Los centros penitenciarios prácticamente se autogobiernan internamente, no hay condiciones de segregación de los reos por peligrosidad, no existen condiciones de rehabilitación sino solo de contaminación criminógena entre reclusos. En los hechos, gendarmería es una guardia perimetral, que sólo puede preocuparse de evitar que los reos escapen.
Chile exhibe varios sectores de gestión gubernamental crítica. Pero seguramente ninguno tan grave como la hiper degradación de su sistema carcelario. Si nos atenemos a las cifras que circulan desde hace años entre las máximas autoridades políticas del país, la situación es de colapso.
Por ello resulta fuera de lugar la discusión sobre la cantidad de metros cuadrados de cárceles construidas, entre el presidente Sebastián Piñera y el ex Presidente Ricardo Lagos.
Las condiciones de hacinamiento y degradación son el resultado de una política orientada a poner en prisión a la mayor cantidad de gente posible, aupada transversalmente por toda la elite política. En la convicción que la medida era popular de acuerdo a “los índices de temor” exhibidos por la ciudadanía. Por lo tanto, no es un problema de metros cuadrados de construcción sino de cantidad de presos.
Entre 1987 y 1997 la población penal total aumentó de 37.500 a 57.500 aproximadamente, es decir un 53%. Entre 1998 y el 2009 esa misma población llegó a 108 mil personas. Es decir se duplicó. De ellos 53 mil están privados de libertad.
[cita]Tal como ocurre en Estados Unidos, un preso sale más caro al año que pagar los estudios de un estudiante de ingeniería o medicina. Pésimo negocio la industria de la cárcel.[/cita]
Ello provocó el hacinamiento que dejó corto todo el esfuerzo de inversiones en infraestructura. Y generó condiciones al interior de las cárceles que horrorizaron a los inspectores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año 2008. En estricto rigor, ellas no eran nuevas, sino que el aumento cataclísmico de la población penal las hizo inmanejables.
El informe de la Fiscal Mónica Maldonado por orden de la Corte Suprema fue más lapidario aún. Dejó en evidencia que el impulso penalizador generó tales condiciones de promiscuidad que, además de cárceles llenas, hay nuevas categorías de reos, entre los que se debe contar a los gendarmes, quienes por sus condiciones laborales son verdaderos presos dentro del sistema carcelario.
Las cifras del sobrepoblación son sobrecogedoras y hay casos en que llegan al 600% del Centro Penitenciario de Buin y al 300% del Centro de Detención Preventiva de Lebu. Centro Penitenciario de Antofagasta (167%), Centro de Detención Preventiva de Puente Alto (131%), Centro Penitenciario de Valparaíso (141%), Centro Penitenciario de San Antonio (145%). En San Miguel, donde ocurrió el incendio con 81 muertos, era de 108%.
Ello significa que tales establecimientos prácticamente se autogobiernan internamente, que no hay condiciones de segregación de los reos por peligrosidad, que no existen condiciones de rehabilitación sino solo de contaminación criminógena entre reclusos, y que gendarmería es una guardia perimetral, que solo puede preocuparse de evitar que los reos escapen.
Entre el año 2000 y el 2009 la tasa de reclusión aumentó de 220 a 318 por cada 100 mil habitantes, creciendo a tasas muy superiores al aumento vegetativo de la población.
La causa no está en el aumento de los delitos o de la eficiencia del sistema judicial, aunque han aumentado significativamente las condenas (de 35 mil a 208 mil entre 1999 y 2008). La causa es el aumento de las penalidades, sobre todo para infracciones menores que podrían tratarse con medidas alternativas, pero que obligan a los jueces a condenas de cárcel.
En los últimos 10 años se han dictado leyes como la 20.000 de febrero de 2005, que sanciona el tráfico ilícito de drogas. Ella contempla el delito de microtráfico, la asociación ilícita para el tráfico, y restricciones para que las personas condenadas por estos delitos puedan acceder a medidas alternativas a las penas privativas de libertad.
Demás está decir que ella ha llenado las cárceles de pequeños traficantes, especialmente mujeres, la mayoría adictos que pagan su vicio con el microtráfico.
