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El fuego fatuo del Caso Bombas

por 6 octubre 2011

El fuego fatuo del Caso Bombas
No son pocas las voces, sobre todo en la Fiscalía Oriente, que apuntan al propio Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, como el responsable mayor de este bochorno judicial. Fue él quien designó a Peña "quitándole" el caso a Armendáriz, sin tener en consideración lo delicado del tema y el perfil mediático y la manera de actuar de Peña en la persecución penal.

En marzo de 2010, el Ministro Rodrigo Hinzpeter emplazó fuertemente al Ministerio Público a obtener resultados en la investigación por la seguidilla de bombazos ocurridos en los últimos 3 años en distintas zonas de la capital.  En ese entonces la indagatoria la dirigía el ex fiscal de la zona oriente de Santiago, Xavier Armendáriz y el fiscal de Ñuñoa Francisco Jacir.

El reclamo de Hinzpeter tuvo eco en el gabinete de Sabas Chahuán. El  Fiscal Nacional dio un golpe de timón y cambió al fiscal a cargo del caso. Desde ese momento la investigación pasó a manos de  Alejandro Peña, jefe de la Fiscalía Sur. Para llevarla adelante, Peña nombró a un grupo selecto de fiscales de su absoluta confianza, entre ellos Héctor Barros, Francisco Rojas, Pablo Sabaj y Marcos Emilfork.

El 14 de agosto de ese año, en horas de la madrugada, en distintos "centros conspirativos de poder", se produjeron allanamientos simultáneos dirigidos por Peña y sus fiscales de confianza. En un golpe de audacia propio de su estilo y sin agregar mayores antecedentes que los que manejaba Xavier Armendáriz, "construyó" una asociación ilícita terrorista, llevando a más de diez imputados a la justicia, a los que se les formalizó como autores de una asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos. La mayoría quedó en prisión preventiva.

Tanto la exclusión de pruebas como las decisiones de libertad para muchos de los detenidos, no han inhibido al gobierno de señalar que lo actuado no ha sido un fracaso. Contracorriente de lo que ocurre, además, un desaparecido Ministro del Interior ha vuelto a la  palestra política con nuevos proyectos de ley para penalizar situaciones sociales, esta vez vinculadas al ambiente de movilizaciones por la educación.

Así se inició el llamado “Caso Bombas”. La acción del Fiscal fue anunciada como un triunfo propio por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter,  y Alejandro Peña, junto a sus subalternos en el caso, celebró en la Fiscalía Sur hasta altas horas de la madrugada. El gobierno, además,  se dio un festín comunicacional en los días siguientes sobre la lucha contra el terrorismo y sus desvelos por la seguridad.

Sin embargo, las circunstancias en que se dieron los hechos llenaron de dudas a los expertos, sin perjuicio de reconocer lo irredarguible: las bombas sí existieron. Los abogados defensores empezaron a hablar de un verdadero montaje, ya que no había antecedentes suficientes para probar tal asociación ilícita, la que sólo existía, según ellos, como realidad en la cabeza de Peña. Para reforzar sus argumentos invocaron el caso del "paquistaní", el que se exhibió como ejemplo de un claro "modus operandi" ideológico de Peña y sus cercanos.

El caso dio un giro cuando se radicó la competencia en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago (de la jurisdicción de la zona oriente) y apareció la figura del juez Luis Avilés. Este hizo un paso destacado en la Corte de Apelaciones de Santiago como relator, y es conocido en el ambiente de los Juzgados de Garantía como un juez exigente y con profundo conocimiento profesional. Entonces las exigencias sobre la calidad de las pruebas y los plazos concretos empezaron a tomar forma.

Un hito fue la orden de cierre de la investigación por parte del Juez de Garantía. Con diez días para acusar, Alejandro Peña ordenó a los fiscales que lo hicieran. Pero según fuentes de la propia Fiscalía Sur, la forma cómo ello se hizo fue "un caos". Así fue reconocido incluso por los fiscales que declararon en el sumario que instruyó el ministro Carlos Cerda, a raíz de la queja disciplinaria que esa Fiscalía interpuso contra Avilés por  sus dichos de que los argumentos usados por los fiscales acusadores eran "de cuarta categoría" y "sociología barata".

En el curso de la presentación de la acusación y la audiencia preparatoria el juez Avilés excluyó cientos de pruebas presentadas por la Fiscalía, ya sea porque estaban dos o hasta tres veces señaladas en la acusación, ya sea por que se habían obtenido violando derechos y garantías constitucionales en detenciones o allanamientos ilegales. Tal decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la prueba de la asociación ilícita se "cayó" casi por completo.

¿Quien da la cara?

Resulta un hecho preocupante que una institución como el Ministerio Público, encargado de administrar de manera prudente y eficiente el monopolio penal del Estado aparezca en situaciones ambiguas de las que nadie se hace responsable.

Las recriminaciones sobre los hechos ocurridos recién comienzan en su interior. Los primeros dardos apuntaron al ex fiscal Peña quien, luego de presentar la acusación del caso, partió  como asesor – de estas y otras materias de seguridad pública- al Ministerio del Interior, en una cuestionada decisión  a nivel de la opinión pública. Su acción, dicen, comprometió a fondo y en un caso emblemático, la imagen de independencia que debe tener el Ministerio Público.

En la Fiscalía Sur que dirigió Peña, los reproches también apuntan a que hubo fiscales que se prestaron para " un juego peligroso”, centrando las miradas en el recién designado Fiscal Regional de Los Lagos Marcos Emilfork. Este, si bien ha pasado inadvertido en el “Caso Bombas”, habría tenido un rol mucho más relevante en la construcción de lo que se cayó, aunque ello no ha trascendido. Actualmente Emilfork, está a la espera de que la Contraloría General de la República tome razón de su nombramiento, retardado por diversos problemas, entre ellos algunos  judiciales, en una decisión de la Fiscalía Nacional sindicada por muchos como falta de transparencia.

No son pocas las voces, sobre todo en la Fiscalía Oriente, que apuntan al propio Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, como el responsable mayor de este bochorno judicial. Fue él quien designó a Peña "quitándole" el caso a Armendáriz, sin tener en consideración lo delicado del tema y el perfil mediático y la manera de actuar de Peña en la persecución penal.

Tanto la exclusión de pruebas como las decisiones de libertad para muchos de los detenidos, no han inhibido al gobierno de señalar que lo actuado no ha sido un fracaso. Contracorriente de lo que ocurre, además, un desaparecido Ministro del Interior ha vuelto a la  palestra política con nuevos proyectos de ley para penalizar situaciones sociales, esta vez vinculadas al ambiente de movilizaciones por la educación. A su vez, el énfasis de la Ley de Presupuesto del año  2012 estaría puesto en seguridad, además de educación y salud.

La seguridad es un bien público perfecto y la ley penal la última ratio del Estado frente a sus ciudadanos. Por ello resulta preocupante que las reacciones frente a lo ocurrido con el “caso bombas” parezcan una cortina de humo, y no apunten también claramente a frenar el deterioro que se está produciendo en una institución como el Ministerio Público. La persecución penal debe cumplir un estándar de servicio de la más alta calidad, con  claras garantías de que no es ni  puede ser manipulada políticamente bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente en este caso, las interrogantes siguen siendo muchas, mientras la confianza merma.

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