Si bien el llamado Ingreso Ético Familiar permite elevar los ingresos totales de las familias más pobres sobre la base de incrementar transferencias monetarias directas a esas familias, lo cierto es que ese subsidio nada tiene que ver con el ingreso digno del trabajo y que no es parte de las prioridades en las políticas públicas del gobierno.
Por fin la columna del ministro Kast del lunes 21 de marzo sincera algunos aspectos del largamente anunciado Ingreso Ético Familiar que, hasta que se legisle en la materia, se implementará como Bono Ético Familiar.
A diferencia de lo que se prometiera, ya no se considera ético un ingreso mínimo de $250 mil para una familia de 5 miembros, sino que lo ético se reduce ahora a $150 mil. Y eso no lo explicita Kast en su columna, quien elude hablar de montos.
La reducción fue fruto de las deliberaciones de un comité de expertos que desaconsejó el monto originalmente comprometido que, por lo demás, fue siempre resistido por el Ministerio de Hacienda. Cualquiera sea la razón, una vez más el gobierno incumple una promesa hecha, no sólo al calor de las ofertas de la campaña, sino en el primer Mensaje del presidente Piñera ante el Congreso pleno.
Es destacable que en su columna, por primera vez un miembro del gabinete de la administración Piñera admite que no están inventando la pólvora y que esta iniciativa se enmarca en la experiencia de los programas de transferencias condicionadas, citando como ejemplos a México y Brasil. Pero es un reconocimiento a medias, pues cita esos dos ejemplos omitiendo que, según toda la literatura internacional de organismos que están monitoreando y evaluando estos programas de transferencias condicionadas, hay 17 países latinoamericanos que implementan dichos programas, cubriendo a 22 millones de familias (alrededor de 100 millones de personas), incluidos los millares de hogares chilenos que, desde 2002, se benefician del programa Chile Solidario. La razón por la cual se citan esos dos ejemplos debe ser porque ambos países tienen las transferencias monetarias más altas y en todas las evaluaciones se concluye que son los que mayor impacto han provocado en la reducción de la pobreza medida por ingresos monetarios familiares.
[cita]Si bien el llamado Ingreso Ético Familiar permite elevar los ingresos totales de las familias más pobres sobre la base de incrementar transferencias monetarias directas a esas familias, lo cierto es que ese subsidio nada tiene que ver con el ingreso digno del trabajo y que no es parte de las prioridades en las políticas públicas del gobierno.[/cita]
De modo que, la propuesta de Ingreso Ético Familiar es -más allá de su rimbombante denominación- un aumento en el monto de las transferencias monetarias que habrán de recibir las familias del Chile Solidario que, la verdad sea dicha, reciben subsidios muy bajos. Siendo encomiable que este gobierno eleve los subsidios monetarios para las familias más pobres, lo cierto es que eso es todo y no constituye ningún cambio en las políticas sociales en curso.
Pero el ministro Kast afirma lo contrario. En su opinión, el cambio no está entonces en la magnitud, sino en que la mayor parte del incremento del subsidio será condicionada. O está mal informado (comprensible en un lego, pero inexcusable en un ministro) o falta a la verdad (imperdonable en cualquier persona, pero sobre todo en un ministro). Los subsidios vigentes en el Chile Solidario fueron concebidos desde el diseño inicial del programa como transferencias condicionadas. Al punto que el rol de los apoyos familiares -cruciales en el desarrollo del Chile Solidario y cuya función ha sido muy valorada en todas las evaluaciones realizadas a la fecha- ha sido definido, precisamente, para asegurar el vínculo entre las transferencias monetarias a las familias y el acceso y retención en el sistema escolar de los hijos en edad de estudiar, por una parte, y el cumplimiento de los controles de niños, madres y adultos mayores en el sistema público de salud, por otra parte.
Para ejemplificar su postura, el ministro señala que existe una deserción escolar del 10% en el Chile Solidario. Lo que no dice es que se concentra en la enseñanza media y que ésta es una tasa considerablemente menor a la que se exhibía una década atrás, al iniciarse el Chile Solidario. En todo caso, y cualquiera sea la magnitud de la deserción escolar, estamos frente a un problema de implementación y no de concepción de las transferencias condicionadas del Chile Solidario, en cuyo caso el énfasis habría que ponerlo en cómo garantizar que las condiciones se puedan cumplir y fiscalizar.
A diferencia de otros países con estos programas de transferencias condicionadas, resulta que en Chile tenemos una legislación que establece la obligatoriedad de 12 años de educación (enseñanza básica y media completa) y la garantía para 14 años (sumando prekinder y kinder en las subvenciones escolares). De ahí que, en nuestro caso, la condicionalidad de un subsidio según asistencia escolar pareciera ser relativamente irrelevante y, en especial, si éste es de muy bajo monto. Es probable que el incremento del subsidio por hijo sujeto a la permanencia en el sistema escolar ayude a hacer más difícil la opción de desertar, pero ese será el efecto del incremento en el monto del subsidio y no, como lo quiere hacer aparecer el ministro Kast, por un cambio en las reglas del juego que, en honor a la verdad, siguen siendo las mismas del Chile Solidario original.
Pero, lo más discutible de la columna del ministro Kast, es el aire fundacional que le da a su lucha contra la pobreza. Sin ahondar en la polémica de las cifras, pero teniendo presente que hay discrepancias en los resultados de la última medición de la pobreza (mientras el gobierno sostiene que hubo un aumento de pobreza a finales del gobierno de Bachelet, la CEPAL contrariamente muestra una disminución de la pobreza en 2009), el solo hecho de elevar las transferencias monetarias tendrá un impacto en la reducción de la pobreza y de la extrema pobreza, medida por ingresos monetarios. Bastará un incremento de los subsidios monetarios para alterar la pobreza estadística del país en una siguiente medición, sin que medie modificación alguna de las políticas sociales.
Lo que el ministro deliberadamente desconoce en su columna es que, gracias al viraje de las políticas sociales en la última década -con un impulso en políticas universales, con el fortalecimiento de los pilares solidarios y con una orientación de garantía de derechos y no sólo mínimos sociales en el sistema de protección social- la pobreza disminuyó sistemáticamente en todas sus dimensiones (especialmente en educación y salud) y en todos sus grupos vulnerables (infancia, mujeres, etnias y adultos mayores), según lo muestran las mediciones multidimensionales de la pobreza realizadas separadamente por CEPAL y por la Universidad Alberto Hurtado. La única que no remonta y que sigue siendo una deuda, es la pobreza en el ámbito laboral: en los ingresos del trabajo y en la calidad de los empleos.
Si bien el llamado Ingreso Ético Familiar permite elevar los ingresos totales de las familias más pobres sobre la base de incrementar transferencias monetarias directas a esas familias, lo cierto es que ese subsidio nada tiene que ver con el ingreso digno del trabajo y que no es parte de las prioridades en las políticas públicas del gobierno.
De modo que respecto del Ingreso Ético Familiar y de su antecedente, el Bono Ético Familiar, mucho ruido y una denominación marketera que elude llamar las cosas directamente por su nombre: simplemente se trata de un aumento de las transferencias monetarias a los más pobres, propuesta que, en sí misma, tiene mérito suficiente como para haberla presentado sin necesidad de vender pomadas.