La ley 20.074 de noviembre de 2005 amplió las facultades de la policía para detener por flagrancia, y derogó la norma que permitía que en caso de delitos con pena baja, el juez pudiera imponer únicamente la pena de multa, dejando para casos calificados la de prisión. Se restringió la facultad de suspender la condena excepto en los casos de las faltas, y se generó incentivos para la autoincriminación, lo que aumentó las condenas menores.
Otra ley aumentó la pena para el caso de receptación de cosas que forman parte de las redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, y los casos de hurto y robo de ellos cuando impliquen interferencia del suministro de servicios públicos (cañerías de cobre, tendido eléctrico o de telefonía, etc).
Entre 1999 y el 2004 se modificaron tipos penales como la violación impropia, el abuso sexual agravado, la tenencia y distribución de material pornográfico infantil, la producción de material pornográfico de esta misma índole, la promoción para la prostitución de menores y la conducta de clientes de favores sexuales de menores de edad. Se incrementaron las penas de delitos como el estupro y del abuso sexual. Se estableció pena para la comisión de hurto falta en grado de desarrollo frustrado y la responsabilidad penal juvenil para que el menor sea responsable penalmente de sus actos ilícitos, sin exigencia del trámite de discernimiento.
En fin, el uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, delitos cometidos por funcionarios público, los ilícitos constitutivos de violencia intrafamiliar creando el delito de maltrato habitual y aumentando las penas si la violencia se comete en contra de determinados parientes bajo presunción de gravedad. La lista es demasiado larga.
Ante tal proliferación de normas, que indican una compulsión punitiva por momentos irracional, no es de extrañar que se llenen las cárceles.
La pregunta del millón es la relación costo eficiencia que implica una política pública como la realizada hasta ahora. La inversión en infraestructura no ha sido pequeña. Casi el 80% de los reclusos privados de libertad, que en total alcanzan unos 53 mil, cumple condena en recintos nuevos.
Según cifras oficiales entre los años 1993 y 2000 el país construyó un total de 19 establecimientos penitenciarios, entre estos Alto Hospicio, Angol, Arica, Cauquenes, Cordillera, Rancagua, Santiago, Porvenir, Puerto Aysén, Puerto Montt, Punta arenas, Punta peuco, Tocopilla, Valdivia, Valparaíso y Yumbel.
El programa de concesiones carcelarias, a su vez, considera un total de 10 establecimientos penitenciarios de reclusión con una inversión de varios cientos de millones de dólares y en plena etapa de ejecución.
Pero el problema sigue siendo crítico, y la calidad de vida en muchos recintos penitenciarios continúa siendo deplorable. El costo anual de un preso en el sistema público es de aproximadamente 6 mil dólares y en el sector concesionado de 12 mil.
Ello significa que un preso en las cárceles públicas cuesta entre uno y uno y medio salario básico por mes, y en las concesionadas hasta tres. Costo que no se expresa necesariamente en calidad de servicio, infraestructura adecuada o programas de rehabilitación sino simplemente en pago de seguridad y vigilancia, lo que no tiene impacto positivo real.
En condiciones de precariedad, se privilegia lo esencial, esto es la vigilancia, razón por la cual los programas de rehabilitación han disminuido e instrumentos como los Centros de Educación y Trabajo funcionan a la mitad de su capacidad. Menos del 1% del presupuesto anual de Gendarmería va a rehabilitación y menos de un 5% de los internos accede a planes de esa naturaleza.
Tal como ocurre en Estados Unidos, un preso sale más caro al año que pagar los estudios de un estudiante de ingeniería o medicina. Pésimo negocio la industria de la cárcel.
No es que el sistema experimente una crisis de “calidad y efectividad” como sostienen algunos académicos. Simplemente colapsó por efecto de la ineptitud y prejuicios de una política estatal basada en la punición y la venganza.
En tales circunstancias, ni Mandrake el Mago nos saca de tal situación según decía antaño un ministro, si no se acepta una reforma orientada a políticas de cumplimiento alternativo de penas, despenalización de conductas, y se aplica un indulto general para aliviar la tensión y violencia latente de las cárceles chilenas.
