La respuesta del gobierno a la crisis ha conjugado una serie de medidas típicamente populistas, tales como: irresponsabilidad fiscal, intervención en otros poderes del Estado, represión, propuesta de leyes con penas desproporcionadamente altas, manipulación de los indicadores sociales; junto con un estricto apego al diseño educacional de la dictadura.
El gobierno de Sebastián Piñera y el sistema político en general viven una profunda crisis de legitimidad. En las últimas encuestas la aprobación del gobierno se ha situado inéditamente en torno al 25%.
La crisis no tiene una salida fácil. El sentido común de la ciudadanía, al menos en educación, se desplazó totalmente a la izquierda. El descalce entre el pensar del gobierno y la ciudadanía es total: se demanda a los paladines de la desregulación y el negocio como solución de todos los problemas de la sociedad, un cambio radical de nuestro sistema educacional en la dirección opuesta a sus creencias más profundas.
Frente a tales demandas al gobierno le hubiera gustado decir “no”, pero dado el amplio apoyo y tenacidad del movimiento ha tenido que elaborar un discurso errático, llegando incluso a hacer el ridículo en la ONU diciendo que la lucha de los estudiantes es “hermosa”, mientras no cede a sus demandas y propone leyes que de haber existido este año muchos de los estudiantes y dirigentes estarían hoy en la cárcel.
[cita]La respuesta del gobierno a la crisis ha conjugado una serie de medidas típicamente populistas, tales como: irresponsabilidad fiscal, intervención en otros poderes del Estado, represión, propuesta de leyes con penas desproporcionadamente altas, manipulación de los indicadores sociales; junto con un estricto apego al diseño educacional de la dictadura.[/cita]
En términos del análisis político esta crisis nos ha permitido ver cuáles son las características irrenunciables de la derecha, lo que realmente la constituye. Una coalición política puede decir muchas cosas en frio, pero es al calor de los momentos tensos, donde hay perder algunas batallas para no perder la guerra, que se desnuda el carácter real de una colación política.
En efecto, aún cuando la derecha vive dando cátedra sobre la importancia de la sanidad de las cuentas fiscales, con su gran respuesta a este conflicto, los 4.000 millones de dólares del GANE (que se compone de ingresos transitorios), demostraron que este principio no es parte de su ADN. El ministro Bulnes incluso ha llegado a decir que, una vez que el fondo se acabe, será responsabilidad del próximo gobierno ver como financia los compromisos asumidos por el actual, pasando a llevar el principio básico de finanzas públicas, a saber, los gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes (e.g. impuestos).
Esta actitud ha sido coronada con lo propuesto en la ley de presupuesto. En ésta no sólo se incluye un aumento menor del gasto en educación, por debajo del promedio de los últimos años (cuando se nos dice que se hará un esfuerzo especial), sino que además parte importante de ese aumento es con ingresos transitorios (del GANE), configurando un mix de demagogia y poca seriedad fiscal.
A su vez, presionados por la baja popularidad y su incapacidad de dar soluciones de fondo, el gobierno en los últimos días ha pasado a llevar dos principios que la derecha señala defender. Por una parte, el ministro de justicia ha dicho públicamente que los jueces que no interpreten la ley de acuerdo a la postura del gobierno, de mano dura, tendrán una mayor dificultad en su asenso en la carrera judicial, vulnerando la independencia de los poderes en el Estado. Por otra parte, el ministro de Mideplan ha señalado que el gobierno dará un bono de 10 mil pesos a las familias de menores ingresos justo en los meses en que se toma la encuesta CASEN. Ya que este bono es único, pues no involucra un compromiso financiero del gobierno permanente, su entrega parece una forma descarada de disminuir la pobreza por secretaría, erosionando seriamente la confianza en nuestros instrumentos de medición de la efectividad de las políticas públicas.
Pero así como ha pasado a llevar principios que decía defender, el gobierno ha sido inflexible en cuanto a las demandas de fondo de los estudiantes. Por una parte, ha defendido mantener los mecanismos que permiten que los padres accedan a una calidad educativa diferente dependiendo de sus ingresos. Por otra parte, ha llevado a cabo una fuerte campaña a favor de la posibilidad de lucrar en educación, mezclando mañosamente el lucro con el derecho a elección de los padres.
En cuanto al primer punto, resulta paradigmática la negativa a terminar con el financiamiento compartido. En esto no hay que perderse, la derecha sabe que el país puede hacer un esfuerzo financiero para remplazar el financiamiento privado y dar igual acceso a los colegios subsidiados, privados o públicos, sin importar el nivel socioeconómico del alumno. Sin embargo, aceptar el argumento de que no es aceptable que alumnos accedan a una educación distinta según la billetera de sus padres, significa –en buena hora- abrir la puerta para la crítica al cobro de los colegios privados pagados, de los cuales pocas veces se habla y que son los reales causantes de la desigualdad en Chile.
Respecto al segundo punto, aun cuando es un cambio que habría que hacer gradualmente, la derecha –salvo honrosas excepciones como Lily Perez- no ha mostrado ningún interés en avanzar en la eliminación del lucro en educación. Aunque Chile es una excepción a nivel mundial al entregar recursos públicos a colegios privados que lucran, el gobierno prefiere confiar más en sus dogmas, donde el incentivo del negocio todo lo soluciona, que en la experiencia internacional.
Así, la respuesta del gobierno a la crisis ha conjugado una serie de medidas típicamente populistas, tales como: irresponsabilidad fiscal, intervención en otros poderes del Estado, represión, propuesta de leyes con penas desproporcionadamente altas, manipulación de los indicadores sociales; junto con un estricto apego al diseño educacional de la dictadura (mantenido en los gobiernos democráticos). De esta manera, el gobierno de Piñera ha pretendido inaugurar una nueva forma de populismo. Uno en que se toman las medidas propiamente populistas -sin tocar los temas de fondo- pero en que novedosamente no se consigue el apoyo de la gente.
