La definición de ultra que realiza el diccionario de la Real Academia hace referencia a la radicalización de ideas o acciones. En política el concepto ha sido utilizado constantemente para identificar a aquellos que se plantean en las posiciones más radicales y llevan un conflicto a las posiciones más extremas.
En todo sistema político la tensión y el conflicto son procesos normales que ponen a prueba la capacidad de los distintos actores para llegar a acuerdos de manera pacífica e incluso institucionalizada. Por lo general los sistemas políticos tienen la capacidad para hacer frente a la tensión y resolver los conflictos, ya sea por medio de los acuerdos y/o satisfaciendo las demandas de los actores que se manifiestan en democracia. No obstante, siempre existe la posibilidad de que el conflicto político pase a posiciones más extremas y que la radicalización de las ideas y las acciones se haga más fuerte, colocando incluso en peligro la estabilidad del régimen. Ahí donde aparece el lenguaje ultra para caracterizar a aquellos que se colocan en la posición extrema.
Los acontecimientos de ocupación de una sala del Senado en la cual se discutía la partida presupuestaria en educación ha exacerbado el lenguaje ultra que se viene escuchando ya hace algún tiempo. El gobierno en una posición cada vez más ultra ha hecho del lenguaje de la violencia el discurso oficial de su estrategia, llegando a niveles de tensión importantes en el transcurso de las últimas semanas. Ha interpelado abiertamente a los otros dos poderes del Estado a hacerse parte del mismo lenguaje ultra, acusando al presidente del Senado de no dar garantías de gobernabilidad y a los magistrados del poder judicial de ser muy garantistas.
Es cierto que en democracia hay que cuidar las instituciones, pero la ocupación de un recinto del Senado por un grupo minoritario del movimiento y con escasa representación no es comparable al golpe militar promovido, apoyado y avalado por la ultraderecha, incluida la misma violencia que generaron los militares. De destrucción de las instituciones sí que sabe la ultraderecha de nuestro país.
El gobierno ya ha definido una estrategia clara. Tanto en los medios de comunicación como en sus distintos planteamientos y acciones se ha invocado el lenguaje ultra para caracterizar al movimiento estudiantil, el encapuchado ya nos resulta familiar y es un invitado constante en nuestras casas cada vez que buscamos (des)informarnos a través de los distintos noticieros, ya casi no se habla del fondo del conflicto, solo se hace mención a los “disturbios” dirían los más siúticos, a las tomas “ilegales” dirían los más jurídicos e institucionalistas, a los encapuchados-anarquistas-estudiantes dirá el gobierno.
Y es que los ultras se han tomado el control de todo, de las acciones, de las sanciones, de las decisiones y por cierto del gobierno. El lenguaje ultra ha sido útil, ya que si bien las demandas por un Chile más justo en materia educacional siguen estando en la mayoría de los chilenos, también existe un importante sector que está cansado de la movilización por que ésta cansa y desgasta.
El lenguaje del ultra en este caso no proviene de los estudiantes, que desde hace cinco meses mantienen el mismo discurso y las mismas demandas, sino que desde el gobierno, desde la autoridad legitima que utiliza en forma también legitima -según MaxWeber- el uso de la violencia, no solo de la fuerza física que se manifiesta en cada movilización por parte de las fuerzas de seguridad y orden, sino aquella que es verbal, simbólica, que está en la construcción del discurso ultra, que se visibiliza constantemente en los medios, y que se materializa con un conjunto de medidas.
“La Confech ha sido tomada por los ultras” habría dicho el vocero de gobierno, aplicaremos la Ley de Seguridad Interior del Estado diría el ministro. Así como se envía un proyecto de ley al Congreso para criminalizar las tomas y otras acciones utilizadas en cualquier movimiento social, se desaloja con fuerzas especiales las sesiones de la Cámara de Diputados por parte de un presidente ultra, mientras otro diputado ultra atenta violentamente contra una mujer embarazada, y a su vez los senadores ultras piden la cabeza del presidente del Senado por un desalojo pacífico.
Ultras en contra de ultras. Ultras que se manifiestan violentamente en cada marcha y que siendo una considerable minoría del movimiento se las arreglan para fatigar a las fuerzas especiales y romper con todo (privado o público no hay distinciones), en contra de otros ultras que sin capucha utilizan el lenguaje simbólico de la violencia en los medios, y extreman sus posiciones hasta la legitimación de la violencia por parte del Estado.
Pero existe una diferencia entre unos ultras y los ultras del gobierno. Mientras los primeros se manifiestan cada cierto tiempo en hechos más o menos aislados enfrentándose a la fuerza pública, de manera minoritaria, y muchos de ellos sin ningún gran discurso, el gobierno lo hace como una estrategia que tiene distintas dimensiones. Una comunicacional instalando el discurso ultra en la opinión pública a través de los medios de comunicación, otra ideológica transversalizada por el rol que se le asigna al mercado en todas las relaciones humanas, incluida la educación.
La más preocupante es aquella simbólica que hace referencia a lo más característico de nuestra ultraderecha, expresada en distintas acciones que contribuyen a radicalizar el conflicto, que se potencian con leyes de seguridad interior, con proyectos de ley anti tomas, con el uso y abuso excesivo de la violencia (instrumentalizando a la fuerza pública) que raya en los limites de la legalidad. Pero por sobre todo que se parapeta en la radicalidad de la ideología, en la defensa de los intereses y del modelo, aquel que la ultraderecha que gobierna defenderá incluso con el precio de la democracia. Y es que en nuestra ultra derecha están los más ultras de todos.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
