Me inclino a pensar que lo que los ciudadanos chilenos esperan del Estado es que recupere su capacidad para proteger a los ciudadanos comunes y corrientes de los atropellos de que son sistemáticamente objeto por parte de los poderosos. Al menos eso.
En reiteradas ocasiones hemos presenciado en los medios de comunicación situaciones en donde ciudadanos se quejan de los abusos de las empresas (y en ocasiones también del Estado). Precios excesivos en los pasajes de buses interurbanos, bencineras que deliberadamente no venden el combustible más barato, cuentas de servicios con errores pero que igual deben ser pagadas, condiciones laborales aberrantes, tasas de interés abusivas, por nombrar solo algunas. Por supuesto, dichos abusos generan la reacción indignada de los ciudadanos consumidores que sienten que no tiene derechos o que los derechos que tienen no son respetados por las empresas ni hechos respetar por el sistema político.
Esas “escenas de nuestra vida cotidiana” nos muestran a ciudadanos indefensos frente a grandes poderes y un sistema político muchas veces impotente, inhibido, con escasa atribuciones para intervenir en defensa del interés colectivo. Dichas situaciones son el resultado de un proceso de reforma del Estado que tiene su origen en régimen militar (cuya principal expresión y fundamento es la Constitución de 1980, que aún con sus reformas, coloca a la propiedad privada como su columna vertebral en una concepción que el intelectual canadiense C. B. Mcpherson denomina individualismo posesivo; el derecho a disfrutar de la propiedad privada incluso a costa de los derechos de otros) que concibe a la política y al Estado más como problemas que como piezas claves del rompecabezas que toda sociedad necesita para garantizar el bien común.
[cita]Me inclino a pensar que lo que los ciudadanos chilenos esperan del Estado es que recupere su capacidad para proteger a los ciudadanos comunes y corrientes de los atropellos de que son sistemáticamente objeto por parte de los poderosos. Al menos eso.[/cita]
Tras el fundamentalismo neoliberal de los 80 que estableció el Estado y la política mínimas (la política como fuente de señales que distorsionan el libre juego de la fuerzas del mercado), las reformas institucionales que se introdujeron a partir de 1990 con el retorno de la democracia vinieron a reconocer la importancia que incluso para el adecuado funcionamiento del mercado tienen las instituciones, el profundo proceso de privatización que experimentó nuestro país no solo ha traspasado importantes responsabilidades al sector empresarial en la producción de bienes y servicios. También ha privatizado total o parcialmente importantes funciones sociales como la educación, la salud y las pensiones.
Dicho se a de paso, los datos del Latinobarómetro 2010 evidencia una opinión crítica de los latinoamericanos sobre las privatizaciones; solo 36% piensa que han sido beneficiosas para el país (34% en Chile) y un más bajo aún 27% se muestra satisfecho con los servicios públicos privatizados.
Pero este proceso de privatización no solo afecta lo que podríamos denominar la “división del trabajo”, el quien hace qué, sino que también debilita el espacio público en donde los ciudadanos articulan sus intereses y ejercen los derechos que la Constitución consagra. Lo debilita porque no solo se trata de la privatización de tareas que antes estaban a cargo del Estado sino también y fundamentalmente, de una sociedad que se encuentra privada, carente de Estado, en donde los ciudadanos no tienen a donde recurrir o incluso teniendo a donde recurrir no cuentan con un ordenamiento que consagre y garantice esos derechos o se enfrenta con un Estado que carece de recursos para ofrecer servicios de calidad y de manera equitativa.
Estamos tan empapados del ADN neoliberal que hemos olvidado que “privado” deriva de “privar” y que ello significa, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia, “despojar a alguien de algo que poseía” o “prohibir o vedar”. Hannah Arendt agregaría que “vivir una vida privada por completo significa por encima de todo estar privado de cosas esenciales a una verdadera vida humana: estar privado de la realidad que proviene de ser visto y oído por los demás, estar privado de una objetiva relación con los otros que proviene de hallarse relacionado y separado de ellos a través de un intermediario de un mundo común de cosas, estar privado de realizar algo más permanente que la propia vida”.
¿Significa esto que la ciudadanía chilena esté disponible para regresar al viejo modelo desarrollista si es que ello fuera posible? Aunque el Estado pre 73 no haya sido el rosario de males que los adalides del libre mercado nos han hecho creer todos esos años, no pienso tal cosa. No obstante parecerme muy claro que hay una demanda ciudadana importante en el sentido de recuperar un rol significativo del Estado en materia de educación y salud, me inclino a pensar que lo que los ciudadanos chilenos esperan del Estado es que recupere su capacidad para proteger a los ciudadanos comunes y corrientes de los atropellos de que son sistemáticamente objeto por parte de los poderosos. Al menos eso.
Cuando nos preocupamos del desinterés de los chilenos con la política y la desafección con la democracia y nos escandalizamos de los “irresponsables y demagógicos liderazgos populistas” que emergen en la región, habría que tomar en cuenta los costos que para el respaldo ciudadano a la democracia tiene esta sensación de impotencia y desprotección de la inmensa mayoría de la ciudadanía.
