A ese ambiente de tensiones internas y errores políticos del mundo oficialista se han venido a agregar en los últimos días dos temas nada fáciles: el alza de los pasajes del transporte urbano de pasajeros y las privatizaciones.
Parece obvio que el Presidente de la República en su primer mensaje evite lesionar la cohesión de su coalición de gobierno incluyendo temas como los valóricos que generan urticaria en la UDI, y de luz a una agenda ordenadora, que fije claramente las prioridades gubernamentales para los próximos cuatro años.
Pero es evidente que existe un poco de expectación. La autonomía del Presidente frente a su coalición le ha valido ásperas críticas de varios de los dirigentes máximos de ella, especialmente de la UDI, hasta el punto que las elecciones internas de esta parecen estar en compás de espera de lo que dirá en su mensaje del 21 de mayo.
Erosionan la calma también los errores gruesos de parte de sus ministros políticos, Rodrigo Hinzpeter y Ena Von Baer, a pocos días de la ceremonia, creando tensiones innecesarias y la impresión de descontrol, que no allanan un ambiente tranquilo para un mensaje ordenador y la sensación de un gobierno bien estibado políticamente.
El traspié del ministro Rodrigo Hinzpeter durante su comparecencia en la Cámara de Diputados la semana pasada terminó con disculpas públicas al diputado ofendido, lo que constituye un hecho políticamente muy fuerte que golpea el perfil desenvuelto y equilibrado mostrado por el secretario de Estado hasta ahora.
Algo similar ocurrió con las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, Ena Von Baer, en torno al voto de los chilenos residentes en el extranjero. Sus referencias a la transparencia del padrón electoral, en cualquier sentido que hayan sido dichas, ponen en debate de manera inadvertida una interrogante en un tema de alta sensibilidad para todo el sistema político.
[cita]Ha tomado una relevancia incomprensible la venta de activos del Estado, como serían los porcentajes de propiedad que mantiene en las empresas sanitarias del país.[/cita]
No es la primera vez que la vocera debe o rectificar sus dichos o salir a explicarlos nuevamente, y que requiere para hacerlo del apoyo político del gobierno y de los parlamentarios de su sector. Parece claro que la comunicación fina y el dominio del lenguaje y sus significados no es su fuerte, lo que pone cuesta arriba la eficiencia y calidad de su trabajo, independientemente de la popularidad política que tenga en la ciudadanía.
A ese ambiente de tensiones internas y errores políticos del mundo oficialista se han venido a agregar en los últimos días dos temas nada fáciles: el alza de los pasajes del transporte urbano de pasajeros y las privatizaciones.
El primero proviene directamente del ministerio de Transportes y de la percepción esencialmente econométrica del actual ministro de que debe introducirse transparencia y competencia de mercado en el Transantiago, y terminar con los subsidios. En términos gruesos ello podría significar en un plazo relativamente corto una tarifa de alrededor de 700 pesos por viaje, y una vuelta al sistema de libre mercado en los sectores urbanos donde operan los alimentadores de las líneas troncales.
Tal hecho seguramente generará reacciones sociales fuertes, tanto dentro del mundo del transporte especialmente los gremios de conductores, como de la población, por el impacto directo que tiene sobre la economía familiar.
El segundo tema proviene de la Presidencia y de las autoridades económicas, en relación a la recolección de fondos para la reconstrucción luego del terremoto de febrero de este año.
Las medidas anunciadas por el Presidente en Concepción hace poco más de un mes han ido modulándose posteriormente más de acuerdo a la ortodoxia de mercado que a los conceptos iniciales vertidos por el mandatario. Dilaciones en la fecha de entrada de vigencia del ajuste tributario o plazos muy cortos de duración de las medidas no justifican el enorme esfuerzo político que se está haciendo ni garantizan reunir los fondos necesarios.
Además, ha tomado una relevancia incomprensible la venta de activos del Estado, como serían los porcentajes de propiedad que mantiene en las empresas sanitarias del país. Ese es un debate que amerita una forma más transparente y reposada, pues el buen funcionamiento del modelo regulatorio que rige al sector parece exigir –o al menos hace conveniente- la presencia del interés público en los directorios de esas empresas. Lo cual está garantizado por la actual propiedad accionaria y desaparecería si esta se vendiera.
No son pocos los temas que, por lo menos en manera enunciativa, debieran ordenarse luego del Mensaje del Presidente Piñera. En estricto rigor este primer Mensaje no es una cuenta de gestión sino una especie de carta de navegación ajustada para los próximos años, acerca de lo que los ciudadanos pueden esperar del Gobierno.
Una cierta expectación es comprensible pues lo que hasta ahora se ha visto es poco, y ha estado dominado por la emergencia post-terremoto. Pero terminado el período de gracia es necesario pasar de la emergencia gubernativa a la fase de un gobierno en forma, en la cual las autoridades se hagan cargo real de los problemas. A menos que la táctica y la estrategia sea el desorden.
