La movilización de la comunidad educacional más masiva de la historia, que se ha extendido por más de dos meses, ya volteó al ministro más importante y precipitó un reajuste del gabinete completo. Su reemplazo ha acogido la exigencia de hacer cumplir la ley que prohibe el lucro en la educación superior. Menos auspiciosos han sido sus pronunciamientos respecto a superar la propuesta que su antecesor denominó «Gran Acuerdo Nacional de Educación (GANE),» que ya ha sido rechazada tajantemente por estudiantes, académicos, profesores y funcionarios movilizados, así como por la oposición parlamentaria.
Tienen toda la razón, puesto descansa principalmente en aumentar el crédito con aval del Estado (CAE). Éste último consiste en intentar financiar malamente la educación superior, mediante el cobro abusivo y endeudamiento forzado de los futuros profesionales, una buena parte de los cuales ya está en mora. Más de tres cuartos del CAE han ido a parar a empresas educacionales con fines de lucro, dos de las cuales concentran dos tercios del total. Los bancos se han beneficiado cobrando elevados intereses sobre créditos avalados por los establecimientos y el Estado, que además les recompra casi la mitad con un recargo grotesco. Pretender agravar esto no es base de solución ni acuerdo.
El punto fuerte del llamado GANE es la promesa de un fondo adicional de cuatro mil millones de dólares para educación. El Ministro de Hacienda contó la firme al respecto en una entrevista a El Mercurio del 10 de julio del 2011:
«De aquí van a salir recursos para los principales compromisos presidenciales, como son el aumento de la subvención escolar y de los fondos para educación superior, universitaria y técnica», dice Larraín. -¿En qué se va a traducir esto? «En mayores becas. Hay estudiantes de escasos recursos que van a ir a estudiar con una beca del Estado, que se están aumentando de 70 mil a 120 mil. Y la gente que acceda a un crédito para estudiar, va a acceder a una tasa menor, de 5,3% a 4%. Y en más recursos para las instituciones educacionales». -¿Cómo logran que caiga la tasa de los créditos con aval del Estado? ¿Recomprando, como se hace ahora, la cartera de créditos a los bancos? «Así es. El Estado pone la tasa y los bancos compiten en la proporción de recompra (de la cartera) y en el recargo (mayor costo de los créditos vendidos al Fisco) en la recompra. Así bajaríamos los créditos».
El aumento en el número de becas ofrecido por el Ministro resulta insignificante, puesto que las 50 mil adicionales equivalen sólo al cinco por ciento del millón de estudiantes de educación superior. El grueso de los recursos, por lo tanto, se utilizarán para subsidiar más CAE con una tasa de interés un par de puntos más baja que la actual.
Sin embargo, el cobro resulta abusivo aún a una tasa de interés cero. Los pagos de aranceles, matrículas y gabelas a los estudiantes de educación superior alcanzaron el 2009 un nivel equivalente a la mitad de todos los impuestos a la renta recaudados ese mismo año a todas las personas pudientes y todas las empresas del país, incluidas las del cobre. La carga actual sobre las familias para financiar la educación superior es insoportable y sencillamente hay que reducirla.
Financiarla con endeudamiento de los alumnos forzado por el Estado no es la solución. El esquema CAE resulta además escandaloso. Los bancos prestan dinero a los estudiantes a una tasa que hasta ahora ha sido de seis por ciento. A cambio, los segundos aceptan el embargo de sus futuras remuneraciones y devoluciones de impuestos. Adicionalmente, los bancos tienen el aval del Estado y de las instituciones que reciben el dinero. Como si fuera poco, el Estado les ha recomprado el 41 por ciento de la cartera con un recargo promedio de 40 por ciento, lo que hasta el 2010 le ha significado un desembolso de más de mil millones de dólares, equivalente al 51 por ciento de todos los CAE otorgados en ese período.
Como si fuera poco, como muestra el estudio de CENDA para la CONFECH, el 77 por ciento del CAE ha ido a parar a manos de empresas privadas de educación superior. Dos de ellas, Laureate y Santo Tomás, ambas con fines de lucro, concentran un tercio del CAE y la segunda – cuyo dueño era un fanático integrista religioso que murió quemado mientras asesinaba al amante de su mujer y ahora pertenece a un grupo empresarial ligado a otra secta religiosa – concentra un quinto. Si se agrega INACAP, que era estatal y fue regalada por Pinochet a otro grupo religioso integrista entre gallos y medianoche de su último día de gobierno, entre las tres superan la mitad del CAE total, según informa el diario La Tercera del 9 de julio del 2011, basado en un reciente estudio del Banco Mundial (BM).
