Las últimas explosiones sociales pueden verse como un descontento con el actual gobierno, como una insatisfacción con el sistema económico o como un intento de pequeños grupos fuertemente motivados para desestabilizar el gobierno y obtener futuras victorias políticas.
Seguramente hay una mezcla de estos elementos; la realidad nunca es tan simple que pueda explicarse sólo por un factor. Si bien es difícil hacer un análisis sin la perspectiva que da el tiempo, se puede ver un problema de fondo como elemento importante en estas erupciones. La falla, si es que se le puede llamar así, parecer ser política o civil.
Por ejemplo, es cierto que las regiones han sido postergadas, pero ¿acaso no tiene cada región igual cantidad de senadores que la Metropolitana? El centralismo en Chile pesa y la política actual no se presta para muchos cambios, pero ¿no son las regiones, frente a la capital, una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados? ¿Se puede decir realmente que las regiones, o los jóvenes, no tengan representación (siendo que en el Congreso hay ocho partidos, además de independientes)?
Podríamos preguntar si alguno de los dirigentes sociales actuales ha intentado usar los causes representativos normales de una democracia: escribir al diputado que lo representa (Sandoval y Alinco para Aysén), pedir audiencia con el Intendente, comenzar una campaña de prensa, lanzar la propia candidatura… Hacerlo así es lento y tedioso, pero es civil y democrático, es decir político y no es necesario destruir nada ni herir a nadie.
Es natural que con el tiempo los partidos –que mueven el sistema político- pierdan agilidad, entonces la tentación de abandonar la política y usar la violencia es fuerte, porque logra resultados rápidos y da una notoriedad difícil de obtener de otra forma. Es alarmante que quienes hacen esto no reciban el repudio general, sino a lo más una reacción tibia de rechazo a sus métodos. Será que hay poca comprensión de la actividad política.
Es contradictorio, además, que algunos pidan a la a la comunidad política ciertos beneficios, pero al lo hagan de modo anti-social. Se hacen demandas sociales, pero desde fuera de la sociedad. Unos sólo tienen derechos y los exigen de cualquier manera, y son otros los que tienen deberes respecto de los primeros, sin el derecho a ser interpelados de civilmente.
El recurso a la fuerza es legítimo, entre otras condiciones, cuando se han agotado todos los cauces pacíficos para lograr un buen fin. Se ve demasiada precipitación en llegar a esto. No parece que la situación del país sea tan grave como para hacer una completa renovación institucional ni que las cosas no puedan lograrse sin violencia.
Es poco probable que las soluciones a los problemas del país (centralización, educación, pobreza) vengan de personas que a la primera abandonan el vínculo político y social, recurriendo a la violencia amparada en un par de consignas. La realidad siempre es más compleja que una frase de barricada y la política, por lenta que sea, es una expresión de eso.
