Las instituciones republicanas deben mantenerse incólumes y es por ello, que sólo un órgano judicial puede resolver con el necesario grado de solvencia técnica si en este caso ha habido una interferencia indebida o una injerencia injustificada o ilegal por parte del Presidente o sus colaboradores, de modo que de ser así, reciban el reproche que un acto de esa naturaleza amerita.
Sebastián Piñera tiene una adicción tan incomprensible al riesgo que ha llegado a exponer una institución fundamental de la república y de nuestra democracia como aquella de la que es titular: la Presidencia de la República.
Se expone imprudentemente al peligro -no obstante las reiteradas recomendaciones de sus asesores, amigos y de todos aquellos que lo quieren bien y que le desean éxito en su gestión gubernativa-, tal como lo ha hecho al mantener la propiedad de un importante paquete de acciones de Blanco y Negro y por tanto de Colo – Colo. No se requiere ser muy avisado para saber que en algún momento la disputa de los clubes grandes del fútbol chileno con Mayne – Nicholls y su directiva de la ANFP por la distribución de los excedentes del canal del fútbol entrarían en colisión, como ya había ocurrido con anterioridad. Pero el acuerdo al que habían arribado hace poco tenía toda la provisionalidad de lo pasajero; guardaba la fragilidad de una tregua para recoger cadáveres y toda la odiosa determinación de pasar la cuenta; y, eso fue lo que ocurrió.
En una entidad corporativa como la ANFP las guerras grupales no son nuevas, sino que forman parte sustancial de su historia institucional, sucesos que si trascendieran ocuparían más páginas que la actividad deportiva que regentan, las que se manifiestan frecuentemente con un salvajismo que harían de Atila y de los Vándalos Silingos, tiernos canarios.
Asimismo, se debe consignar, que las alianzas entre grupos y las rivalidades de las diversas facciones no se dan por existir proyectos deportivos antagónicos o alguna otra razón de alto standing sino que por motivos mucho más pedestres y banales, tales como influencias y oportunidades de negocios que hasta hace poco pasaban inadvertidos para los grandes tiburones del mercado, (que ya han abierto los ojos y saboreado la sangre), puesto que a pesar de generar dinero, es una industria considerada por la elite nacional algo así como un puesto de feria de jueves y sábados en una comuna popular.
[cita]Los dirigentes de esa multipartidaria piensan lo contrario, porque han visto en este grueso error del mandatario y en el que esperan que persevere, la única oportunidad en meses de poder romperle una muela a Piñera y su gobierno.[/cita]
Empero, aquí cada negocio puede valer un Perú, pues se pueden adquirir los derechos de un deportista cadete por el valor de una cajetilla de cigarrillos y se puede vender a un precio que haría de la transacción de acciones tecnológicas de Silicon Valley, un comercio de sopaipillas. El que no crea, que pregunte por las ocultas condiciones contenidas en las cláusulas de los denominados “Acuerdos de Transferencia” suscritos por algunos de los más honorables clubes de la nación con jóvenes deportistas que aspiran a desarrollarse como futbolistas profesionales. Para esos muchachos no existe la libertad de trabajo ni la libre contratación, sólo barreras de entrada a la actividad, puesto que, para acceder a ese restringido mercado laboral, deben hipotecar su futuro en favor del club formador. A su vez, la ley que regula el contrato de deportistas profesionales está siendo burlada sistemáticamente mediante instrumentos privados que hacen que algunas de sus previsiones y protecciones laborales, terminen siendo inaplicadas, con grave perjuicio para esos jóvenes y para el interés público manifestado en esa legislación.
Al margen que la administración actual de la ANFP ha sido exitosa en lo económico y deportivo, por las razones mencionadas precedentemente, con fecha 29 de abril de 2009, publicamos en este mismo medio una crítica dirigida al Sr. Mayne-Nicholls, ya que éste puso como condición para participar en el torneo Sudamericano Sub 17 verificado en la ciudad de Iquique ese año, que los deportistas jóvenes seleccionados, debían tener suscritos contratos con sus clubes, en tanto que ellos no querían firmar, debido a que algunos de esos contratos contenían cláusulas abusivas, que los obligaba a permanecer adscritos a esos clubes por al menos cinco años, ceder sus derechos de imagen y otros aspectos cuestionables, que detallaremos en otra ocasión.
