Esta noche he visto al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, decir con viril energía y serena firmeza que él cumplirá «estrictamente su palabra». ¿Qué acto heroico se habrá comprometido a consumar?, me pregunté. En seguida quedó claro: cumplirá con rebajar la penalidad a los terroristas del sur, a fin de que no sigan siendo procesados por la Ley Antiterrorista, sino por la normativa benévola del derecho penal común.
Los terroristas saben que están tratando con un gobierno débil y han usado contra él la herramienta por antonomasia contra tales gobiernos: la huelga de hambre. Dudosa huelga de hambre, porque dura 84 días y, según el conocimiento previo, pocos seres humanos pueden subsistir sin alimentos por casi tres meses. En todo caso, de verdad o no, ha surtido su efecto. Ha puesto de rodillas al Gobierno.
Los anteriores de la Concertación ya habían sido suficientemente blandos, llegando a la política suicida de entregar tierras a los terroristas más violentos, lo que sólo consiguió incrementar la violencia. Entonces, hasta la blandísima, inclusiva y angelical Presidenta Bachelet se dio cuenta de que había seguido el camino equivocado y, aconsejada por su Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, que algo sabe de lidiar con terroristas, aplicó la ley dictada precisamente para combatir ese flagelo. Y gracias a ello se ha logrado, aunque de manera todavía limitada, disminuir los actos de terrorismo en el sur.
Como ha aparecido en estos días en la prensa, la región de la Araucanía ha dejado, prácticamente, de recibir inversiones en los últimos años, lo que explica el empobrecimiento de sus habitantes. Pero, como sucede habitualmente, eso es interpretado al revés por la mayoría de los chilenos, que se alimenta de consignas y eslóganes y rara vez percibe el fondo de los problemas. Pues la pobreza de la Araucanía no es una «deuda histórica» del país con una etnia determinada, sino que se debe a que, primero, se ha impedido por ley la libre venta de tierras por parte de asignatarios mapuches, lo que los ha convertido en modernos «siervos de la gleba», explotando minifundios improductivos que no pueden vender; y, segundo, la pobreza consiguiente ha derivado en terrorismo, que ha sido la causa de que la pobreza se mantenga o acentúe, pese a los ingentes recursos destinados a las entidades de supuesta ayuda a los indígenas. Se han hecho a su amparo grandes negociados a costa del Estado y con ganancias indebidas para huincas e indígenas más vivos que el resto.
Lo que el Gobierno de Rodillas conseguirá ahora será acentuar la violencia y el despilfarro, porque ha logrado probar una cosa: que cede ante las amenazas ilegales.
Esto ya ha trascendido y surtido efectos. En Isla de Pascua un clan aborigen se ha apropiado de las inversiones de la familia Schiess, por 30 millones de dólares, destinadas a un hotel de primer nivel, para aprovechar el auge turístico. Como Isla de Pascua está bajo la soberanía del mismo Gobierno de Rodillas, el clan usurpador ha dicho que se le debe pagar a la familia Schiess los 30 millones de dólares invertidos (que deberán aportar los contribuyentes, por supuesto) y que además el Gobierno de Rodillas deberá «rentabilizar» la explotación del hotel, para que el clan usurpador pueda beneficiarse de la inversión que hizo la familia Schiess. Los miembros de ésta miran atónitos cómo son atropellados impunemente sus derechos. Y el clan usurpador sabe que seguirá impune, porque las señales que llegan de la Araucanía le dicen que el Gobierno de Rodillas no es capaz de imponer el imperio de la ley.
Se puede prever que en unos días más Hinzpeter va a anunciar, con viril energía y serena firmeza, que cumplirá rigurosamente su palabra y les entregará a los miembros del clan usurpador pascuense el hotel de los Schiess y les dará, además, los recursos necesarios para rentabilizarlo. Y, por supuesto, una vez más, pagará Moya.
