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La otra deuda: los trabajadores

por 24 agosto, 2011

Veintiún año después la cuestión sigue sorprendentemente igual y, en algún sentido, peor: hoy en Chile –en pleno gobierno de derecha- hay menos trabajadores organizados sindicalmente que al término de la dictadura (1990: 13,4 %/ 2009: 12,5%), hay menos trabajadores con cobertura de negociación colectiva (1990: 7,6%/ 2009: 5,9%) y hay menos trabajadores ejerciendo su derecho a huelga (1990: 25.010/2009: 21.915).
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En el primer programa de gobierno de la Concertación –el de Aylwin de 1989- se leía –en su página 32- lo siguiente:

“Las relaciones laborales son parte fundamental de la democracia. En la medida que ellas sean justas y equilibradas y posibiliten la participación el sistema democrático tendrá estabilidad, será posible encontrar soluciones consensuales para un desarrollo económico social sostenido.

Actualmente la institucionalidad laboral vigente no satisface estos requisitos de justicia, equidad y participación. Dicha institucionalidad ha puesto a los trabajadores en una situación de grave desprotección. Ha impedido la constitución de un sindicalismo fuerte y representativo, así como el desarrollo de una negociación colectiva equitativa para los actores laborales. Por lo tanto, no puede esperarse de ella la legitimidad social que es necesaria para regular de manera armónica las relaciones entre trabajadores y empresarios en un futuro régimen democrático”.

Veintiún año después la cuestión sigue sorprendentemente igual y, en algún sentido, peor: hoy en Chile –en pleno gobierno de derecha- hay menos trabajadores organizados sindicalmente que al término de la dictadura (1990: 13,4 %/ 2009: 12,5%), hay menos trabajadores con cobertura de negociación colectiva (1990: 7,6%/ 2009: 5,9%) y hay menos trabajadores ejerciendo su derecho a huelga (1990: 25.010/2009: 21.915).

Veintiún año después la cuestión sigue sorprendentemente igual y, en algún sentido, peor: hoy en Chile –en pleno gobierno de derecha- hay menos trabajadores organizados sindicalmente que al término de la dictadura (1990: 13,4 %/ 2009: 12,5%), hay menos trabajadores con cobertura de negociación colectiva (1990: 7,6%/ 2009: 5,9%) y hay menos trabajadores ejerciendo su derecho a huelga (1990: 25.010/2009: 21.915).

Dicho en otras palabras -las propias del programa de Aylwin- nuestros trabajadores tienen menos equidad, menos justicia y menos participación hoy que hace 20 años.

Qué duda cabe que –salvo períodos electorales- los trabajadores fueron otros de los grandes olvidados de la democracia chilena. Como, eso si,  tantos otros: estudiantes, endeudados por vivienda, por salud, etc.

Los trabajadores chilenos soportan desde hace décadas un modelo laboral que, implementado por la dictadura militar –y por ende, sin participación de los trabajadores en su diseño–, fue dibujado para que no existiera equilibrio posible en las relaciones laborales.

¿Es, entonces, la exigencia de cambiar el modelo laboral un desvarío político, exaltado por radicales e izquierdistas como lo denuncio apocalípticamente Matthei?

Triste los fantasmas que nublan las ideas de la Ministra. Porque son eso nada más: fantasmas.

La Organización de Cooperación Económica (OCDE) constata hace un tiempo que “las relaciones laborales en Chile son generalmente confrontacionales y marcadas por la falta de confianza”.

Y la explicación de tanta confrontación para ese organismo libre de sospechas es más llamativa aún:

“Esto se debe en parte a la limitada cobertura de los sindicatos y asociaciones empresariales. Por ejemplo, sólo el 11% de la fuerza laboral está sindicalizada y se concentra en determinados sectores, en particular en la minería (donde un 42% de los empleados está sindicalizado)”.

Pero ¿y hacia donde avanzar con este muerto en vida que es el modelo laboral chileno?

La respuesta, tal como lo exigen los trabajadores, es la negociación colectiva. Y para ello se requiere la derogación sustancial de la legislación laboral vigente sobre la materia –el famoso Plan Laboral de José Piñera-, y la ampliación sustantiva de ese derecho de los trabajadores, incluyendo, si es necesario, la negociación colectiva por área o sector de la producción, junto con la eliminación del reemplazo de los trabajadores en huelga.

La razón es sencilla: en sociedades tozudamente desiguales, la negociación colectiva opera como un “derecho para obtener derechos” para un grupo especialmente desaventajado como son los trabajadores asalariados.

De este modo, la negociación colectiva es un derecho que permite  acceder a otros derechos sociales y económicos (ej. alimentación, vivienda, educación etc.), pero que el mismo tiempo, maximiza la autonomía de sus titulares, en cuanto, son ellos quienes decidirán en qué bienes invertirán su renta de negociación colectiva,  evitando de paso, la estandarización propia de los derechos sociales.

Pero hay algo más. Tal como lo prometía al inicio de sus gobiernos la Concertación, solo la expansión de la negociación colectiva permitirá legitimar el modelo de relaciones laborales que se elija para nuestro futuro como sociedad democrática.

Mientras ello no ocurra, una pregunta seguirá esperando respuesta:

¿En atención a qué razones se exigirá adhesión de los trabajadores chilenos a un modelo laboral que los condena a un rudamente desigual reparto de la riqueza –“escandaloso” ha sido el adjetivo más utilizado-, con fuertes restricciones al conflicto laboral y que no facilita su organización colectiva en forma relevante?

La respuesta es obvia. Esas razones no existen. Es otra de las deudas pendientes.

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