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Presidente, no cuente con mi voto

por 22 julio, 2011

Espero que similar actitud puedan tener –al menos- los 59 diputados de oposición; que juntos y con una posición coherente podamos ayudar para que el esfuerzo de cientos de miles de estudiantes, que desde hace más de veinte años vienen bregando por una educación estatal, gratuita y de calidad, no sea en vano. Este es el momento en que debemos dejar de lado las presiones y los intereses personales o corporativos, y responder con nuestro voto al clamor ciudadano.
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Porque está muy lejos de ser una "Reforma Educacional", porque está muy lejos de abordar aunque sea tangencialmente la verdadera problemática de la Educación Chilena y porque definitivamente sólo se pretende dar un matiz de política de Estado a un vergonzoso trasvasije de recursos públicos a un pequeño grupo de privados, no contarán con mi voto.

Es una ofensa que se pretenda hacer creer que la motivación de estas medidas sea mejorar la calidad de la educación en Chile. Me explico. Los anuncios del Presidente son básicamente cinco:

1.  Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE).

Con más de 500.000 estudiantes movilizados, con los profesores en paro y apoyando esas manifestaciones y  con un país que en una cifra superior al 70% exige un cambio radical del modelo educacional, el Presidente anuncia un “Acuerdo” en el cual se opta por hacer tabula rasa de las demandas de la contraparte. Según mis conocimientos, acuerdo viene del latín “accordare” y tiene básicamente dos acepciones: Determinar o resolver de común acuerdo o también y cuando se refiere a una sola persona “Determinar o resolver deliberadamente”. En otras palabras, hecho a propósito. No, eso no se llama “Acuerdo” ni nada que se le parezca, se llama imposición deliberada y unilateral del Ejecutivo, por medio de la fuerza que le da la legalidad vigente.

  1. 2. Fondo para la Educación (FE), por un monto de 4.000 millones de dólares.

Valoro que se reconozca que para las familias de clase media y de escasos recursos de este país, el derecho natural que deberían tener sus hijos de alcanzar estudios superiores, se ha convertido en una verdadera pesadilla. Sin embargo, salir de esta situación anómala no es materia de un fondo con caducidad en el corto plazo, porque eso más bien sabe a aspirina para curar el cáncer. Es curioso escuchar al Presidente hablando de “financiamiento” o “economía”, en un discurso que se supone debe hablar del derecho a la educación.

  1. Mejorar el acceso y calidad del financiamiento a los estudiantes.

Es lamentable que en pleno siglo XXI, creciendo regularmente a tasas que bordean el 6%, con un cobre cuyo precio viene subiendo sostenidamente desde 2009 hasta alcanzar cifras nunca antes imaginadas, el Presidente ofrezca al país una propuesta de financiamiento de su educación (que por derecho le pertenece), basada en “becas”, mejores “tasas”, “créditos” etc. En definitiva, sin ninguna expresión de voluntad de aliviar la pesada carga que cae sobre los hombros de la clase media de nuestro país; y digo la clase media porque los sectores más desposeídos ni siquiera tienen la posibilidad de tener estos problemas, toda vez  que ni siquiera pueden soñar con que sus hijos accedan a una educación primaria y secundaria medianamente digna.

¿De qué sirve el crecimiento  si este solo ayuda a aumentar la desigualdad, la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos? La clase media una vez más tiene que pagar la cuenta.

Espero que similar actitud puedan tener –al menos- los 59 diputados de oposición; que juntos y con una posición coherente podamos ayudar para que el esfuerzo de cientos de miles de estudiantes, que desde hace más de veinte años vienen bregando por una educación estatal, gratuita y de calidad, no sea en vano. Este es el momento en que debemos dejar de lado las presiones y los intereses personales o corporativos, y responder con nuestro voto al clamor ciudadano.

  1. Mejorar los sistemas de admisión, acreditación, información y fiscalización del sistema universitario.

En este punto, donde esperaba escuchar un pronunciamiento de fondo respecto a políticas públicas educacionales, se nos habla de “Rankings” de notas, sin considerar propuestas y metas para eliminar brechas entre colegios pagados y municipales (en el caso de considerar esta institucionalidad) y de PSU, sistema que sólo ha servido para que algunos ganen mucho dinero alimentando ilusiones. De establecer cosas y funciones que deberían estar funcionando hace muchos años, de crear la Superintendencia de Educación Superior cuestión que - siendo valorable después del caso “la Polar”-, tengo razones fundadas para dudar de su eficacia,  y de establecer un nuevo trato con las universidades del Estado, mediante la “modernización” de su gobierno,  permitiéndoles la posibilidad de endeudarse a mayores plazos para que puedan prolongar su agonía. Esto supuestamente, refleja el sólido compromiso del estado con sus universidades. Ante esto sólo me queda exclamar sarcásticamente: “Houston, we a have a problem”.