Por supuesto que la vitrina que significaba participar en ese torneo doblegó a esos muchachos y esos contratos abusivos fueron firmados. Estos hechos constituyen una constante en el fútbol nacional que merece una revisión profunda y es por lo mismo que estimamos que esta lucha fratricida entre los dirigentes, puede ser una oportunidad para revisar la forma en que se conducen estas organizaciones y reafirma nuestra creencia que Sebastián Piñera, en pos de proteger la institución que lo cobija, debe deshacerse de inmediato y a vil precio de ser necesario, de las acciones que posee en la administradora de la institución alba. Salvo los directivos de la Concertación y algunos de sus parlamentarios, parece no haber nadie en Chile que piense lo contrario.
Los dirigentes de esa multipartidaria piensan lo contrario, porque han visto en este grueso error del mandatario y en el que esperan que persevere, la única oportunidad en meses de poder romperle una muela a Piñera y su gobierno. En efecto, la oportuna intuición del primer mandatario que haciendo caso omiso de las advertencias que se le formularon puso el aparato estatal más afinado y aún el privado al servicio de una noble causa: el rescate de los mineros de San Esteban, obteniendo un sonado, merecido y arrollador triunfo, que ha aplastado a la Concertación. Este, le ha permitido empinarse y elevar a su gobierno en las encuestas de opinión y pisar fuerte en los foros internacionales, que vienen bien al país, más allá de algunos errores no forzados provocados por esa infantil arrogancia y ansias de notoriedad que lo traicionan y que terminan disolviendo sus éxitos y entregando armas a adversarios desesperados, que a falta de proyecto político, sólo encuentran unidad en la difamación del mandatario y la erosión de la institución Presidencia de la República, que algún día les pesará.
Los acusadores de Piñera hasta ahora que se sepa, no tienen prueba alguna que justifique sus asertos, no poseen un solo antecedente serio, ni un indicio ni aún un papel doméstico en su contra, pero quieren constituir una comisión investigadora que arroje dudas sobre su proceder y la de sus subordinados. Me parece que esta es una cuestión, que atendida la importancia de la institución afectada debiera dilucidarse en los tribunales de justicia y no en una instancia política tan desacreditada como son las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, que indefectiblemente terminan en un voto político por cada parte adversaria que se anulan entre sí o en un silenciamiento cómplice de romanos y cartagineses, v.gr.: “los pinocheques.”
Las instituciones republicanas deben mantenerse incólumes y es por ello, que sólo un órgano judicial puede resolver con el necesario grado de solvencia técnica si en este caso ha habido una interferencia indebida o una injerencia injustificada o ilegal por parte del Presidente o sus colaboradores, de modo que de ser así, reciban el reproche que un acto de esa naturaleza amerita, o por el contrario, quede de manifiesto que sus acusadores han actuado irresponsablemente y a su turno, reciban la sanción que trae aparejada un actuar temerario e indebido.
Como ello probablemente no sucederá y de prosperar la idea de una comisión investigadora, ella debiera orientarse a revisar si los estatutos de la ANFP salvaguardan los derechos de las minorías existentes en esa asociación; si esas normas corporativas favorecen o, por el contrario, evitan prácticas como el cohecho electoral al que quedan expuestos los clubes pequeños y miserables; a efectuar una revisión acuciosa del cumplimiento efectivo de la Ley 20.178, que incorporó al Código del Trabajo el nuevo estatuto de los Deportistas Profesionales y Trabajadores que Desempeñan Actividades Conexas y si sus disposiciones de obligado cumplimiento se respetan en la realidad contractual por todas las entidades deportivas y en especial por el órgano rector de la actividad; o, si por el contrario, su preceptiva está siendo desvirtuada mediante la introducción de cláusulas abusivas en los denominados Acuerdos de Transferencia que numerosos clubes hacen firmar especialmente a los deportistas jóvenes, al margen de las protecciones legales que se introdujeron en la citada legislación, en un abierto fraude a la ley. Si estos objetivos se añaden a la investigación sobre la supuesta intervención del mandatario o sus subordinados en las elecciones de la nueva directiva de la ANFP, sabremos que para algo habrá servido este nuevo vergonzoso capítulo en la historia de nuestro fútbol profesional, que salvo este beatífico período de Bielsa, sólo ha provocado dolores, frustraciones y llanto a los aficionados, seguidores e hinchas de esta actividad.
