Las causas de la crisis de la educación pública no son solo ni principalmente económicas; las verdaderas razones del deterioro creciente de la educación pública están en su institucionalidad y en las desequilibradas relaciones de competencia que debe mantener con la educación particular.
La educación pública está en una crisis que se arrastra y se agudiza: desde los 80 comienza a darse un cambio en la proporción de la matrícula atendida por el subsistema público y el particular subvencionado: en 1981 el sistema público atiende al 78 % y el particular subvencionado al 15 %; en 1990 el 60 % de la matrícula seguía siendo pública y el 31 % era particular subvencionado; hoy (2012) las proporciones se invierten: la mayoría, el 54 %, es particular subvencionado y solo el 38 % es municipal. Pese a esta pérdida de peso relativo, hasta comienzos de los 2000 la educación municipal seguía creciendo. Desde entonces (2002) comenzó a perder más de 60.000 estudiantes por año.
Se trata de un enfermo que hay que salvar. Es indudable la importancia de una buena educación pública para la igualdad de oportunidades y la cohesión social, características básicas de una sociedad democrática. El Estado no puede asegurar a todos y todas, en cualquier lugar y circunstancia, el derecho a una educación de calidad sino cuenta con el órgano para garantizar este derecho que no es otro que un buen sistema nacional de educación pública. Adicionalmente, más allá de superintendencias y agencias de aseguramiento, la calidad del sistema público termina siendo el referente real y concreto de la calidad de la educación de un país. Por último, el sistema público está llamado a ofertar la opción de una educación abierta, pluralista y con mixtura social que muchas familias chilenas desean para sus hijos e hijas.
[cita]Las causas de la crisis de la educación pública no son solo ni principalmente económicas; las verdaderas razones del deterioro creciente de la educación pública están en su institucionalidad y en las desequilibradas relaciones de competencia que debe mantener con la educación particular.[/cita]
Para lograr este socorro, el salvavidas que hoy se propone es la inclusión en el Presupuesto 2013 de un “fondo de revitalización” de la educación pública. Representantes de la Confech, rectores, el Colegio de Profesores y parlamentarios, han solicitado un monto de 250 millones de dólares. El Gobierno por su parte aceptó inicialmente un fondo de 95 millones y se abrió después a la cifra de 125 millones. Este fondo, de concretarse, será una importante ayuda para la educación municipal, permitirá aliviar una situación financiera que en muchos municipios es dificultosa, se podrá pagar deudas, mantener algunos establecimientos que sin mediar esta ayuda habría que cerrar, pero ¿logrará “revitalizar” a la educación pública?
Personalmente creo que no. Las causas de la crisis de la educación pública no son solo ni principalmente económicas; las verdaderas razones del deterioro creciente de la educación pública están en su institucionalidad y en las desequilibradas relaciones de competencia que debe mantener con la educación particular. En este contexto hay tres factores principales de la crisis: el financiamiento compartido, la institucionalidad municipal y el desequilibrio entre recursos y obligaciones.
El financiamiento compartido en educación básica solo es posible en educación particular subvencionada; en media está abierto también a la educación municipal, pero su existencia es marginal y cuando existe se trata de un pago que no es exigible a los padres (como lo es en la educación particular). ¿Cuál es la consecuencia de esta modalidad? Como el sentido común nos dice que (i) lo más caro es mejor y que (ii) el buen papá y la buena mamá deben dar lo más y mejor que puedan a sus hijos, el resultado del sistema de financiamiento compartido es que los niños se van ordenando en las escuelas según la capacidad de pago de los padres y solo quienes no tienen como solventar una colegiatura, por baja que sea, llevan a sus hijos a la educación pública. En suma: la educación pública termina siendo solo para los más pobres; tener que llevar a los hijos ahí implica exhibir la propia indigencia y aceptar que ellos no lograrán en la escuela lo que podrían alcanzar en una escuela de copago.
La actual administración “municipal” de la educación pública suma pobreza sobre pobreza. Todos sabemos que la pobreza en Chile posee también una dimensión territorial. La municipalidad de Cerro Navia o de Tirua no cuenta con las mismas posibilidades que Las Condes o Antofagasta para mantener su educación municipal. En otras palabras, el actual sustento administrativo de la educación pública disminuye su potencial rol igualador. La educación pública, en manos municipales, no le asegura la misma educación a todo chileno o chilena, con prescindencia de su lugar de residencia.
A esta, ya compleja situación, se le agrega un tercer factor: nuestra legislación prevé una igualdad de trato financiero entre la educación privada y la pública, lo que no se condice con la gran diversidad de obligaciones. Para poner la más extrema: la educación municipal es en Chile el órgano del Estado encargado de cautelar el cumplimiento del derecho a la educación, vale decir el municipio está obligado a darle educación a todos los que no la están recibiendo, aunque no sea rentable hacerlo.
En suma, el fondo de revitalización de la educación pública debe ser aplaudido, si se logra 250 millones y se les usa bien: doble aplauso; pero junto con elogiar esta medida hay que encaminarse a transformaciones más estructurales. Es preciso concordar una fórmula para terminar progresivamente con el financiamiento compartido. Es necesario también dar pasos hacia una real desmunicipalización de la educación, teniendo en cuenta que el sistema de administración que remplace a los municipios debe contar con recursos acordes a las obligaciones que la ley le impone.
