No puede legitimarse nuevamente y sin más, un golpe de Estado en la región, que después busca ser “blanqueado” con un acto electoral.
En los últimos días se ha visto una ofensiva mediática por parte de sectores conservadores de Chile y la región, orientada tanto a promover el reconocimiento del gobierno de Honduras, como también para establecer exigencias adicionales antes de que nuestro parlamento ratifique el tratado constitutivo de la UNASUR.
Como se sabe, hasta ahora la mayoría de los países de la UNASUR no han reconocido al gobierno de Honduras, incluyendo a Argentina, Brasil, nuestro país, e incluso México, gobernado por un Presidente de centro derecha. Las exigencias de este grupo de países (y que ha impedido también el retorno de Honduras a la OEA) es que antes de un reconocimiento a las nuevas autoridades electas, es necesario esperar el informe de la comisión de verificación de la OEA que deberá acreditar que se han cumplido los compromisos exigidos por la comunidad hemisférica de naciones, pero sobretodo, que deberán darse garantías “explícitas” para el retorno del Ex Presidente Zelaya.
[cita]No puede legitimarse nuevamente y sin más, un golpe de Estado en la región, que después busca ser “blanqueado” con un acto electoral.[/cita]
En el trasfondo de esta posición, subyace la convicción de que no puede legitimarse nuevamente y sin más, un golpe de Estado en la región, que después busca ser “blanqueado” con un acto electoral, pues ello sentaría el precedente de que es legítimo en ciertas circunstancias, recurrir nuevamente a “los cuarteles” y después apelar a procesos electorales para consolidar una situación creada de facto. Desde el punto de vista de la consolidación democrática en la región, la postura asumida por la mayoría de la UNASUR es consistente con este propósito, posición que también comparte el actual gobierno (como se desprende de recientes declaraciones del Canciller) a pesar de las presiones ejercidas por parlamentarios de su sector. Porque, por cierto, Honduras debe volver a la comunidad hemisférica de naciones, pero la “forma” de ese retorno no da lo mismo:
Debe cumplir ciertos requerimientos básicos (ya explicitados anteriormente) que contribuyan a reafirmar la primacía de los procedimientos democráticos, y de que no serán aceptables hacia el futuro, nuevos intentos por usar a las FF.AA para que diriman conflictos internos en nuestros países. En este sentido, resulta lamentable que Estados Unidos y la Unión Europea usen en este caso, un estándar para ellos, y otro para nuestra región (Obama destituyó de inmediato al General Mc Crystal en Afganistán después de declaraciones que implicaban una clara insubordinación, y la UE jamás habría aceptado por ejemplo, que entre sus nuevos miembros se hubiese legitimado una elección inmediatamente después de un golpe).
Por otra parte, en el caso de la ratificación del tratado constitutivo de la UNASUR, hay ciertas exigencias que simplemente no tienen sentido: Cuando se pide por ejemplo, incorporar a México como socio pleno. La UNASUR es un mecanismo de integración sub-regional de América del Sur. Los mecanismos sub-regionales no incluyen por definición (por lo menos no en su etapa constitutiva) a países externos a su conformación geográfica. Ahora, si es posible contemplar hacia el futuro, y con la consolidación de este mecanismo, la incorporación de países en calidad de observadores o miembros asociados, pero en estos momentos, suena completamente extemporánea una solicitud de este tipo.
Y en cuanto a la otra exigencia, incorporar “cláusulas democráticas” más rigurosas, como dijo el Ex Presidente Kichner (Secretario Ejecutivo de UNASUR) lo que “abunda no daña”, pero es una “ilusión” de ciertos sectores minoritarios en la región, si creen que podrán levantar una suerte de nuevo “gendarme regional” que intervendrá cuando se desarrollen políticas nacionales que no son de su agrado. La OEA, la UNASUR, el Grupo de Río y otros, siguen siendo organismos “intergubernamentales” que no están para resolver todas las controversias domésticas que puedan molestar a un sector de las sociedades latinoamericanas. Pero sí es necesario que existan ciertos estándares mínimos de democracia que todos los países deben respetar, especialmente en casos emblemáticos, como la defensa de las libertades civiles básicas y protección de los derechos humanos por ejemplo, y en esto tienen un rol que desempeñar. Algunos pueden considerar que es poco (sobretodo cuando toca sus intereses), pero seguimos viviendo en un mundo de Estados donde hay límites a la intervención externa, y no siempre es negativo que así sea.
