Los grupos antisistémicos que colocan estos artefactos explosivos no son, precisamente, personas con riesgo social, mal educadas, mal alimentadas o carentes de oportunidades. No son ladronzuelos, ni asaltantes, ni rateros. Tampoco delincuentes sexuales susceptibles de terapia u homicidas incapaces de controlar sus impulsos. Estos grupos están integrados por personas que han declarado su disconformidad al pacto social.
A dos días de ocurrida la explosión que dejó mutilado al joven Luciano Pitronello Schuffeneger cuando intentaba instalar una bomba en una sucursal bancaria en el centro de Santiago, Carabineros ya contaba con tres sospechosos de acompañar al anarquista y abandonarlo tras la detonación.
Leí una cantidad importante de comentarios en mi cuenta de Twitter que denostaban al joven Pitronello, festejando su actual situación de gravedad; otros, más caritativos, lamentaban su delicado estado de salud; y muchos más, pidiendo “mano dura” al gobierno con este tipo de situaciones. La pregunta que todos se hacían se resume en la pregunta: ¿cuándo van a terminar estos atentados explosivos en nuestra capital? Parece que no nos queda más remedio que acostumbrarnos a una sensata cantidad de bombazos.
[cita]Los grupos antisistémicos que colocan estos artefactos explosivos no son, precisamente, personas con riesgo social, mal educadas, mal alimentadas o carentes de oportunidades. No son ladronzuelos, ni asaltantes, ni rateros. Tampoco delincuentes sexuales susceptibles de terapia u homicidas incapaces de controlar sus impulsos. Estos grupos están integrados por personas que han declarado su disconformidad al pacto social.[/cita]
La mayoría de los discursos políticos en materia de seguridad descansan en los aspectos represivos y no preventivos de la delincuencia. Los eslóganes que estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo en períodos de campaña electoral abogan por más policías, penas más altas, mayor dotación de fiscales para el Ministerio Público, más cárceles. La sociedad, lega en estas materias y crédula de sus propios prejuicios y lugares comunes, compra con entusiasmo estos discursillos falaces, ilusionada de que cualquier gobierno con dos dedos de frente logre atajar la ola de delincuencia con el uso de medidas feroces. Pero, si la solución fuera tan fácil, ¿por qué no se ha aplicado con anterioridad? ¿Es que los gobiernos son condescendientes con los criminales por motivos de cálculo político? ¿O será, más bien, que en el Ministerio del Interior no hay nadie que sepa esta verdad “revelada”?
Los países escandinavos que gozan de una seguridad ciudadana de altísimo nivel han destinado esfuerzos a la prevención más que a la represión. Si usted tiene una gotera en el techo, la decisión más absurda que puede adoptar es que gaste millones en comprar uno o varios parches decorativos, a medida que se van gastando y tiene que reponerlos, en vez de contratar una sola vez a un gasfíter que repare la cañería que ocasiona la filtración.
El problema radica en que los grupos antisistémicos que colocan estos artefactos explosivos no son, precisamente, personas con riesgo social, mal educadas, mal alimentadas o carentes de oportunidades. No son ladronzuelos, ni asaltantes, ni rateros. Tampoco delincuentes sexuales susceptibles de terapia u homicidas incapaces de controlar sus impulsos. Estos grupos están integrados por personas que han declarado su disconformidad al pacto social y se han convertido en transgresores demasiado peligrosos para que no sean tratados con inclemencia. Por lo tanto, más que personas que cometen errores, el derecho debe considerarlos como auténticos “enemigos” de la democracia y del contrato social que todos adherimos, en una lógica de guerra civil antes que de delincuencia ordinaria. La razón de aplicarles un derecho penal del enemigo y no un derecho penal común, radica precisamente en que este último es incapaz de brindar las garantías y derechos que los ciudadanos libres y respetuosos de la democracia se merecen.
Tal como lo expreso en mi libro “El Nuevo Derecho Penal del Enemigo”, la delincuencia común podría enfrentarse con mayor esfuerzo en la prevención, aumentando la dotación de asistentes sociales antes que policías, más psicólogos encargados de rehabilitación que opresores o represores pagados por el Estado, porque estamos tratando con personas que aún podrían insertarse y respetar el Estado de Derecho, la sociedad libre, la democracia y sus valores políticos y sociales. Pero tal como en la selva no puede cazarse a todos los animales con la misma arma ni de la misma manera, las manifestaciones terroristas auténticas y con historia internacional como los atentados explosivos exigen actuaciones diferentes y proactivas de parte del Estado y sus gobernantes, quienes no pueden encogerse de hombros cuando la guerra contra la Estado de Derecho se ha declarado explícitamente.
