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Cambios sin reforma

por 9 julio, 2011

Hay que transparentar el uso de los recursos, que duda cabe, pero es preocupante que el Presidente Piñera no haya sido enfático en excluir a las universidades privadas como receptoras de aportes estatales directos.
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La ausencia de políticas y de una agenda clara en materia educativa terminó dejando al gobierno en una encrucijada. Expuesto a la presión de la calle, el gobierno apostó por un conjunto de medidas de carácter reactivo –resultado de la improvisación y del arrinconamiento- que buscan evitar que el conflicto sigua escalando. El foco no estará en la discusión con los actores, sino en el envío de un paquete de proyectos de ley al Congreso –espacio que se ha tornado particularmente ingrato para el ejecutivo por su incapacidad para alcanzar a tiempo acuerdos con la oposición- y en la promoción de medidas –por la vía administrativa- a través del uso de decretos.

El conjunto de iniciativas sobre Educación Superior –que ciertamente constituyen un avance- deja abierta varias dudas sobre el contenido, cronograma e implementación, pero también acerca del sentido de los cambios que se pretenden. ¿Está el gobierno impulsando efectivamente un proyecto de reforma? ¿No será, en realidad, un proyecto más modesto que apunta a introducir cambios en el sistema? ¿Existe un proyecto matriz para reformar la educación o lo que se ha hecho y lo que se está por hacer? ¿O son solo medidas modernizadoras diseñadas focalmente? Se agradece, al menos, la ausencia de apelativos grandilocuentes anunciando revoluciones que hasta ahora no han hecho más que exaltar las expectativas de una ciudadanía cada vez más exigente.

Hay que transparentar el uso de los recursos, que duda cabe, pero es preocupante que el Presidente Piñera no haya sido enfático en excluir a las universidades privadas como receptoras de aportes estatales directos.

Una primera aproximación a los anuncios indica que se trata de medidas de política sin visión ni sentido estratégico de las intervenciones.

En relación con el primer foco, que supone la creación de un fondo para el mejoramiento de la educación superior por US$ 4.000 millones, es posible adelantar que siendo una cifra importante hay que mirarla en perspectiva. Ya en 2009 Bachelet anunció la creación de un fondo de US$ 6.000 millones para financiar becas de post grado. Su lógica era invertir parte de los ahorros del país en Capital Humano por los retornos sociales que tenía contar con más magíster y doctores. Los recursos del Fondo permitirían financiar durante 7 años el paquete de medidas, lo que representa poco más de US$ 570 millones de dólares al año y un aumento de 0,3% del PIB para educación superior. Y después de eso ¿qué?

Para abordar el desafío de la educación superior, Chile necesita pasar del 0,3% del PIB de gasto público en Educación superior al 1,5% que es el promedio de los países de la OCDE. Esto significa multiplicar por 5 el gasto público, además del ingente esfuerzo que el país debe acometer para el conjunto del sistema educacional. Un desafío así hace inevitable un gran pacto fiscal con distintas fuentes de financiamiento.

Un análisis similar es posible hacer sobre acceso y calidad del financiamiento para los estudiantes. El sistema de créditos requiere la intervención del Estado para enfrentar los problemas de racionamiento, alto costo del crédito por la dificultad del deudor de entregar garantías tangibles, y los riesgos de endeudamiento excesivo. La propuesta se hace cargo de algunos problemas detectados en el CAE; sin embargo, es vaga al señalar los límites a la obligación de pago sobre los ingresos de los futuros graduados de la educación superior. La tasa de interés de los créditos debe ser lo mas baja posible además de estable en el tiempo, pues se trata de una inversión de largo plazo para los estudiantes. Bien lo anunciado sobre la suspensión de pago en condiciones de cesantía, pero preocupante la falta de ideas matrices para rediseñarse el sistema de créditos.

En relación con las mejoras a los sistemas de admisión, acreditación, información y fiscalización del sistema universitario, el sistema de acreditación necesita ser transparentado. Como se decía en el gobierno anterior -a propósito de la gestión pública- el sistema de acreditación debiera operar como en una pecera. Es poco lo que se puede decir por el momento, es de esperar que no nos encontremos con la letra chica como ha ocurrido en anuncios anteriores. Acerca de la creación de una nueva institucionalidad, a través de la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior, la pregunta que surge es porqué no se accedió a la Super hace una semana para sellar un acuerdo con el CRUCH. ¿Acaso fue Piñera quien se “guardó” este anuncio y de pasada le propinó una derrota a Lavín o fue este último quien no quiso acceder a la demanda de los rectores y tuvo que corregirlo el presidente? En ambos casos bien por los rectores y los estudiantes, mal por Lavín.

Por último, en lo referido a la definición de una nueva institucionalidad para el sistema universitario, hay declaraciones de buenas intenciones que muchos compartirán. Hay que transparentar el uso de los recursos, que duda cabe, pero es preocupante que el Presidente Piñera no haya sido enfático en excluir a las universidades privadas como receptoras de aportes estatales directos.

A las propuestas de La Moneda le siguen faltando sintonía fina para responder a las demandas del movimiento estudiantil. Lo que de verdad esperaba el país del Gobierno era hacer un giro simbólico, declarando un compromiso genuino con la calidad de la educación y un rechazo a su mercantilización. El gobierno opera pensando que estas demandas ciudadanas se solucionan con una “ley corta” o con más recursos sobre la mesa, es decir se mueve más en una lógica táctica (que le permita salir del arrinconamiento en que hoy esta) que estratégica. Lo que falta de verdad es un camino, el relato que nos ayude a transitarlo y la reforma que lo haga posible. No olvidemos que, en definitiva, reformar comprende la aspiración, la voluntad de modificar lo preexistente a partir de ideas-fuerzas conductoras y elaboradas con antelación. Esto es paradojalmente lo que se hecha de menos en las medidas anunciadas.

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