El mismo informe del BM consigna que un veterinario, por ejemplo, va a tener que destinar un tercio de su sueldo al pago del CAE y constata que la morosidad es entre el 30 por ciento y el 37 por ciento en el caso de los egresados y de un 45 por ciento en el caso de los desertores. En algunas instituciones como el DUOC, la morosidad supera el 54 por ciento.
En otras palabras, insistir en el CAE como hace el GANE constituye una aberración, por decir lo menos.
Sobre otras bases ciertamente es posible avanzar hacia una solución. El Ministro Larraín promete aumentar el gasto en educación en 3.000 millones de dólares al 2014, lo que de ser así efectivamente no parece poco. Puesto que actualmente es del orden de 10.000 millones de dólares, el incremento prometido equivale a un crecimiento anual de poco más de 9 por ciento. Esa es exactamente la tasa promedio a la que se recuperó el gasto en educación a lo largo de los años 1990, que fue frenada bruscamente durante el gobierno de Lagos y recuperada en parte después de la «Revolución de Pingüinos.» En otras palabras, anda cerca de la tasa requerida para recuperar en pocos años el porcentaje de gasto público en educación de hace cuatro décadas, que era de alrededor de siete por ciento del PIB. Actualmente el gasto público en educación alcanza a 4,4 por ciento del PIB según la Dirección de Presupuestos (DIPRES).
Si se termina con el CAE, parte de la solución parece estar a la mano. En efecto, el 40 por ciento de la cartera CAE ya ha sido recomprada por el Estado, el que puede lisa y llanamente condonar esa deuda. El gasto ya lo hizo y los pagarés que ha recomprado no valen nada porque igual no los van a pagar, por lo cual esta condonación no sería sino reconocer una realidad.
Por otro lado, puesto que el Estado ha venido desembolsando un 51 por ciento del CAE entre recompras y recargos, puede transformar ese gasto en becas. Considerando esto, con un gasto adicional equivalente a lo que desembolsa en recomprar CAE con recargo, podría dar becas completas que beneficiarían a un número de alumnos similar a los que actualmente reciben CAE. Eso sería un alivio significativo.
Ciertamente, habría que revisar a quién se entregan esas becas, puesto que no tiene sentido que el grueso vaya a parar a manos de las empresas privadas con fines de lucro que actualmente se benefician con el CAE. Como propone un notable manifiesto de César Barrios y Arturo Fontaine, del Centro de Estudios Públicos, publicado por El Mercurio del 24 de julio del 2011, éstas legalmente no deberían existir y menos recibir aporte alguno del Estado.
Por otra parte, hay un amplio consenso en lo que recomienda el reciente informe OCDE y exige en forma unánime la comunidad académica: en el caso de las universidades, el grueso del incremento en el gasto debe debe destinarse a financiamiento basal de aquellas que lo sean verdaderamente y con un sentido público. Es decir, las Estatales, las particulares del CRUCH y aquellas privadas que cumplan con el conjunto de condiciones fijadas por el movimiento estudiantil: que no tengan fines de lucro; que no discriminen en el acceso y promuevan el de estudiantes de sectores populares; que realicen investigación, docencia y extensión y mantengan una planta de académicos a jornada completa y condiciones laborales adecuadas para todos sus funcionarios y; que garanticen todo lo anterior con un gobierno interno democrático con participación de todos sus estamentos.
En el caso de la educación superior técnica, un camino adecuado es el sugerido por la la comunidad académica: extender a todo el país la buena experiencia del único Centro de Formación Técnica (CFT) público y gratuito del país, el de Lota-Arauco. Con un 7 por ciento de incremento en el gasto educacional – es decir, dentro del marco de lo programado por el Ministro de Hacienda – es posible de esta manera ¡duplicar la cobertura de educación superior del país!
En cuanto a la educación básica y media, todos conocen la solución: hay que terminar con la municipalización y reconstruir un servicio nacional de educación moderno, que en breve tiempo instale un colegio público de excelencia gratuito en cada barrio de cada ciudad y cad pueblo de Chile.
Todo eso es posible. Lo que corresponde es avanzar en esa dirección.
El Ministro tiene la palabra.
