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El gran error de la transición uruguaya

por 16 marzo, 2012

El gran error de la transición uruguaya
¿Fueron las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay un aparato organizado de poder encargado de la violación sistemática de los derechos humanos? ¿Cuánta responsabilidad comparten en cada uno de los crímenes cometidos? ¿Qué responsabilidad cabe a potencias como EE.UU. y Francia en el adiestramiento y cooperación con las dictaduras? ¿Qué responsabilidad cabe a los civiles involucrados con los gobiernos dictatoriales?
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Para dar cumplimiento a la primera sentencia de condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Uruguay (Caso Gelman), el día 21 de marzo de 2012 el gobierno hará un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas durante la dictadura Cívico-Militar (1973-1984). La sentencia exige que a modo de reparación el Estado, por un lado, investigue y sancione a los responsables, y por otro, lleve a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y recuperación de la memoria de María Claudia García de Gelman, que el gobierno actual ha interpretado como una solicitud de perdón a las víctimas por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en Uruguay. El acto será de gran significancia para todos los ciudadanos del Uruguay y para todos aquellos pueblos que sufrieron instancias similares durante algún periodo de sus historias.

¿Cuál ha sido entonces el error de la transición uruguaya que da título a esta carta? El error es el mismo que comete la CIDH cuando hace derivar al derecho a la verdad del derecho a la justicia, interpretada exclusivamente como justicia penal. El derecho a conocer (o elaborar) la verdad es independiente del derecho a la justicia (penal). Sobre el tema mi trabajo en http://www.kas.de/uruguay/es/publications/29074/. La justicia guarda relación con la memoria y el castigo moral, pero no se realiza la justicia únicamente por medio de una pena, filosóficamente, porque el delito no es más que una parte de la inmoralidad del acto, y sociológicamente, porque el castigo penal ofrece solo una visión sesgada de los hechos. La justicia penal es necesaria en algunos casos, los más graves y contra los que tuvieron mayor responsabilidad, pero ella no sirve para explicar el pasado ni para elaborarlo. Por eso, por haber concentrado el proceso de reacción y elaboración del pasado en las cuestiones penales, ahora la justicia de transición se enfrenta a la primera denuncia penal de las víctimas de los delitos de los guerrilleros cometidos antes del comienzo de la dictadura.

Muchas son las preguntas que al día de hoy quedan sin responder, mucha verdad queda por ser develada o construida. Las verdades oficiales que hoy se enseñan en las escuelas no parecen reflejar los hechos sucedidos. Todo indica que ha llegado la hora de una gran instancia democrático-participativa de encuentro regional que nos permita saber y comprender lo que nos pasó.

Con esta denuncia se pretende poner a prueba la imparcialidad de la justicia uruguaya pero, además, se ofrece una nueva explicación (legitimadora) del terrorismo de Estado. Ahora la justicia penal tendrá que decidir si a estos delitos comunes también se les otorga la misma naturaleza y condiciones de los crímenes cometidos por los terroristas de Estado. Pero esta carta no puede entrar en este tema que debería ser tratado con profundidad casi monográfica. Lo que aquí cabe destacar es que esta denuncia le hará bien al sistema democrático uruguayo para que los victimarios de ayer no se presenten como las víctimas del Estado de derecho de hoy. Pero este objetivo nada tiene que ver con las funciones (y herramientas) del derecho penal (que en el caso de Uruguay, ya tiene sus propios problemas con un procedimiento penal denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, ojalá muy pronto, condenado por la CIDH a modificar su Código del Procedimiento Penal para adaptarlo a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque hoy en día la viola flagrantemente, ante la inoperancia del sistema político y legislativo, que —en un país libre de humo— “fumando espera” una segunda condena del órgano interamericano).

