En el contexto de un país movilizado que cuestiona el orden instaurado en diversos ámbitos, las políticas de comunicación no son objeto del debate público. Sin embargo, las cuestiones de fondo que marcan el rumbo de los proyectos de ley pendientes de debate y sanción -Ley de Televisión Digital Terrestre y Ley de Televisión Pública- remiten, ineludiblemente, a los denominadores comunes de las crisis aparentemente “sectoriales” que sacuden al país: ¿Qué distingue a los bienes públicos de los bienes de consumo? ¿Cuál es el sentido y la misión del Estado?
La transición hacia la Televisión Digital Terrestre se ha desarrollado en forma casi secreta. En las escasas oportunidades en que el tema llegó a los medios masivos, fue desde una perspectiva meramente tecnológica. No obstante, la pregunta central es qué modelo de TV quisiera darse este país en las próximas décadas y en qué medida se concibe a la comunicación como un derecho de la ciudadanía, y no del conjunto de consumidores.
En sentido opuesto a lo señalado, el presidente del Consejo Nacional de Televisión afirmó recientemente que la transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT) no sería un tema político, sino una cuestión de cambio tecnológico (Observatorio FUCATEL, 5/9/2011) Tal como en materia educativa no se puede reducir el conflicto a una cuestión de porcentaje de becas, en materia de comunicaciones no se trata meramente de cuestiones tecnológicas. “El tema tecnológico ya fue resuelto por Chile (al elegir la norma brasileño-japonesa). Ahora es preciso reflexionar sobre el modelo de televisión que queremos para nuestro país” (Ibíd.).
Como en toda América Latina, en Chile el escenario mediático está signado por altos niveles de concentración de la propiedad y el abuso del concepto de libertad de expresión como escudo contra todo intento regulador.
En este escenario se desarrolla el debate legislativo en torno a la transición hacia la TDT que, a su vez, se distingue por la falta de transparencia y el casi nulo debate ciudadano al respecto.
La transición hacia la Televisión Digital Terrestre
El 6 de abril pasado la Cámara de Diputados dio media sanción a una ley que sienta las bases para la distribución de un espacio que es de toda la ciudadanía, tan valioso que fue declarado propiedad de la humanidad por organismos internacionales y se denomina “espacio radioeléctrico”. Sin embargo, la encuesta 2011 del CNTV indica que un 83% de los encuestados manifiesta no saber qué es la TDT. Entre quienes señalan saber algo al respecto, el 47% la asocia a “mejor imagen” y un 17% a “mejor sonido” (CNTV, 2011).
La explicación de semejantes niveles de desconocimiento pasa, en gran parte, por el cerco informativo tendido por los principales interesados: los propios medios masivos. Es así como, en las escasas menciones que hacen al tema, parece que tránsito hacia la TDT se tratara sólo de las infinitas ventajas técnicas que nos ofrecerá este salto a la pos-posmodernidad.
¿Qué es lo que está en juego en estos meses de 2011?
El dato básico es que la TV, al igual que la radio, funciona en el espacio radioeléctrico, que es finito y, como se ha señalado, ha sido declarado propiedad de la humanidad. El tránsito de la TV analógica a la digital implica, entre otras cosas, que en ese espacio finito habrá una disponibilidad de frecuencias -imprescindibles para las transmisiones- mucho mayor que la hasta ahora existente. Esto genera interrogantes de enormes implicancias políticas, sociales y económicas como: ¿de qué manera se distribuyen esas nuevas frecuencias, qué derechos tienen los operadores existentes, cómo renuevan sus concesiones y cómo se facilita el ingreso a los nuevos de modo tal que se promueva el pluralismo y la diversidad?
El proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados el 6 de abril no abre un panorama alentador. El 13 de abril, el Senado había rechazado que el proyecto de ley de TV digital fuera visto por la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Esto significaba que sólo sería visto en las comisiones de Hacienda y de Transporte y Telecomunicaciones. Al saltarse la primera comisión, el Senado estaba ignorando que el articulado del proyecto de Ley se vincula directamente con los contenidos televisivos, con la misión social de la TV y la posibilidad de ingreso de señales culturales, educativas y comunitarias al mercado televisivo. A su vez, el Gobierno le había puesto “suma urgencia” al proyecto de Ley, lo que implicaba que se debía tramitar en diez días. La presión para que los senadores voten precipitadamente se habría justificado argumentando que Chile estaría muy atrasado en el tránsito a la TV digital.
La fuerte reacción de algunos senadores de oposición, asesorados por organizaciones de la sociedad civil, permitió iniciar un proceso de análisis más profundo y una cierta apertura en torno a este proceso. Entre mayo y agosto de 2011, organizaciones de la sociedad civil tuvieron algunas posibilidades de acercar sus propuestas al Senado a lo largo de las audiencias.
En este momento, las indicaciones presentadas al Proyecto de Ley ascienden a alrededor de 500, lo que dificulta enormemente su análisis y avance en el proceso legislativo. De todas maneras, se registran algunos avances, tanto por parte del Gobierno como del Parlamento, en cuanto a considerar, al menos, parte de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de Medios Fucatel y la Mesa de Ciudadanía y TV Digital, que por estos días se encuentran convocando a una Consulta Ciudadana sobre el tema.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