  1. 5. Definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario,… “que diferencie universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales”… y distinguir entre estas últimas, las con y sin fines de lucro.

Interesante juego de palabras, pero la verdad es que un anuncio que dice que se va a “analizar” la “posibilidad” de distinguir entre las Universidades que tienen o no fines de lucro, me parece fuera de toda lógica, porque creo no hay nada que analizar. Es muy simple, lucrar es tener “ganancia o provecho con lo que se ofrece”. No hay más definición que esa en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

En esa lógica, el lucro como concepto no me parece inadecuado en tanto se aplique a bienes o mercancías transables en el mercado; sin embargo y coincidiendo con el insigne Camilo Henríquez en que la educación es una herramienta para construir una sociedad democrática, rechazo apriorísticamente la idea que esta sea considerada una mercancía. En consecuencia, hubiese esperado que 200 años después de nuestra independencia, el discurso del Presidente hubiera sido claro: la educación no es una mercancía y por tanto el lucro debe estar absolutamente ajeno a ella.

Finalmente, me indigna que el Ejecutivo quiera traspasar al Parlamento la responsabilidad de sus propios actos y reitero mi convicción que estos anuncios rimbombantes son un millonario trasvasije camuflado de recursos estatales a los privados, específicamente por lo siguiente:

  • Anunciar un aumento de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incrementar su monto en un 20%, lejos de propender al fortalecimiento de la educación pública, gratuita y de calidad, lo que pretende es destinar cuantiosos recursos a los privados, porque todos sabemos quiénes son los que manejan estas instituciones.
  • Al “garantizar” al 40% de alumnos más vulnerables, y con “mérito académico”, una beca para acceder a la institución de Educación Superior acreditada que ellos elijan, se traspasan indirecta y disimuladamente, más recursos a las mismas instituciones que hoy están en tela de juicio por venir violando la ley desde hace más de 20 años.
  • Al reducir la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado, nuevamente lo que se hace es favorecer, de nuevo indirectamente, a las mismas instituciones y con cargo a todos los chilenos que ya llevan sobre sus hombros responsabilidades financieras que no pueden asumir.
  • Ø Al rebajar el puntaje exigido para acceder a esas becas se incrementa aún más la demanda que sólo pueden absorber – nuevamente – las mismas instituciones.
  • Al “rediseñar el Fondo de Crédito Solidario, para potenciar su recuperación y destinar esos recursos a nuevas becas, y reprogramar a los 110 mil deudores morosos, para permitirles reiniciar sus pagos y salir de Dicom”, no se da ninguna respuesta concreta y medible en el corto plazo, a todas aquellas “víctimas” de un sistema injusto, desigual y carente de sentido país, cuya motivación inicial fue simplemente hacer uso de su derecho a estudiar para servir mejor al país, y dar un salto cualitativo en la escalera social.
  • Por último, ¿cómo pretenden que el país “GANE” si se están saltando la educación pre-escolar y básica? Es indispensable hacer un debate real y serio, donde una de las prioridades centrales sea justamente la que se evitó mencionar en el discurso presidencial: desmunicipalización de la enseñanza;  porque al caricaturizar este término hablando de la estatización de la educación en Chile, el Presidente no dimensiona ni mucho menos da cuenta del alcance del concepto relevado por los estudiantes, que es proceder ahora a la desmunicipalización de la educación. Según él, “ello constituye un grave error y daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza”. ¿De qué calidad nos habla el Presidente? En lo que a mí respecta, lo que hoy tenemos es una educación pública carente de calidad, para la gran mayoría de niños y jóvenes de Chile, y otra particular, de gran calidad, para una pequeña elite. Allí está el semillero de la injusticia y desigualdad, y por tanto el principal desafío que tenemos como país. Las municipalidades no tienen la capacidad financiera ni técnica para entregar a los niños y jóvenes una educación que los haga sujetos de una sociedad de oportunidades. Seamos claros, en Chile, en materias educacionales,  no existe libertad de elegir.

Por todas estas razones, es que digo responsablemente que el Ejecutivo no contará con mi voto si es que algún proyecto de esta naturaleza llega al Congreso. No seré cómplice de la reafirmación de la “Ley General de Universidades de 1981” que –por enésima vez– echa por tierra las aspiraciones de contar con una educación digna, equitativa y de calidad para todos los chilenos.

Espero que similar actitud puedan tener –al menos- los 59 diputados de oposición; que juntos y con una posición coherente podamos ayudar para que el esfuerzo de cientos de miles de estudiantes, que desde hace más de veinte años vienen bregando por una educación estatal, gratuita y de calidad, no sea en vano. Este es el momento en que debemos dejar de lado las presiones y los intereses personales o corporativos, y responder con nuestro voto al clamor ciudadano.

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