Esta es pues, una oportunidad inigualable para el Presidente. Es el momento de convocar a los empresarios más grandes del país a una mesa en que se discuta el relato revivido por Ibáñez. Los empresarios han manifestado su voluntad de colaborar con el restablecimiento de las confianzas ciudadanas, con una épica y nuevo ímpetu de desarrollo, que lleve a Chile y a todos los chilenos sin excepción a las ligas mayores. Pero quien habla en serio, habla con sus bolsillos.
El empresario del comercio Nicolás Ibáñez, en columna del 16-01-12 en El Mercurio, ha instado al Gobierno a volver sobre el programa de “oportunidades, valores y seguridades” planteado por el Presidente Sebastián Piñera, llamándolo a actuar en positivo y no renegar de la esencia de lo que es y representa la Alianza, es decir, el liderazgo “de las ideas y valores de la responsabilidad personal, del trabajo, del mérito individual, el respeto al orden, las leyes y las buenas costumbres” y sobre todo, su vocación de fomentar el emprendimiento y estimular el crecimiento económico, “única forma de lograr una sociedad más próspera, más inclusiva y en paz”.
Demás está señalar que se trata de un relato que a todas luces representa las esperanzas de millones de chilenos que, en su oportunidad, votaron por el actual mandatario, y que, como señalara Ibáñez, lo hicieron porque se “reconoció en ella (la Alianza) una mayor capacidad de gestión para generar más oportunidades”, en un ambiente político democrático, de economía competitiva, libre y abierta al mundo y, por consiguiente, tolerante, diversa y plural. Y agrega, a modo de compromiso, que “las empresas y los empresarios de todos los signos políticos seguiremos colaborando en terminar con la pobreza y desigualdad reinantes”.
[cita] Los empresarios pueden aportar más allá de sus legítimos intereses para evitar “el despropósito” formulado por Ibáñez de que la política sólo muestre sensibilidad social “resaltando abusos de los empresarios”. El Gobierno, en coordinación con los grandes industriales pueden hacerlo con pocas pero efectivas decisiones.[/cita]
Hace unos días, una columna publicada por el diario Financial Times criticó al Presidente Piñera por su “cojera” en el área política, aunque reconoció sus cualidades atléticas en el ámbito de la economía. Aquella está creciendo a tasas superiores a varias naciones del mundo desarrollado, el empleo tuvo un alza récord en 2011, las inversiones se presentan igualmente expectantes y los equilibrios macroeconómicos se han mantenido a pesar de la crisis internacional, evitando alzas de la inflación o caídas bruscas del tipo de cambio, todos hechos que aseguran un buen comportamiento del consumo en particular, y de la economía, en general, para el 2012. Y sin embargo, ha habido más de 2 mil manifestaciones ciudadanas de rechazo.
El llamado de Ibáñez reconoce también este mérito económico, razón por la que recuerda que “no hay nada de malo con ser como fue nuestro Presidente antes de asumir la primera magistratura: un gran empresario”. De allí la relevancia de su opinión, pues revive una épica muy devaluada por recientes denuncias en contra de empresarios que trasgreden la libre competencia, afectando el corazón del modelo de libertades y poniendo en entredicho que “Chile necesita más inversión, más empresas y más empresarios”, como dijera Ibáñez.
Un modelo de libertades en el que sus principales gestores socioeconómicos –las grandes empresas- operan más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) y deciden qué, cómo, cuándo y para quién producir, requiere de la clara conciencia política sobre su papel mostrada por Ibáñez. En efecto, éste no sólo está consciente del valor que implica para una sociedad la existencia de emprendedores de gran calado, sino, además, de “la pequeña y mediana empresa, el caldo de cultivo de las virtudes empresariales”.
Es decir, Ibáñez manifiesta creer que una sociedad de libertades implica libertad para emprender, pensar, expresar, hacer, elegir, con el sólo límite de la ley democráticamente elaborada y un orden fundado en una moral que haga posible una convivencia y resolución pacífica de las controversias que naturalmente surgen en su ámbito. En dicha tarea, no sólo el Estado tiene obligaciones, entre las cuales están las citadas por el columnista: prestaciones de calidad y oportunas “en servicios de salud, de educación, transporte público, servicios policiales, rehabilitación de reos, etcétera”, sino también las empresas, que son el corazón de la creación de riqueza.
