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Delincuencia, Drogas y Salud Pública

por 15 noviembre 2011

Si continuamos copiando el modelo anti prohibicionista instaurado por los EEUU lograremos parecernos aún más a Colombia, México y Centro América. Cuando veamos como la sangre es derramada por causas similarmente absurdas y cuando los niveles de consumo sigan creciendo va a ser demasiado tarde.

Hace solo días el presidente de Colombia, J.M. Santos (Centro derecha), ha declarado estar a favor de la legalización de las drogas como fórmula para terminar con las “violentas” ganancias que emanan del narcotráfico y que financian y empoderan el crimen organizado. Esta teoría no es nueva, hace ya tiempo que muchos de quienes trabajamos en políticas de drogas venimos repitiendo que la legalización y regulación de los mercados de las drogas ilícitas son acciones necesarias para desarticular el poder de los narcos en América Latina y el mundo. La Guerra Contra las Drogas, basada en el prohibicionismo extremo, lleva 40 años de desastre y trillones de dólares mal gastados.

No cabe duda que Colombia, junto con México y países de Centro América representan lo más extremo de esta fallida guerra. La situación ahí está fuera de control. En el país liderado por Santos ya hace bastantes años que las FARC tomaron control de las diferentes etapas de producción y venta de drogas financiando así gran parte de su organización. En México diversos carteles han cobrado la vida de más de 50 mil personas, 500 Diputados y transformado a mas de 40,000 niños en huérfanos durante los últimos 4 años. Centro América es la nueva victima, en países como Honduras ocurren 20 homicidios diarios, gran parte de estos cometidos por pandillas empoderadas con dinero narco.

Si continuamos copiando el modelo anti prohibicionista instaurado por los EEUU lograremos parecernos aún más a Colombia, México y Centro América. Cuando veamos como la sangre es derramada por causas similarmente absurdas y cuando los niveles de consumo sigan creciendo va a ser demasiado tarde.

Chile todavía mantiene distancia de estas realidades, pero no por eso deja de ser un país donde el errado enfoque hacia las drogas es también un desastre. Nuestra legislación respecto a las drogas es hipócrita e incoherente, y como muchas de nuestras leyes, dejan al ciudadano desnudo frente a los irracionales criterios de la fuerzas de orden. Las consecuencias son claras: somos unos de los máximos consumidores de cocaína en la región; más de 75 mil personas son arrestadas por motivo de la ley 20,000 y el estado reprime y destruye la vida de consumidores y microtraficantes (siendo las mujeres y sus familias los principales afectados). Mientras tanto, los narcos se empoderan, mueven droga con facilidad desde nuestros puertos al mundo y en algunos sectores del país, ya han reemplazado al estado ejerciendo control absoluto de calles y barrios. El atar, justificar y explicar la problemática de las drogas bajo parámetros ligados mayoritariamente a la delincuencia y la seguridad ha sido nuestro más grave error.

El Gobierno de turno no ayuda. Su enfoque retrógrado respecto a la seguridad ha acrecentado la incoherencia. El recién re inaugurado Plan Frontera Norte es la mejor prueba de ello: un millonario gasto que culpa a las drogas por otros problemas fronterizos que el estado quiere “solucionar”. Además, reprimiendo a consumidores y microtraficantes es como justifican avances relativos en una política (promesa) anti delincuencia que ha demostrador ser un fracaso.

Antes que sea demasiado tarde, es necesario que como país avancemos en una política coherente y un enfoque realista frente a las drogas. Esto se puede conseguir en 4 grandes pasos.

1.-Debemos separar la política de drogas con la política anti tráfico. El consumo, ya sea a niveles recreativos o problemáticos, debe ser abordado como un tema de salud pública. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Ex CONACE) debe depender del Ministerio de Salud y no de Interior. El consumo ya sea recreativo o problemático es un tema sanitario. En consecuencia, los consumidores deben ser dejados en paz y el estado debe enfocarse en educar, prevenir y rehabilitar a sus ciudadanos, no a “deformarlos” con la estigmatización o tras las rejas. Es aquí donde debe primar una política de reducción de daños, que permita que el consumo de drogas se haga con la máxima seguridad posible y complementada con educación honesta y basada en la ciencia.

2.- Dejar en paz a los consumidores significa dejar de arrestarlos y acosarlos. Los esfuerzos por detener injustamente a más de 40 mil personas al año por porte y consumo son absurdos. Perseguir pitos y plantas es un pasatiempo demasiado costoso. Estos recursos deben ser usados principalmente para la prevención y rehabilitación y posteriormente para combatir el crimen organizado. ¿Qué incentivo tiene un ciudadano para acercarse a pedir ayuda cuando sabe que el estado lo criminaliza por consumir? ¿De qué sirve reprimir a la demanda y enfocarse solo cosmeticamente en la oferta?

3.- Luego de lograr los pasos previos, es necesario legalizar y regular el consumo, porte y cultivo de marihuana. Con esto lograríamos quitar ya gran parte del ingreso de los narcos. Pero por sobre todo, avanzaríamos en regular, velando por la calidad y por sobre todo en terminar con la inseguridad de quienes la adquieren. Es más, los consumidores deberían pagar un impuesto que se use mayoritariamente para planes de prevención y rehabilitación.

4.-Acto seguido, será tiempo de iniciar el debate respecto a la legalización y regulación de otras drogas hoy ilícitas. Todo esto contemplando aristas educativas, pragmáticas y lejanas de tabúes ideológicos y trabas morales. Un debate honesto aparte de educar a la ciudadanía también debería eventualmente conseguir quitar otras drogas de las manos de los narcos y por ende su principal financiamiento. No se trata solo de la cocaína sino que de otras sustancias experimentales pasando hasta por los “jarabes” de San Pedro que se venden en la plaza San Enrique.

Existe un rango diverso de opiniones respecto a cómo deberían ser las políticas de drogas ideales. Van desde quienes argumentan por la libertad absoluta del individuo de hacer con su cuerpo lo que le de la gana, pasando por los anti prohibicionistas, los promotores de la reducción de daños, quienes por criterios meramente económicos y de seguridad creen que la legalización, hasta quienes creen que las drogas deben ser erradicadas de la faz de la tierra. Todos tienen la razón hasta cierto punto, pero depende de cada pueblo decidir como construye su enfoque. También podemos mirar a otros países como ejemplo. En el año 2000 Portugal descriminalizó la posesión de drogas pudiendo así enfocarse en los grandes traficantes y organizaciones criminales y contrario a “creencias populares” demostrando una reducción en el consumo y adicción a las drogas.

En Chile ocurre lo mismo. Si continuamos copiando el modelo anti prohibicionista instaurado por los EEUU lograremos parecernos aún más a Colombia, México y Centro América. Cuando veamos como la sangre es derramada por causas similarmente absurdas y cuando los niveles de consumo sigan creciendo va a ser demasiado tarde. Durante las últimas conferencias de Políticas de Drogas en México y posteriormente en California, fui enfático en argumentar que en América Latina “No necesitamos otro consenso de  Washington” respecto a las drogas, y dando el ejemplo de Chile, alumno predilecto de EEUU, grafiqué como países que normalmente no están en medio del debate, van por muy mal camino. La hipocresía, el oportunismo político, el simplismo en el análisis y la carencia de debates pragmáticos nos tienen adictos a un modelo fallido que poco y nada tiene que ver con nuestra realidad.

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