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Transgénicos en Chile: Transparencia y derecho a la información

por 10 julio 2010

Conocer la ubicación exacta de cultivos y lugares de acopio de semillas transgénicas en nuestro país representa un gran avance que permite poner fin a la cultura del secretismo.

Esta semana se dio a conocer la resolución del Consejo para la Transparencia respecto a una solicitud de información presentada ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por organizaciones ciudadanas y gremiales amparadas en la Ley N° 20.285 en el año 2008, con el propósito de conocer la ubicación de las plantaciones y de los lugares de acopio de semillas transgénicas, petición que había sido denegada por el SAG alegando la oposición de las empresas afectadas.

En efecto, 24 de las 26 firmas involucradas –entre ellas la transnacional Monsanto- se rehusaron a hacer públicos estos datos, aludiendo a razones comerciales y de seguridad. Sin embargo, el Consejo para la Transparencia desestimó cada uno de los argumentos esgrimidos por las empresas y ordenó al SAG entregar, antes de 15 días hábiles, la información solicitada. Aún más, ordenó a ese Servicio que modifique su Resolución Nº1.523/2001, que establecía que la información contenida en las solicitudes de privados para la internación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) era confidencial, atendiendo a la modificación de la Constitución de la República del año 2005.

El acceso a la información constituye un derecho fundamental de las personas, y es el punto de partida para poder ejercer otras facultades ciudadanas, como la fiscalización y control de entidades públicas y privadas. En los últimos años, tanto la Unión Europea como la OCDE han establecido lineamientos claros en el sentido de la necesidad ineludible de poner a disposición del público información relativa al desarrollo de cultivos transgénicos, incluyendo su tipo y ubicación. Las personas tienen derecho a estar informadas y elegir, especialmente considerando una actividad como el cultivo de transgénicos, que puede atentar en contra de otra actividad productiva privada o pública.

Conocer la ubicación exacta de cultivos y lugares de acopio de semillas transgénicas en nuestro país representa un gran avance que permite poner fin a la cultura del secretismo.

Conocer la ubicación exacta de los cultivos y de los lugares de acopio de semillas transgénicas de exportación y para experimentación científica en nuestro país representa un gran avance, ya que permite poner fin a la cultura del secretismo que se había instalado en los órganos de administración del Estado y en algunas empresas dedicadas al cultivo de semillas transgénicas. Además, permitirá hacer un seguimiento sobre la situación de los cultivos transgénicos en Chile y su desarrollo, e investigar la potencial contaminación de transgénicos hacia cultivos tradicionales. También permitirá que otros tipos de agricultura, como la orgánica, que ha incrementado de manera relevante su superficie y es comparable con los cultivos transgénicos, pueda desarrollarse con medidas de protección para evitar los riesgos de contaminación y evaluar efectivamente si es posible una coexistencia.

La información que deberá proporcionar el SAG será el punto de partida básico para abrir un análisis y debate profundo y basado en hechos reales y no sólo en especulaciones. Esto permitirá establecer límites entre el libre desarrollo de una actividad privada versus otra; en efecto, la existencia de producción de semillas transgénicas atenta contra el libre desarrollo de la agricultura orgánica, la agroecología, la agricultura biodinámica y otras que hoy en día se desarrollan con éxito en el mundo, y que en Chile están siendo incorporadas con fuerza por los productores de vino, entre otros; además, pone en riesgo la exportación de productos convencionales bajo las exigencias de países de la UE.

Como señala la Resolución del Consejo en su parte final, “la información requerida permite el control social del procedimiento que utiliza el SAG para la internación y liberación en nuestro país de los OVM (organismos vivos modificados, término usado como sinónimo de transgénicos), así como para su fiscalización, existiendo un alto beneficio al revelar dicha información. En efecto, esto permitirá que el debate público sobre los transgénicos en Chile cuente con una mayor participación social”.

Esta resolución representa un paso de gran importancia, pues reafirma el derecho de las personas a saber. Esto permite abrir la puerta para el debate en temas controversiales y de grandes repercusiones para el desarrollo futuro del país, como es el libre cultivo de transgénicos en la agricultura, los  farmacultivos, la separación en origen de insumos transgénicos,  el uso de OGM en minería, entre otros temas. El conocimiento y el derecho a saber es la herramienta básica que tenemos las personas para estar en condiciones de ejercer nuestros derechos y que podamos instalar públicamente una discusión respecto a lo que queremos como país en relación a la presencia de transgénicos en Chile. Los cultivos transgénicos se han expandido de manera acelerada en los últimos años, superando las 30.000 hectáreas distribuidas en casi en todas las regiones de Chile (sin considerar los cultivos farmacéuticos), todo ello mediante autorizaciones otorgadas a espaldas de la comunidad.

El conocimiento detallado respecto a su ubicación exacta, cantidad y tipo de cultivo permitirá a otros productores solicitar medidas de resguardo para evitar contaminaciones, y a la comunidad estar atenta para ejercer un control, seguimiento y solicitar eventuales medidas de mitigación. Al mismo tiempo, es muy relevante que las personas ejerzamos nuestros derechos. Este fallo del Consejo de la Transparencia representa un importante espaldarazo a la ciudadanía y demuestra que hoy existen instrumentos legales que nos amparan y protegen y que mas allá de la controversia que generan los organismos transgénicos, existe un instrumento que nos perite acceder a la información sobre los actos de organismos del estado y reafirma que ya no es posible el secretismo en algunos temas. La información es la mejor herramienta para ejercer la necesaria fiscalización sobre los organismos públicos frente a decisiones que afectan a toda la comunidad.

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