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Los códigos de Longueira

por 3 agosto, 2011

¿Qué ve Longueira que el resto de sus aliados no ve? Sectores de izquierda (los menos los concertacionistas) han venido planteando en el pasado diferentes esquemas tributarios para allegar recursos al Estado para que garantice derechos básicos a la población.
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Longueira es un político hábil, frontal y que no anda con rodeos. Además, tiene un excelente olfato para la oportunidad. Recién asumido como Ministro de Economía, se unge a sí mismo como el defensor de las clases sociales medio-bajas, de las Pymes, de los emprendedores populares y afirma que la Secretaría de  Estado que  dirige no solamente es técnica, sino política.

De alguna forma deslegitima el trabajo que venia haciendo Fontaine en esa cartera: básicamente mover los “escollos” (reformas microeconómicas) que evitan que la economía tenga una mayor productividad. En la agenda de Fontaine nada había en términos de cuestionar abusos en contra de los consumidores, ni de las elevadas tasas de interés, ni poner énfasis en la creciente concentración que exhibe la economía (excepto en el discurso Pro-Pyme coordinado con la CORFO).

Aunque Fontaine ve básicamente a la economía como un mercado de cuasi-competencia perfecta, las menores “fallas de mercado” (crédito, tecnología, etc.) debían ser resueltas sin tocar la distribución de la riqueza, esto es manteniendo el status quo de los grandes grupos económicos. Así, la SOFOFA ya se ha declarado a favor de no alterar la estructura tributaria porque esto dañaría la inversión y el crecimiento económico, y nos alejaríamos del ansiado “Desarrollo” (sic). Libertad y Desarrollo y la Comisión Económica de la UDI (con Julio Dittborn, nuevo Subsecretario de Hacienda a la cabeza) también han cerrado filas en torno a no aumentar los impuestos.

¿Qué ve Longueira que el resto de sus aliados no ve? Sectores de izquierda (los menos los concertacionistas) han venido planteando en el pasado diferentes esquemas tributarios para allegar recursos al Estado para que garantice derechos básicos a la población.

Pero, ¿qué ve Longueira que el resto de sus aliados no ve? Sectores de izquierda (los menos los concertacionistas) han venido planteando en el pasado diferentes esquemas tributarios para allegar recursos al Estado para que garantice derechos básicos a la población. Esta discusión ya estuvo inmersa en  los exiguos incrementos de royalties aplicados a las mineras, con Golborne en primera instancia, pero a posteriori cerrándose a la negociación de más recursos para los pobres chilenos terremoteados porque según él, el Estado debía cumplir sus compromisos y no se podían cambiar los contratos con las mineras (sic). El Ex ministro Velasco tampoco planteó esquemas tributarios nuevos, de modo que ni hablar siquiera de una reforma tributaria que tuviera como aspecto frontal la batalla de la desigualdad.

Velasco mantuvo la regla fiscal estructural, y se destinaron recursos para financiar las pensiones de los segmentos más pobres, amen de usar agresivamente 8 mil millones de dólares de los fondos soberanos para apalancar la economía en periodos en que la contracción se cernía brutalmente sobre la economía. Pero la desigualdad seguía rampante y no estaba en la agenda de Bachelet hacer algo sustantivo y diferente por cambiar esta fractura social.

Consistente con lo anterior, un estudio realizado por Engel el año 1998 señalaba que a la hora de recaudar se deben escoger los impuestos más eficientes, enfocando los esfuerzos redistributivos por el lado del gasto social. Bajo diferentes escenarios de simulación de aumentos de tasas de IVA e impuestos planos (20% de impuestos a empresas y misma tasa de IVA), no mejoraba significativamente la desigualdad. Sin embargo, este estudio no toca el tema de que las personas pagan impuestos sobre utilidades retiradas en las empresas y no devengadas, lo que incentiva al no retiro de utilidades y que, en teoría, favorece la mantención de capital dentro de las empresas, y la inversión. También se deberían revisar exenciones tributarias, franquicias y otros aspectos que impiden que el Estado acceda a mayores recursos para la agenda social.

Sin embargo, es claro que en Chile pesan más los impuestos indirectos (IVA y específicos) que los directos (impuesto a la renta, entre ellos el cobre) a la hora del financiamiento del fisco, contrario al promedio de países de la OCDE. Esta regresividad en términos que las personas aportan más que las empresas, es la que debería tratar esta nueva discusión tributaria. Enmarcar la discusión tributaria en cuanto a no disminuir el actual impuesto transitorio del 20% a las empresas es anhelar muy poco.

Diferentes estudios para la economía chilena muestran que la desigualdad salarial es explicada en un porcentaje importante por la educación. Esto abarca desde la pertinencia de carreras, retornos,  premios y gobernanza de ésta. Desde la educación básica a la educación superior, pasando por los estímulos a la carrera docente e infraestructura, costo del crédito con aval del Estado (entre otros), deberían  financiarse con una reforma tributaria en serio.

La discusión actual debe tener una mirada país: estrategia de desarrollo de largo plazo, que rompa las desconfianzas, que legitime el sistema político en su conjunto, que favorezca la inclusión social, que acote los demenciales niveles de endeudamiento en la educación superior y que, sobre todo, traspase estas potenciales ganancias tributarias a todo el espectro educativo. Así el mercado empresarial en el largo plazo será de verdad fuerte y con mayor anclaje social. En palabras de Hernán Sommerville, “la Educación me ha permitido tener independencia y decir lo que pienso”.

¿Longueira será capaz de atravesar este mar de dificultades? Ya el Presidente Piñera manifestó que las desigualdades son inmorales; él dio inicio a la discusión tributaria.

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