cambio de extender la invariabilidad de su tasa original. Fue mezcla de pragmatismo y de oportunidad política. Hasta ahí, todo suena bien.

Pero pronto comienzan a surgir dudas inquietantes. Y si aumentamos el royalty a la minería del cobre, ¿por qué entonces no cobrar también impuestos específicos a otros sectores de grandes empresas? ¿Es acaso el royalty un instrumento de recaudación tributaria como cualquier otro?

Un político pragmático diría “pero si da lo mismo qué impuesto, stupid!”. Mi punto es que no da lo mismo.

El mundo político suele tener muy fuertes incentivos para gastar a corto plazo lo recaudado. A veces en fundaciones o entidades con fines y controles poco claros. Compra así popularidad y poder.

Usar el royalty para financiar gastos de reconstrucción, varios de ellos de tipo coyuntural y de corto plazo, plantea dos problemas: uno tiene que ver con “para qué queremos un royalty minero”. El otro con la forma de organizarnos como sociedad para lograr el objetivo buscado.

Sobre lo primero: la lógica básica para cobrar un royalty minero presupone usar parte de las rentas de la riqueza mineral para crear otros activos (riqueza renovable) que reemplacen, en el largo plazo, a la fuente inicial de rentas.

La motivación es simple: si no se invierte parte de la renta mineral en crear riqueza renovable, se enfrenta el riesgo de tener pan para hoy y hambre para mañana. En el ideal del ABC financiero, lo anterior presupone acumular un Fondo de inversión para alcanzar un nivel permanente de capital, y con una estructura de riesgo y plazos de maduración acordes, de forma que en régimen sus retornos financien un dividendo perpetuo a la población beneficiada.

Es curioso que nada de esto haya sido mencionado en el reciente debate.

El segundo problema: el royalty minero fue instaurado en 2005, bajo la administración Lagos, con el fin de financiar un Fondo de Innovación para la competitividad, lo que es compatible con acumular riqueza renovable (en este caso, conocimiento). Se estableció que año a año la Ley de Presupuestos define sus usos específicos. Así, el gobierno de turno goza de importante discreción para determinar cuánto y en qué gastar del fondo del royalty.

Esto nos recuerda problemas conocidos. El mundo político suele tener muy fuertes incentivos para gastar a corto plazo lo recaudado. A veces en fundaciones o entidades con fines y controles poco claros. Compra así popularidad y poder.

Pero seamos justos: junto con la Ley que creó el Fondo de Innovación se envió otro proyecto de ley que buscaba normar aspectos relativos a la administración y definición anual de los programas que dicho Fondo financiaría. El problema es que ya han pasado más de cuatro años y ese proyecto aún está en “trámite legislativo”.

Junto con lo anterior, hoy prevalece además una fuerte opacidad sobre qué se ha hecho con los fondos acumulados del Royalty.

Aún si nuestros honorables legisladores decidiesen dinamizar de verdad el proyecto de ley pendiente, los problemas no se acaban ahí. El proyecto en trámite define distintas instancias asesoras (un Consejo Nacional y otros Regionales), ejecutivas (un consejo de Ministros) y otras de coordinación y administración (Ministerio de Economía) de los fondos del royalty. Pero todas ellas mantienen importantes lazos de dependencia en relación al poder ejecutivo. Esto es claramente inconveniente.

Para que el royalty cumpla su objetivo lógico se requiere aislar de mejor forma los fondos por acumularse, de la discreción del gobierno de turno. Ello requiere una institucionalidad con responsabilidad legal clara y sujeta a auditorías transparentes sobre los resultados logrados.

Dadas las tentaciones del mundo político, no parece fácil lograr una normativa adecuada. Pero estamos en la víspera del Bicentenario y tenemos que ser optimistas: frente a grandes desafíos, sólo queda mantener grandes sueños.

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