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Electricidad y conflicto

por 18 septiembre, 2011

Se debe constituir una mesa en la que tanto el gobierno, la ciudadanía como el sector privado acuerden, de manera consensuada, las necesidades, urgencias y direcciones de este sector, poniendo sobre la mesa no sólo consideraciones económicas como hasta ahora lo ha hecho el sector privado, sino también sociales y ambientales, variables que sin lugar a dudas condicionan el futuro del desarrollo que tanto se ha hablado.
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La generación de electricidad se ha convertido en el eje central de la discusión energética del país, algo bastante llamativo si se considera que este recurso energético secundario representa sólo el 14% de la demanda final, muy por debajo de los derivados del petróleo y comparable sólo con la leña, estas últimas fuentes con participaciones de 47% y 15% respectivamente.

Sin embargo, la representatividad económica de este sector dentro del contexto nacional, así como la configuración e importancia estratégica de la ubicación espacial de estos proyectos en muchos puntos del entramado social, como son el desarrollo de economías locales (pesca artesanal, agricultura y turismo), equilibrio socioambiental y salud de la población, entre otras, lo han posicionado como una variable de suma relevancia en la discusión de cualquier plan de desarrollo, tanto a nivel local como nacional.

Se debe constituir una mesa en la que tanto el gobierno, la ciudadanía como el sector privado acuerden, de manera consensuada, las necesidades, urgencias y direcciones de este sector, poniendo sobre la mesa no sólo consideraciones económicas como hasta ahora lo ha hecho el sector privado, sino también sociales y ambientales, variables que sin lugar a dudas condicionan el futuro del desarrollo que tanto se ha hablado.

Desde el punto de vista económico, el sector eléctrico no sólo simboliza la producción de un insumo estratégico en la estimación de costos de producción de cualquier proyecto, sino que además constituye parte importante de la carga monetaria de cada hogar conectado al sistema. Es por esto, entre otras razones, que la conformación de este sector ha pasado rápidamente a formar parte de uno de los sectores de mayor interés público-privado.

Es indudable la importancia de este insumo energético para la sociedad actual, sin embargo la fuerte expansión del sector ha tenido repercusiones directas sobre la población, principalmente aquella aledaña a los centros de generación, pues las múltiples externalidades asociadas a cada una de las fuentes han configurado una creciente resistencia social frente a la gran mayoría de iniciativas de inversión de este sector.

Frente a este fenómeno, durante enero de 2009 Fundación Terram dio a conocer a la opinión pública el documento “Catastro de proyectos de generación eléctrica en Chile”, que estableció un mapeo de la conflictividad socio-económica y ambiental presente en la agenda de inversiones de generación eléctrica en Chile para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2008.

No obstante, los hechos ocurridos con posterioridad a esta publicación, principalmente aquellos relacionados a las distintas manifestaciones -incluso con episodios de violencia- de miles de personas en repudio de las sucesivas aprobaciones ambientales de proyectos considerados como emblemáticos en materia energética, como han sido los casos de la Central Termoeléctrica Barrancones (agosto 2010), Centra Termoeléctrica Castilla (febrero 2011) y el proyecto HidroAysén (mayo 2011), entre otros, plantearon la necesidad de actualizar dicho estudio.

De esta manera, se logró establecer que, considerando sólo aquellos proyectos en estado de aprobados y en calificación entre el periodo de 01 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011, se identifica un total de 222 proyectos, con una potencia de 26.148 MW. De este total, se concluyó que -a lo menos- 153 genera alguna clase de conflicto, sea éste de carácter social, ambiental y/o económico, lo que en términos de potencia significa que aproximadamente el 87% (22.845 MW) de la capacidad de generación considerada enfrenta algún grado de resistencia y/o oposición por parte del algún grupo social.

Las cifras son extraordinariamente llamativas, y si bien en sí mismo no establecen barreras que lleven a obstaculizar la materialización de tales proyectos, permiten visualizar el nivel de sensibilidad que ha alcanzado la sociedad frente a este tema, fundada de manera exclusiva en la evidencia empírica de los impactos asociados, los que van desde impactos ecosistémicos y desarticulación del entramado social en el caso de proyectos hidroeléctricos, hasta efectos en la salud de la población debido a la emisión de contaminantes provenientes de centrales termoeléctricas, sólo por nombrar algunos.

Este conjunto de antecedentes, junto a otras consideraciones, nos llevan a sostener que Chile necesita cuanto antes discutir de manera seria y profunda sobre el desarrollo íntegro de una política energética/eléctrica de largo plazo, la que debe considerar necesariamente la inclusión de todos los actores que configuran el país. Es decir, se debe constituir una mesa en la que tanto el gobierno, la ciudadanía como el sector privado acuerden, de manera consensuada, las necesidades, urgencias y direcciones de este sector, poniendo sobre la mesa no sólo consideraciones económicas como hasta ahora lo ha hecho el sector privado, sino también sociales y ambientales, variables que sin lugar a dudas condicionan el futuro del desarrollo que tanto se ha hablado.

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