Es dudoso, a estas alturas, que esta función pública pueda ser ejercida exclusivamente desde el Estado. De hecho, las universidades privadas han tenido presencia en la educación superior chilena desde hace a lo menos un siglo.
El movimiento estudiantil, surgido en las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, y al cual se han sumado académicos y autoridades, ha puesto en evidencia algo que estaba a la vista, y que sin embargo los chilenos nos negábamos a ver. El escándalo de la educación en Chile: colegios municipalizados que reciben un financiamiento miserable; particulares subvencionados que maximizan sus utilidades estrujando a los profesores con cuarenta y más horas de trabajo en aula. Y universidades, perfectamente acreditadas (¿CÓMO?) en las cuales, mediante la figura de las inmobiliarias, accionistas pueden retirar capital y utilidades; ser compradas y vendidas. En las cuales los alumnos al ingresar deben firmar una renuncia a su legítimo derecho a asociación; o que prácticamente carecen de profesores contratados, y recurren a un proletariado del conocimiento (profesores-taxi) al cual sólo pagan honorarios (nada para previsión social; nada para salud); al que, en algunos casos, contabilizan sólo las horas efectivamente dictadas, sin admitir excepción: si un día te tocaba clase, y hubo terremoto, fiesta nacional, paro del transporte, lo que sea, no se te paga, y punto. Y todo esto, frente a la mirada benévola de las autoridades.
Por la misma vaguedad de gran parte de su contenido, es pronto aún para evaluar la propuesta con la cual el gobierno pretende corregir estas y otras situaciones (como la del crédito “con aval del Estado”; o el hecho de que Chile sea el país que, en el mundo, gasta la menor proporción de su PIB en educación superior). Pero, más allá de esta evaluación, aquí no puede haber borrón y cuenta nueva: la ciudadanía tiene derecho a saber quién lucró indebidamente, quién explotó a los docentes, quien negó a los estudiantes sus derechos, quien concedió la acreditación (con los beneficios reales y simbólicos que ella implica) a universidades que lo son sólo de nombre. Y un largo etcétera.
[cita]Es dudoso, a estas alturas, que esta función pública pueda ser ejercida exclusivamente desde el Estado. De hecho, las universidades privadas han tenido presencia en la educación superior chilena desde hace a lo menos un siglo.[/cita]
En el caso de las universidades, y con certera razón, gran parte del debate, y de la justa ira ciudadana, se ha centrado en la cuestión del lucro. Pues todas las irregularidades listadas parcialmente más arriba (desde las inmobiliarias y los profesores-taxi hasta el temor a la organización estudiantil) convergen, precisamente, en este punto: de lo que se ha tratado aquí, para buena parte de las universidades privadas surgidas de la Ley Orgánica de Universidades de 1981, ha sido optimizar sus utilidades, manteniendo el mínimo imprescindible de fachada universitaria para continuar en el negocio.
El plan del gobierno del Presidente Piñera (sugerentemente llamado GANE: ¿otro lapsus?) omite pronunciarse sobre esta crucial cuestión, dejando así abierta la posibilidad, por ejemplo, de que existan “universidades” con fines de lucro que reciban fondos públicos bajo, por ejemplo, la figura de créditos o becas con financiamiento del Estado. Pero, una vez que el lucro con aporte público deja de ser subrepticio, se torna abiertamente ilegítimo: tanto como si, por ejemplo, un particular pretendiese abrir una tienda contando con el Estado como proveedor de poder de compra para sus clientes.
Una ilegitimidad tan flagrante podrá difícilmente sobrevivir a la protesta ciudadana, sea la de hoy o la de mañana. Pero, desaparecidos el abuso (ab-uso) de la educación superior privada, ¿cuál es su uso?
Es difícil saber si el abuso fue o no parte del diseño original que se plasmó en Ley Orgánica de Universidades del ’81 y en sus modificaciones posteriores. Lo más probable es que lo haya sido: es decir, que la idea de abrir nuevos mercados para los capitales privados no haya estado ausente en absoluto de la “mente del legislador”. Pero, en el intertanto, las universidades llamadas “privadas” concentran más de la mitad de la matrícula de la educación superior. Y, por otra parte, un puñado de ellas muestran una clara orientación hacia lo público (por eso, escribo “privadas”: la dicotomía privado/público, donde “público” es igual a “estatal”, es de discutible validez). Es decir, las ues “privadas” no van a desaparecer: más bien, al cerrarse los resquicios que hacen posible el lucro, su legitimidad —lo que más arriba he denominado su “uso”— no podrá sino consolidarse.
Con ello —y contra lo que muchos de los manifestantes puedan pensar: así de irónica es la historia— lo que estaría consolidándose en Chile sería un elemento más de una sociedad liberal. No hay que olvidar que la Modernidad tiene sus raíces en la Reforma protestante. A la autoridad de la institución religiosa medieval, fundada en el auto-conferido privilegio de interpretar la Escritura y traducirla en términos de normas morales y políticas de cuya autoridad nadie en principio se podía sustraer, la Reforma opuso la certeza subjetiva: la conciencia del individuo como último árbitro en cuestiones de fe y, por extensión, en todo tipo de cuestiones.
