Señor Director:
Carlos Huneeus ha vuelto a hacer una serie de referencias a mi persona en su calidad de analista de la plaza. Ahora, en respuesta a mi réplica por una columna de opinión publicada hace unos días en El Mostrador, donde se erige como sumo sacerdote de la ética política y me imputa una serie de pecados capitales.
Huneeus parte atribuyéndome, junto al conglomerado de partidos de oposición al cual pertenezco, el olvido y abandono de las causas de los jóvenes, entre las cuales está la lucha por una educación de calidad y, entre líneas, insinúa que en sus 20 años de Gobierno la Concertación hizo poco o nada.
Para no contribuir a esa amnesia tan típica de nuestro país, le recordaré al señor Huneeus que entre 1990 y el 2010 se produjeron cambios importantísimos en Chile. A pesar de que quienes respaldamos a los gobiernos de la Concertación no contábamos con una mayoría en el Congreso Nacional y teníamos que tolerar la oposición sistemática de la Derecha a cambios constitucionales profundos para democratizar el país, logramos a lo largo de dos décadas, avanzar en variados ámbitos, entre ellos el educacional.
Muchos olvidan hoy cómo recibimos la educación en los años 90, en qué condiciones estaba la infraestructura de los colegios, las malas remuneraciones de los profesores y otras evidentes falencias en ese terreno que heredamos de la dictadura. En 20 años de gobierno de la Concertación, creamos un programa de becas y créditos que permitió ampliar el acceso a la educación superior, aumentamos la cobertura de la enseñanza pre escolar, mejoramos la infraestructura e insumos de los establecimientos, incrementamos de manera significativa los sueldos de los profesores, creamos el Estatuto Docente y la jornada escolar completa, implementamos el programa P900 para asistir a la población escolar en condiciones de mayor riesgo social y educativo y triplicamos la inversión en educación, por nombrar sólo algunos de los evidentes logros de ese período.
En lo personal, voté contra el financiamiento compartido de los establecimientos educacionales y a favor del proyecto de ley de la Presidenta Bachelet para terminar con el lucro y, por lo mismo, presenté el proyecto, que recientemente fue aprobado por la comisión de Educación del Senado, para que aquellos establecimientos que tengan fines de lucro no reciban aportes estatales. Nada de lo anterior pretende minimizar la legitimidad de las demandas del movimiento social por la reforma educacional ni tampoco restarle valor a la evidencia de que Chile está en deuda con su educación.
Huneeus me conmina, luego, a explicar el hecho de que ningún dirigente importante de las federaciones estudiantiles del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, pertenezca al PS. Una vez más, el analista equivoca la puntería: varios de ellos sí son militantes de diferentes partidos políticos opositores, incluyendo algunos destacados militantes de la Juventud Socialista, como es el caso de Felipe Salgado, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y de otros altos dirigentes de la universidad Federico Santa María, de la universidad de Concepción con sede Los Ángeles y de la universidad de Magallanes. Sin perjuicio de lo anterior, hoy los mecanismos de representatividad han cambiado, en una dirección que yo saludo, ya que el “control militante” de los movimientos ha dado paso a actores sociales que independientemente de sus preferencias políticas, privilegian los temas sectoriales.
Posteriormente, intentando juzgar mi función legislativa cual comisario ideológico, Huneeus sugiere mi desvío a “los caminos de la derecha” por haber promovido el proyecto de ley que propone un fondo de reconstrucción patrimonial, usando como fuente de financiamiento un procedimiento de registro de capitales de personas que tienen sus inversiones bajo otra bandera.
Partamos precisando que este mecanismo fue usado con anterioridad en nuestro país, durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva, cuando con ocasión de un devastador terremoto se promulgó una ley en este sentido.
En principio parece legítima la preocupación de Huneeus, respecto a los eventuales abusos que se pudieran dar, si algunos pillos quisieran utilizar la ley para “blanquear dineros”. Sin embargo, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que el crimen organizado, dedicado a lavar dinero, no necesita de una ley en un pequeño país como Chile para seguir operando, menos cuando el proyecto plantea mecanismos de control financiero bastante avanzados y exige que quienes se acojan a la ley sean contribuyentes desde 2010 y declaren la totalidad de sus haberes.
Si bien sobre temas tributarios hay muchas opiniones, soy partidario en términos generales de una gran reforma al pacto fiscal vigente en Chile. Me declaró partidario de reformular la carga tributaria -reduciendo el IVA e impuestos a profesionales y clase media, a cambio de aumentar la carga a las empresas-, pensando en particular en financiar la impostergable reforma educacional que el país requiere.
En otro plano, no contento con las imputaciones anteriores, el señor Huneeus sugiere una actitud complaciente de mi persona frente a los lobbistas, con fines de financiamiento electoral y mi supuesta negativa a legislar sobre el financiamiento público de los partidos. Relativo a lo primero, el 6 de julio de 2010 el Ejecutivo retiró el proyecto, así que mal podría haberme opuesto a él. En lo que se refiere a la ley contra el lobby, fui uno de los parlamentarios que la aprobó, en 2008, en su primer trámite legislativo, junto a otros 29 senadores de las diferentes bancadas. He sido siempre partidario del financiamiento público de los partidos y contrario a la influencia del lobby dentro o fuera del Parlamento.
Creo, por último, que es un camino fácil el que toman ciertos opinólogos al erigirse en censores morales en tiempos de crisis y juzgar las conductas de sus semejantes, como si ellos estuvieran libres de toda contradicción en sus trayectorias políticas y personales. O sea, la vieja estrategia de andar “a Dios rogando y con el mazo dando”.
Juan Pablo Letelier
Vicepresidente del Senado
