Para el Ministerio Público este caso se puede convertir en una pesada herencia de Peña si los tribunales continúan en la tendencia de no considerar tan sólidos los argumentos de la Fiscalía. Si los imputados son absueltos será difícil convencer a la opinión pública que no hubo montaje para mostrar resultados.
Las últimas decisiones de los Tribunales en el llamado “caso Bombas” evidencian la pesada herencia que ha dejado el fiscal Alejandro Peña al pasar de la Fiscalía al Ministerio del Interior.
La Fiscalía Metropolitana Sur debe sostener en un juicio una investigación que ha caído en el descrédito público, a pesar de tratarse de una indagatoria de varios años en la que los fiscales siguen asegurando que tienen pruebas contundentes.
La decisión de no mantener en la cárcel a estas alturas a casi todos los imputados, entre ellos los señalados como jefes de la supuesta asociación ilícita terrorista, pone una importante cuota de dudas respecto del futuro de esta causa, en la que la Fiscalía se está jugando a fondo por obtener drásticas condenas.
Es evidente que este caso se contaminó por la urgencia del Gobierno de obtener resultados en una investigación que ya había significado un dolor de cabeza para la administración Bachelet.
La colocación de artefactos explosivos de fabricación rudimentaria mantuvo durante años la preocupación de las autoridades. No se debe olvidar que el último gobierno de la Concertación ya había manifestado su reclamo al Ministerio Público por la falta de resultados durante 2009. Para el Gobierno de la Presidenta Bachelet, el Caso Bombas ya era una preocupación relevante, puesto que la oposición de entonces enrostraba a las autoridades la falta de eficacia, y el Ejecutivo traspasaba la crítica a la Fiscalía.
[cita]Curioso resulta que precisamente uno de sus opositores, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Ortustegui, vea disminuir seriamente sus posibilidades de suceder a Peña al filtrarse a la prensa que tenía negocios paralelos a su actividad como fiscal.[/cita]
Al asumir el gobierno de Sebastián Piñera con el sello de Rodrigo Hinzpeter en el Ministerio del Interior, creció el imperativo de lograr resultados.
La muerte de Mauricio Morales Duarte, de 27 años, ocurrida en mayo de 2009 cuando transportaba una bomba casera en su bicicleta dio la pista que terminó por dirigir la investigación hacia los grupos anarquistas que operaban en casas okupa. Ese dramático hecho es quizás el antecedente más contundente que tiene la Fiscalía. Pero se debe considerar que, si bien es un indicio importante, las responsabilidades penales son individuales y para los Tribunales no basta con el simple razonamiento: un anarquista muere con una bomba, luego, todos los anarquistas son responsables de los bombazos.
El año pasado, el ministro Hinzpeter planteó públicamente a la Fiscalía Nacional que debía haber resultados en el caso. Entonces, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, le quitó el caso al Xavier Armendáriz, quien, si bien tenía informes policiales que apuntaban a los anarquistas, no había resuelto formalizar a nadie por falta de pruebas.
En pocos días, el flamante nuevo fiscal del caso, Alejandro Peña, presentó imputaciones contra quince personas como parte de una asociación ilícita terrorista. La historia es conocida, Peña debió cerrar la investigación, porque los tribunales le impidieron ampliar el plazo de la indagatoria. Luego acusó a los imputados y pidió altas penas, entre ellas presidio perpetuo para dos presuntos cabecillas, y luego renunció al Ministerio Público y se fue a trabajar al Ministerio del Interior, querellante en el caso.
Después de la partida de Peña, los tribunales han sacado de la cárcel a los imputados, que permanecen en arresto domiciliario en un claro revés para la Fiscalía. No aparece muy lógico que personas para quienes se pide presidio perpetuo no estén en la prisión. Lo claro es que los jueces están dudando de la tesis de los fiscales, a las puertas del juicio oral.
La guinda de esta torta amarga para la Fiscalía la puso el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés, que señaló en audiencia que el Ministerio Público ha presentado pruebas de cuarta categoría en el caso, al determinar que la Fiscsalía intentaba juzgar a un imputado por hechos respecto de los cuales ya se le había condenado a una pena menor.
Se ha criticado en los últimos días el nivel de las pruebas que dejó presentadas Peña antes de dejar el Ministerio del Interior. Lo claro es que el fiscal implacable del caso ya no va a estar en la preparación del juicio ni tampoco en las audiencias ante el tribunal oral y sus pruebas reciben diariamente duras críticas sin que la Fiscalía las defienda con claridad.
En el Ministerio Público dicen que dentro de todo el cúmulo de pruebas ofrecida hay antecedentes serios. Pero las defensas hábilmente han instalado la duda al dar cuenta de antecedentes aportados por la Fiscalía que aparecen febles como el poster de Axl Rose o el libro “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu, presente en gran parte de las bibliotecas de los expertos en estrategias de negocios.
Frente a las acusaciones de montaje, la Fiscalía puede decir que ha hecho su trabajo y que tiene motivos para litigar. Pero lo cierto es que la necesidad de presentar pruebas se ve mezclada con una parafernalia inconsistente, que minimiza el impacto de los supuestos antecedentes contundentes que habría acumulado Peña.
Lo peor para el Ministerio Público es que ni siquiera está el fiscal Peña para poner la cara ante un posible revés en el juicio oral.
Para el Ministerio Público este caso se puede convertir en una pesada herencia de Peña si los tribunales continúan en la tendencia de no considerar tan sólidos los argumentos de la Fiscalía. Si los imputados son absueltos será difícil convencer a la opinión pública que no hubo montaje para mostrar resultados.
Paralelamente a este caso, la Fiscalía Sur vive un proceso interno complejo. Es sabido que la gestión de Peña dejó un equipo de trabajo muy dividido entre sus incondicionales y sus críticos. Curioso resulta que precisamente uno de sus opositores, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Ortustegui, vea disminuir seriamente sus posibilidades de suceder a Peña al filtrarse a la prensa que tenía negocios paralelos a su actividad como fiscal.
Ortustegui está sumariado, pero lo extraño es que se filtrara su situación precisamente cuando se encontraba bien posicionado para llenar el cupo de fiscal regional. Así las cosas, parece que la batalla por la sucesión se viene dura: otra pesada herencia del ahora funcionario del Ministerio del Interior.
