En atenta consideración a las preocupaciones del gobierno, no resulta ser ésta una propuesta “chavista”. Por el contrario y para su tranquilidad, es muy similar a lo que acaba de implementar el gobierno conservador inglés, salvo que aquí paradójicamente significa un estructural salto progresista hacia la equidad y calidad. Menudo contraste.
Un nodo clave del actual conflicto por la educación parece ser el dramático desequilibrio público/privado que existe en la educación chilena y, más particularmente, en educación superior. Si miramos el origen de los recursos invertidos en la educación terciaria, veremos que en Chile un 16% proviene de fuentes públicas mientras que el promedio OCDE es de 73%. Menudo desbalance.
En general, un sistema que descansa excesivamente en el financiamiento privado provocará segregación extrema, tal cual ocurre por ejemplo con los conciertos masivos. La mejor calidad (butacas VIP) y la peor calidad (tablón de la galería) se distribuyen en función de la capacidad de pago del asistente. Sin embargo, el mismo sentido común que tolera esta segregación para un concierto, nos indigna en el caso de un Derecho como la educación pues resulta simplemente inmoral.
Con el mismo argumento a la base, en el año 2005, como parte del movimiento estudiantil nos enfrentamos tanto al gobierno como a la oposición por su idea del Crédito bancario con Aval del Estado (CAE), que amplió aún más la participación de los privados en el sistema. Hoy, 6 años más tarde, nos alegra que los argumentos estudiantiles hayan prevalecido. La derecha aplaude la inyección de suculentos recursos públicos para subsidiar la tasa de interés del CAE, y el mea culpa concertacionista se refleja en el ex vocero de Gobierno, Francisco Vidal, y su frase “fuerte y claro: nos equivocamos con el CAE”. Pero, ¿cuál es entonces el sistema de financiamiento que mejor promueve la equidad y calidad en la educación superior?
Los sistemas crediticios basados en la banca privada han mostrado su fracaso, y no sólo en Chile. El pasado 30 de marzo de 2010, el Presidente de un país petrolero estatizó el financiamiento y la administración de las ayudas y créditos universitarios, luego de mucho tiempo de haber “beneficiado a bancos e instituciones financieras”, según sus propias palabras. Y no fue el Presidente Chávez, no señor! sino el Presidente Obama.
[cita]En atenta consideración a las preocupaciones del gobierno, no resulta ser ésta una propuesta “chavista”. Por el contrario y para su tranquilidad, es muy similar a lo que acaba de implementar el gobierno conservador inglés, salvo que aquí paradójicamente significa un estructural salto progresista hacia la equidad y calidad. Menudo contraste.[/cita]
La gratuidad, en el otro extremo, probada mejor opción en la educación escolar, no es sinónimo de equidad en el caso de la educación superior. La cobertura terciaria en Chile es cercana al 40%, concentrada en los más ricos debido a los sesgos heredados desde el sistema escolar. México, por ejemplo, con un sistema universitario gratuito, presenta una inequidad similar a la chilena y una cobertura sustantivamente más baja (equivalente sólo al 55% de la nacional). La gratuidad presenta, además, dos profundas complicaciones. La primera es la eventual regresividad del sistema, debido a que quienes atienden a la educación superior poseen y poseerán más recursos económicos que quienes no lo hacen, por lo que cargar esta inversión a los impuestos generales sería regresivo. Si bien esto se puede paliar obteniendo los recursos a través de una reforma tributaria que grave a los aún más ricos –reforma que, dicho sea de paso, resulta a todas luces imprescindible-, sigue siendo mejor desde el punto de vista social invertir mayor proporción de esos recursos en la educación pre-escolar y escolar. El segundo argumento es el llamado “riesgo moral”. Los estudiantes se comportan de manera ineficiente cuando no internalizan ninguno de los costos asociados a su educación superior, por ejemplo eternizando su período de estudios o bajando la tasa de titulación.
En el caso del arancel diferenciado, se solucionan parcialmente los argumentos de la regresividad (en el presente) y de riesgo moral (para quienes sí pagan). Sin embargo, presenta un problema práctico severo: medir la capacidad de pago –no del estudiante sino de su familia– de manera certera. El ingreso de una persona es fácil de medir vía su declaración de impuestos, sin embargo el número de integrantes de un grupo familiar es muy difícil de comprobar. Y esto debela una deficiencia conceptual mayor, pues en rigor este sistema merece un apellido: arancel diferenciado por familia de origen, discriminación molesta tratándose de sujetos de derechos mayores de edad que definen su identidad vocacional y profesional.
Proponemos entonces un Arancel Diferenciado para Graduados (ADG): todos los estudiantes, incluidos aquellos de altos ingresos, pueden optar por cursar sus estudios sin pagar un solo peso en el presente. Sin embargo, lo harán en el futuro vía tributos extraordinarios contingentes a sus propios ingresos, con un piso de exención, digamos, de 500 mil pesos.
Este sistema soluciona los principales conflictos de los anteriores, y posee además dos importantes ventajas. Primero, permite ser concatenado con una serie de políticas públicas modernas. Se pueden promover vía exenciones, por ejemplo, la migración a regiones, trabajar como profesor o en un área del conocimiento o industria que sea estratégica, etc. y hacerlo no sólo para quienes provienen de un origen socioeconómico modesto (sesgo de “solidaridad entre pobres” del actual sistema crediticio), sino para todos los egresados. La idea aquí es apegarse al verdadero propósito de la docencia: tener profesionales trabajando para Chile en el área del conocimiento y en el lugar que el país más lo requiere, y no sólo limitarse a formarlos y confiar en el mercado para dicha asignación. En segundo lugar y no menos importante, empodera a los sujetos en libertad y plena autonomía, con derechos y deberes para optar por el futuro que deseen.
Si este sistema se complementa con becas de mantención y becas de primer año garantizadas para las familias más humildes (quienes pueden rechazar el ADG por aversión), y se financia a través de una reforma tributaria progresiva que genere recursos para todas las etapas de la educación, resulta ser la mejor y más justa política para nuestra realidad.
Una vez más, en atenta consideración a las preocupaciones del gobierno, no resulta ser ésta una propuesta “chavista”. Por el contrario y para su tranquilidad, es muy similar a lo que acaba de implementar el gobierno conservador inglés, salvo que aquí paradójicamente significa un estructural salto progresista hacia la equidad y calidad. Menudo contraste.
