Debemos entonces comenzar el debate y resolver los puntos conflictivos que contiene el proyecto de ley. De no ser así, los resultados de la Evaluación Docente y de las variadas pruebas que año tras año vemos analizados en los medios de comunicación (Inicia, Simce, PSU), seguirán formando parte de un “festival de números”, que mucho nos dicen de los problemas de la Educación, pero poco aportan para solucionarlos.
La semana pasada fueron entregados los resultados de la Evaluación Docente. En términos generales, los números siguen una tendencia estable desde el 2007 a la fecha, con un porcentaje mínimo de profesores en el nivel insatisfactorio (2%), un grupo cercano al 30% en el nivel básico, un alto porcentaje de docentes en el nivel competente (alrededor del 60%), y un pequeño grupo de educadores en el nivel destacado (7%).
En la medición se evaluaron 12.223 profesores, con una tasa de resistencia (docentes que se niegan a la evaluación sin causa justificada) de apenas un 2.3%. Esta cifra reafirma los resultados de la “Encuesta de Carrera Docente” realizada por el ministerio entre el 25 de enero y el 12 de febrero del presente año, donde se demuestra la disposición de los profesores a ser evaluados, tanto para ingresar al sistema como para determinar sus remuneraciones. Así, ambos instrumentos nos obligan a cuestionar fuertemente el mito de un gremio resistente a la evaluación, uno de los elementos más utilizados a la hora de criticar la labor docente.
[cita]Debemos entonces comenzar el debate y resolver los puntos conflictivos que contiene el proyecto de ley. De no ser así, los resultados de la Evaluación Docente y de las variadas pruebas que año tras año vemos analizados en los medios de comunicación (Inicia, Simce, PSU), seguirán formando parte de un “festival de números”, que mucho nos dicen de los problemas de la Educación, pero poco aportan para solucionarlos.[/cita]
Sin embargo, esta evaluación también evidencia una serie de problemas que ya son conocidos. Existe un número importante de profesores (3.500 en esta medición) que no alcanza un nivel de desempeño adecuado. Además, incluso aquellos calificados como competentes obtienen resultados inferiores al mínimo esperado en siete de las ocho dimensiones que evalúa el portafolio, principal elemento de medición en la Evaluación Docente.
Por otra parte, los resultados de este último instrumento no guardan relación alguna con la autoevaluación realizada por los profesores. Mientras el 82.9% de los docentes obtiene un resultado básico en el portafolio, el 86.5% se autoevalúa como destacado.
Ahora bien, ante problemáticas graves y que tienen un diagnóstico claro desde hace ya varios años, es importante preguntarse qué medidas está tomando el país para solucionar dichas dificultades.
Y sin duda es el reciente proyecto sobre nueva Carrera Docente la respuesta más contundente que ha elaborado el Gobierno para dar solución a los varios y graves conflictos que presenta el ejercicio de la labor docente. Este proyecto es una propuesta seria, con importantes elementos que la posicionan como un tremendo avance en relación a la actual legislación. Sin embargo, graves falencias como la no inclusión del sector Particular Subvencionado y la omisión de las Educadoras de Párvulos nos obligan a comenzar un debate que permita optimizar el proyecto, transformándolo en una real solución a la crisis de nuestro sistema educativo.
Por esta razón, y a pesar de que el proyecto estipula que la nueva carrera no incluye a los profesores que actualmente se encuentran en ejercicio (pueden ingresar de forma voluntaria), es fundamental analizar cómo responde el proyecto a los problemas identificados a partir de los resultados recién expuestos.
En este sentido, por ejemplo, el 38% de los profesores de la presente Evaluación Docente cuenta con, a lo menos, una evaluación previa. De ellos, el 18% clasificado en las categorías más altas en la primera evaluación baja al nivel básico o insatisfactorio, mientras que el 65% evaluado en las categorías inferiores en aquella instancia obtiene resultados que los ubican en los niveles competente o destacado en la segunda evaluación. Estos datos demuestran la importancia de la formación continua de los profesores, elemento que no es recogido por el proyecto de ley. La evidencia internacional señala que el acompañamiento y la formación continua de los docentes son claves para un ejercicio correcto de la profesión, por lo que preocupa que la ley no se haga cargo de esta situación.
Así mismo, si bien es cierto los docentes formados en Universidades tienen mejores resultados que aquellos provenientes de IP o Escuelas Normales, los resultados no presentan grandes diferencias entre ellos. ¿Cuál es la responsabilidad que recae entonces en las instituciones de Educación Superior a la hora de evaluar la calidad de los profesores? La nueva Carrera Docente establece la obligación de rendir la PSU, estudiar en una institución acreditada, y aprobar un test de habilitación para ejercer en el sistema subvencionado. Sin embargo, no establece sanciones para dichas instituciones en el caso de que un alto porcentaje de sus egresados reprueben esta medición. ¿Es justo que toda la responsabilidad se atribuya al alumno cuando sabemos de instituciones de pésima calidad acreditas por un sistema absolutamente desacreditado?
Finalmente, el proyecto de ley propone una nueva forma de Evaluación Docente, en donde una medición centralizada evalúe conocimientos y habilidades, mientras que una evaluación local, a cargo de los directores de cada establecimiento, evalúe el desempeño en aula de cada profesor. La actual evaluación, que mide principalmente el desempeño de los docentes mediante una evaluación centralizada, salvo pequeños ajustes, no será modificada y se espera desaparezca por el traspaso de docentes a la nueva carrera y con el paso de los años.
Preocupa que durante un periodo de tiempo no menor convivan diferentes criterios de evaluación, estructuras salariales disímiles y condiciones laborales (como el número de horas lectivas) distintas. Por lo tanto, resulta necesario fortalecer el talento de la actual planta docente a través de propuestas serias de perfeccionamiento y apoyo pedagógico lideradas por los equipos directivos y sostenedores de los establecimientos.
Debemos entonces comenzar el debate y resolver los puntos conflictivos que contiene el proyecto de ley. De no ser así, los resultados de la Evaluación Docente y de las variadas pruebas que año tras año vemos analizados en los medios de comunicación (Inicia, Simce, PSU), seguirán formando parte de un “festival de números”, que mucho nos dicen de los problemas de la Educación, pero poco aportan para solucionarlos.