Por cierto, el establecimiento de un espacio de convivencia política con prescindencia de una fe dominante (una ideología, si se quiere), sólo es posible en la medida en que exista un poder central que monopolice la fuerza, desarmando a los contrincantes. Y que, además, cuente con una herramienta (la ley, el derecho) capaz de resolver los conflictos de manera puramente formal, abstracta (es decir, no atendiendo al contenido de las posiciones en pugna, sino sólo a su acomodo a las formas). De esta manera, toda fe sustantiva queda excluida del espacio público, y confinada más bien a la conciencia individual, o al espacio privado de una congregación que comparte una creencia. Aquí, y esto es fundamental, la religión, que antes abarcaba y normaba la totalidad de la vida, se transforma en mera “creencia”.
La lógica que acabo de describir es la de los Estados modernos, que surgen como resultado de las guerras de religión que se extendieron por más de un siglo (1525 a 1648), y que tuvieron como resultado una de las mayores carnicerías en la historia de la humanidad (en Alemania, según algunas estimaciones, el 30% de la población fue masacrado; en Bohemia —la actual República Checa— la cifra pudo elevarse al 50%; Francia e Inglaterra tampoco lo hicieron mal). De paso, se configura así un cuadro de alternativas difícil de eludir: o la guerra de todos contra todos, o el Estado liberal moderno; o, en contraposición al formalismo de dicho Estado, la dictadura (del Proletariado, del Partido, del Volk) que suspende o erradica el derecho.
De cualquier manera, el proceso de conversión de la fe en creencia privatizada no tiene por qué detenerse en la religión. Poco a poco va abarcando otros ámbitos. Como el de las convicciones políticas: en política, tal como lo supo entender Max Weber, la “ética de la responsabilidad” (una ética formalista, que se concentra, no en la substancia de las convicciones, sino en la previsión, científicamente respaldada, de los resultados y los riesgos) va desplazando a la “ética de la convicción”: éstas, las convicciones, quedan crecientemente confinadas a la interioridad, de la cual emergen sólo en situaciones límite. La interioridad pasa a ser, por así decirlo, el sumidero al cual van a dar las convicciones; de ahí el malestar, lado B de la vida moderna.
Las universidades estatales y laicas han parecido ser, durante un largo período, el espacio pluralista por excelencia donde se produce este proceso de amortiguación: donde todas las convicciones pueden ser expresadas, exploradas y contrastadas, sin restricción, y sin que nadie por ello ponga en juego su vida. Este espacio ha tenido una finalidad formativa: la formación, precisamente, de sujetos ilustrados, racionales, tolerantes; capaces de actuar, en el espacio público, de acuerdo a la racionalidad formal. Y también la de producción de conocimiento: de ese conocimiento comunicable, contrastable racionalmente, que las sociedades liberales modernas requieren.
Ahora bien. Es dudoso, a estas alturas, que esta función pública pueda ser ejercida exclusivamente desde el Estado. De hecho, las universidades privadas han tenido presencia en la educación superior chilena desde hace a lo menos un siglo. Y si bien su surgimiento se explica, en casi todos los casos, por razones de aislamiento geográfico o de regionalismo, hay también un aporte a la diversidad (como en el caso de las universidades católicas) que merece atención.
En principio, por cierto, esta diversidad entraña el riesgo de una “ghettoización” de la sociedad, a la cual son proclives las clases adineradas o las confesiones religiosas: éstas últimas se resisten a que su fe, sometida al poder corrosivo de la razón moderna, se transforme en mera creencia, y se atrincheran. Así, en Chile tenemos hoy universidades del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo, y también del Partido Comunista y organizaciones afines; también hay universidades “de la cota mil”, cuyos estudiantes, en porcentajes cercanos al 80%, provienen de estratos sociales de altos ingresos. Sin desestimar este peligro, es posible que, al menos en el caso de las universidades confesionales / ideológicas (respecto a las otras, habrá que ver), opere una dialéctica que las universidades católicas tradicionales de alguna manera ya han experimentado. En efecto, en virtud de la propia dinámica de la universidad moderna, al deseo y la necesidad de sus académicos y estudiantes de salir del ghetto y de incorporarse a las redes globalizadas de producción y circulación del conocimiento, su integrismo debiera tender a la disolución, transformándose, “sin querer queriendo”, en una creencia más. De operar esta dialéctica, la ghettoización no sería sino un paso en la dialéctica que, para bien y para mal, transformando verdades sustantivas en creencias, consolida la amada / odiada sociedad liberal.
Lo mismo se puede decir de las universidades privadas, depuradas del estigma del lucro. Es decir, si alguien pensaba que, oponiéndose al lucro en la educación, iba contra los fundamentos del liberalismo, se equivocó medio a medio.