Las primeras etapas del proceso de transición estuvieron marcadas por el olvido absoluto apoyado en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (1986) y un tímido intento de reconciliación con la Comisión para la Paz (2000). El problema y el error de la justicia de transición uruguaya a partir de 2005 es pretender resolver el pasado violento únicamente con la herramienta derecho penal, cuando ella ofrece variados mecanismos para la resolución del pasado (puede consultarse en internet mi trabajo sobre el tema en http://www.kas.de/wf/doc/kas_15990-1522-4-30.pdf?090629220310) a los que la transición uruguaya no ha recurrido (http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2011-6-5080&dsID=Documento.pdf). Lo cierto es que en ninguna de las etapas de este proceso de transición las víctimas han tenido un lugar de encuentro con los victimarios, del mismo modo que tampoco ha existido un espacio para el esclarecimiento (o elaboración) de la verdad. El proceso de transición uruguayo y, fundamentalmente, la elaboración del pasado en Uruguay requieren de una instancia democrática centrada en la memoria y en el conocimiento de la verdad que indique aquello que hay que recordar, sin que esto provenga (ni pueda provenir) de la decisión imperativa de un juez ni de una “verdad oficial”, porque la verdad surgirá de un proceso de encuentro entre todos los ciudadanos.

Y esta instancia solo puede venir de la mano de una comisión de la verdad, democrática, participativa, en la que entre todos los involucrados se pueda llegar a la concreción de un relato que permita explicar lo difícil de comprender y de asumir. Pero esta instancia tiene que contar con todas las voces, si bien las de las víctimas son indispensables, esta instancia no puede excluir a ninguna voz con capacidad de comunicar sobre los acontecimientos violentos del pasado. Y como esta instancia no ha existido, ahora los ex terroristas de Estado (que con todo derecho frente al juez inquisidor callan o mienten) obligan a los ex terroristas (tupamaros) a callar y a mentir para que la verdad permanezca oculta y bajo tierra esperando por nuevas excavaciones que aporten más desconcierto a las “verdades oficiales” que sin éxito intentaron traer la “paz del alma” a los uruguayos. Sólo mediante una comisión de la verdad que no esté limitada a un delito en particular ni oficie de “recolector de pruebas incriminatorias” para ser usadas en un juicio penal se habrá dado un paso adelante para recordar, comprender y elaborar el pasado, instancia que permita empezar a construir un futuro libre de repeticiones de hechos tan dolorosos como aquellos que el país más democrático de América Latina tuvo que sufrir en el siglo pasado.

Pero el terrorismo de Estado uruguayo no fue un fenómeno aislado, los terroristas de Estado uruguayos no actuaron solos. El Plan Cóndor es el mejor ejemplo de integración en el sur del continente americano, una zona de fronteras abiertas para perseguir, capturar, torturar y hacer desaparecer personas. ¿Fueron las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay un aparato organizado de poder encargado de la violación sistemática de los derechos humanos? ¿Cuánta responsabilidad comparten en cada uno de los crímenes cometidos? ¿Qué responsabilidad cabe a potencias como EE.UU. y Francia en el adiestramiento y cooperación con las dictaduras? ¿Qué responsabilidad cabe a los civiles involucrados con los gobiernos dictatoriales? ¿Por qué los militares uruguayos tendrían interés en asesinar al químico chileno Berríos? ¿Por qué los niños uruguayos separados de sus padres eran entregados a familias chilenas en “adopción”? ¿Por qué los miembros de los grupos guerrilleros permanecen callados como si fueran “víctimas inocentes” del aparato militar? ¿Cometieron los guerrilleros también crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué actuaron de esa forma unos y otros? ¿Qué explicaciones, por fuera de sus plataformas reivindicativas, y discursos legitimadores nos han brindado hasta este momento? ¿Por qué el pueblo uruguayo por dos veces ha defendido la “amnistía” para los terroristas de Estado? ¿Por qué existe en Chile una calle que “recuerda” o “conmemora” el Golpe de Estado? ¿Por qué razón en Uruguay la imagen del dictador Bordaberry es tan denostada y en Chile la de Pinochet respaldada por gran parte de la población? ¿Dónde están, aún hoy, los desaparecidos?

Muchas son las preguntas que al día de hoy quedan sin responder, mucha verdad queda por ser develada o construida. Las verdades oficiales que hoy se enseñan en las escuelas no parecen reflejar los hechos sucedidos. Todo indica que ha llegado la hora de una gran instancia democrático-participativa de encuentro regional que nos permita saber y comprender lo que nos pasó para construir un futuro libre de repetición, prejuicios y heridas sin sanar.

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