Los Estados modernos son cada vez actores menos relevantes en materias económicas, justamente porque se valora que aquel sólo realice aquellas tareas en las que los particulares, protagonistas de las sociedades libres, no pueden o no quieren operar debido a sus bajas, nulas o negativas tasas de rentabilidad. En Chile, de los más de 200 mil millones de dólares del PIB, el Estado gestiona sólo unos 60 mil millones, gran parte de los cuales proviene de impuestos. El resto es operación privada de 4.500 grandes firmas y más de un millón de medianas, pequeñas y micro empresas. Baste esa dimensión para visualizar la urgencia del papel político de las empresas y empresarios y que Ibáñez ha puesto con claridad en el tapete.
Esta es pues, una oportunidad inigualable para el Presidente. Es el momento de convocar a los empresarios más grandes del país a una mesa en que se discuta el relato revivido por Ibáñez. Los empresarios han manifestado su voluntad de colaborar con el restablecimiento de las confianzas ciudadanas, con una épica y nuevo ímpetu de desarrollo, que lleve a Chile y a todos los chilenos sin excepción a las ligas mayores. Pero quien habla en serio, habla con sus bolsillos.
Los empresarios pueden aportar más allá de sus legítimos intereses para evitar “el despropósito” formulado por Ibáñez de que la política sólo muestre sensibilidad social “resaltando abusos de los empresarios”. El Gobierno, en coordinación con los grandes industriales pueden hacerlo con pocas pero efectivas decisiones:
-Liderando la formación de “cluster” con Pymes chilenas como proveedores privilegiados, por sobre las importaciones cuando las últimas sean hasta 10% más caras.
-Mejorando el acceso al crédito de las Pymes para su modernización tecnológica y de equipamiento, siendo avales de sus proveedores.
-Capacitando directa y masivamente a estos proveedores para mejorar su gestión y productividad, según los requerimientos de las empresas que lideres los cluster.
-Pagándoles a sus proveedores a un máximo de 30 días, según la norma propuesta por el Ministerio de Economía.
-Otorgando bonos de participación en las utilidades a los trabajadores, cuando aquellas superen la renta media de la empresa de los últimos cinco años.
-Apoyando inversiones familiares de sus trabajadores en materias de vivienda, salud y educación.
-Promoviendo la formación de sindicatos que sean activos canales para conocer las necesidades económicas y sociales de sus trabajadores.
– Evitando la tentación de eludir impuestos merced a un buen manejo de las leyes tributarias y pagando realmente en proporción a sus ingresos y gastos.
– Promoviendo la asociatividad Pyme, según sus requerimientos de abasto, de manera de maximizar su productividad y acceso a los mercados financieros, cuando hayan madurado.
-Prefiriendo invertir en Chile, cuando los proyectos en el país muestran una tasa interna de retorno hasta 10% inferior a un proyecto alternativo en el extranjero, costo que se paga contra el menor riesgo de colocar dineros en el propio país.
-Aumentando su participación en proyectos de Responsabilidad Social que vayan en beneficio de las poblaciones aledañas a sus instalaciones.
-Mejorando sus estándares medioambientales en la producción de bienes y servicios e informando de modo transparente y permanente a sus entornos sociales pertinentes.
Durante la crisis, las grandes empresas chilenas han perdido más de 20 mil millones de dólares en patrimonio bursátil (10% del PIB) y siguen en buen pie, produciendo. Es previsible que una mesa de consenso Gobierno-empresas en estas áreas solucione gran parte de los problemas que en la política observa hoy el Ejecutivo, cuestión que, no obstante, no significa desplazar para última hora las indispensables tareas de modernización del Estado y, por cierto, en el área de la competitividad, la libertad y participación de los ciudadanos en la construcción de una sociedad políticamente legitimada, pues es desde aquella que se legitima también la libertad económica.
