El tribunal de Cañete absolvió a la totalidad de los imputados mapuches del delito de asociación ilícita terrorista. Con ello se confirma lo que muchos hemos sostenido en el debate iniciado a raíz de la huelga de hambre que los procesados mapuches sostuvieron por cerca de cien días el año 2010: no hay fundamentos para aplicar la ley antiterrorista a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco o a miembros de otras organizaciones mapuche.
El tribunal de Cañete absolvió a la totalidad de los imputados mapuches del delito de asociación ilícita terrorista. Con ello se confirma lo que muchos hemos sostenido en el debate iniciado a raíz de la huelga de hambre que los procesados mapuches sostuvieron por cerca de cien días el año 2010: no hay fundamentos para aplicar la ley antiterrorista a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco o a miembros de otras organizaciones mapuche.
No los hay ahora ni los hubo antes. Un grave error de apreciación y conducción política llevó a los gobiernos pasados a aplicar la ley antiterrorista. El Ministerio Público por su parte, amparado por este descriterio y aportando lo propio, utilizó hasta el hastío los viciados procedimientos que contempla la ley antiterrorista: testigos secretos pagados por la fiscalía, escuchas telefónicas, malos tratos a los detenidos, presunción de culpabilidad para los imputados, solicitud de penas desproporcionadas, montajes publicitarios –recuérdese por ejemplo, los “testigos” colombianos- y acusaciones al voleo con amplia resonancia en el prensa derechista.
Sin embargo, a pesar de la resolución anterior, el tribunal de Cañete declaró culpables del delito de homicidio frustrado en contra del fiscal Mario Elgueta a Héctor Lleitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, este último testigo de la fiscalía que afirma que sus declaraciones que acusan a sus compañeros se obtuvieron bajo tortura.
[cita]Si no hay delito terrorista, parece lógico esperar que Lleitul y los otros imputados sean juzgado conforme a la ley penal común, con las garantías propias de un debido proceso, con imparcialidad y objetividad.[/cita]
La defensa, los familiares y los amigos de los acusados sostienen que la resolución del tribunal contra Lleitul y sus compañeros debe anularse ya que su fundamento se encuentra en declaraciones de testigos secretos y escuchas telefónicas, las que sólo pueden tener validez procesal cuando existe el delito de asociación terrorista, que en este caso ha sido descartado.
El Fiscal Nacional subrogante Francisco Ljubetic, quien se desempeñó como fiscal en la Araucanía y ha sido protagonista de estos procesos se ha manifestado conforme con la resolución del tribunal porque “se han acogido íntegramente los delitos de mayor significación” y reconoce que el Ministerio Público acusó a los imputados “entendiendo que los delitos califican dentro de la legislación antiterrorista”. Sin embargo, los delitos en cuestión no tienen ese carácter de acuerdo al tribunal, lo que anula el testimonio de los testigos secretos y convierte las escuchas telefónicas en ilegales.
Si no hay delito terrorista, parece lógico esperar que Lleitul y los otros imputados sean juzgado conforme a la ley penal común, con las garantías propias de un debido proceso, con imparcialidad y objetividad. Pero todos sabemos que la resolución del tribunal contra Lleitul y sus compañeros no es eso. Se les juzgó de acuerdo a la ley antiterrorista, sin garantías de ningún tipo, lo que a la luz de la resolución del propio tribunal en el sentido que en estos casos no aplica la ley antiterrorista, se convierte en un vicio procesal gigantesco.
Los imputados mapuche han pedido reiteradamente ser juzgados de acuerdo a la ley común, que se presuma su inocencia y se presenten pruebas legítimas y concretas que avalen las acusaciones de la fiscalía. ¿Es mucho pedir en una democracia?
