No es extraño que los académicos de la Universidad de Chile perciban con temor y resentimiento cualquier medida tendiente a modernizar la institución.
La Universidad de Chile, pese a estar caminando en la dirección correcta, es una institución que no acaba de funcionar como lo hacen las grandes universidades públicas de los países desarrollados. No puede hacerlo por dos razones. Una, la indiferencia, ignorancia y ceguera de las autoridades del gobierno y el parlamento respecto al rol de las universidades públicas. Y dos, el repliegue del sentir académico hacia la desesperanza y la conservación de un estatus que, aunque desfavorable, parece quizá mejor que lo que pueda venir con un cambio.
Todos los países desarrollados sin excepción cuentan con un sólido sistema de universidades públicas. Pero en Chile hemos llegado a la conclusión inédita -únicos en el mundo- de que podemos batirnos sólo con universidades privadas, y que la Universidad de Chile y demás instituciones estatales de educación superior son algo así como un residuo de otro tiempo, algo que debe vegetar sin que se le mate del todo.
[cita]No es extraño que los académicos de la Universidad de Chile perciban con temor y resentimiento cualquier medida tendiente a modernizar la institución.[/cita]
El resultado de estas políticas insensatas ha sido un aumento de las desigualdades en el país y una devaluación de los valores que son propios de las grandes universidades: tolerancia, libertad de cátedra, libertad de expresión, equidad, formación integral, pasión por el conocimiento, iniciación a la vida ciudadana, contacto con la sociedad, etc. Asimismo, el haber segregado al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile ha servido para hundir la formación de profesores, y así estamos en el país con nuestra educación media, en un muy mal pie.
Entretanto, hemos estrenado nuevos valores asociados a la vida universitaria chilensis postdictadura: lucro, negocio inmobiliario, adoctrinamiento político o religioso, segregación, arribismo, fraude o pillerías a fin de allegar recursos, lucha por la supervivencia a cualquier precio.
En un contexto así no es extraño que los académicos de la Universidad de Chile perciban con temor y resentimiento cualquier medida tendiente a modernizar la institución. Cuesta creer la obsolescencia de las herramientas operativas con las que se maneja la institución. Dos contralorías, adquisiciones por Chilecompra, dependencia del Estatuto Administrativo, rigideces presupuestarias, todo ello conduce inevitablemente a fomentar un mercado negro interior de favores y contrafavores. Las evaluaciones estandarizadas que tienden a poner en mismo rasero a instituciones privadas (que miran al negocio) y a instituciones públicas (que deben mirar al bien común) desfiguran cualquier diagnóstico sensato que se haga del asunto.
Es en este contexto en que los académicos acudirán a votar en segunda vuelta para elegir un Rector por cuatro años.
La rectoría de Víctor Pérez ha atacado varios de los aspectos que otros rectores anteriores evitaron tocar: el aumento de las remuneraciones, la meritocracia en la carrera académica, la renovación del Campus Gómez Millas, el estudio de los procedimientos de gestión de los servicios centrales, la propuesta a las autoridades políticas de una política de nuevo trato para las universidades públicas.
Por desgracia, mucho de este impulso se ha visto opacado por un exceso de celo en los consensos y las decisiones colectivas, lo cual ha derivado en una lentitud exasperante de las reformas. A su vez, los grupos y comunidades que conforman la Universidad (una universidad se ha definido a menudo como una comunidad de comunidades) anteponen a menudo sus propios intereses sectoriales a una mirada de conjunto. Unos creen que es mejor tomarse la Casa Central de vez en cuando; otros prefieren resistirse a la modernización del Campus Gómez Millas; los hay que tratan de dar la espalda a la aplicación de los reglamentos en el tema de la carrera docente; y así cada cual con lo suyo.
Con todo, parece evidente que la Universidad de Chile no tiene otro norte más que redoblar su apuesta por el cambio. Para seguir cumpliendo con su misión, la Casa de Bello debe dejar de lado el lenguaje retórico y poner el acelerador en las reformas que ya están en marcha. Una gran universidad pública se cimenta en el diálogo, en la equidad, en la coexistencia de posiciones diversas, en la complejidad del conocimiento. La educación chilena no puede seguir siendo un negocio o una mercancía para escalar posiciones en la pirámide social. Chile se merece más. Nuestra gran tradición humanista requiere de una Universidad de Chile desplegada, moderna, operativa, inclusiva.
La seriedad de la gestión del rector Pérez y el rumbo ya trazado por su administración alientan a que le apoyen para un nuevo período aquellos que quieren el cambio, que aprecian las reformas en curso. Hay que seguir dando la lucha política para que el país y las autoridades logren percibir los rasgos diferenciales de las universidades públicas. Es preciso continuar trabajando para que la Universidad de Chile sea no un instituto profesional sino una institución integralmente dedicada al conocimiento, a su generación, conservación y transmisión.
Es preciso para nosotros -académicos que tenemos el corazón puesto en la U- contribuir a que nuestra universidad sea lo que el país y las nuevas generaciones merecen: un espacio de diálogo permanente, un territorio crítico, un establecimiento académico de gran calidad abierto a todas las ideas, a todos los ámbitos del saber, del cual nos sintamos orgullosos.
