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Peña, los rectores y la estrambótica democracia universitaria

por 28 noviembre, 2012

Peña, los rectores y la estrambótica democracia universitaria
La mayoría de las universidades públicas tienen estatutos particularmente interesantísimos, por la paradoja controvertida que contienen, pues en efecto, después de más de 20 años de democracia, aún poseen los Estatutos Orgánicos de Pinochet, y todos completamente vigentes y operativos.

Los movimientos sociales en tanto movimientos estudiantiles universitarios, a excepción de contados casos, siempre han demandado a quienes gobiernan las instituciones una actualización democrática en sus prácticas de toma de decisión, en sus estructuras de gobierno y en la distribución del poder político universitario, todo esto cohesionado al mismo tiempo con demandas de orden académico, por supuesto.

Pues bien, una de esas excepciones fue sin duda lo ocurrido durante la movilización estudiantil del año 2011, donde los estudiantes pactaron tácita o explícitamente con los rectores un trato de colaboración con las demandas que fundamentalmente ponían al frente, como actor opositor, al gobierno de Sebastián Piñera, símbolo del neoliberalismo en educación y de la debacle estructural del sistema que mezcla el ascenso del lucro, el mercado y el sobreendeudamiento con el descenso hasta su desaparición del derecho a una educación laica, pública y gratuita.

En este sentido, hay que recordar que al inicio de la movilización del año 2011, algunos rectores de importantes universidades públicas, marcharon por las calles de Santiago codo a codo con Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros, es decir, se sumaron desde el inicio a las demandas estudiantiles, lo que aportó a la movilización sentido de unidad y transversalidad que, aunque no puede ser interpretado como causal, sirvió para la posterior masificación social de las demandas que alcanzaron porcentajes altísimos de aprobación en la población chilena.

No obstante, ese pacto se fue deteriorando hasta perderse, no solo en la maraña o la vorágine de los acontecimientos coyunturales del año 2011, sino sobre todo, hasta perderse y volver a ser lo que siempre ha sido: un estado de profunda desconfianza por un cuerpo que ha sabido convivir con el extravagante status quo pinochetista, entre el neoliberalismo y el autoritarismo antidemocrático, que quiéranlo o no, representan los rectores de las universidades chilenas para muchos actores entre funcionarios, académicos y estudiantes. No fundamentalmente por la estructuras sistémicas extrauniversitarias, sino precisamente al revés, por los Estatutos Orgánicos que las rigen y ordenan al interior de sus propios límites universitarios.

Aunque un rector cualquiera tenga como uno de los principios éticos de su actuar “el principio democrático”, aunque ese rector haya sido electo “democráticamente”, si su universidad aún posee o está regida por estatutos orgánicos antidemocráticos, quiéralo él o no, tarde o temprano el escándalo antidemocrático cubrirá con un manto de desconfianza sus decisiones y prácticas de poder político universitario. No es un tema personal, por lo tanto, es estrictamente un problema de ordenamiento jurídico político, y si me permiten la ampliación de sentido, se trata fundamentalmente de si las universidades se han donado a ellas mismas estatutos orgánicos mediante un proceso de “asamblea constituyente” o no. Como la respuesta es negativa, sucede que nos encontramos en el caso de Chile con universidades que jurídicamente no se rigen por estructuras democráticas profundas, aceptadas y deliberadas por todos los actores que una universidad tiene en su seno.

El rector Peña se ha transformado en uno de los intelectuales más connotados del país, pero en este punto sensible del que estamos hablando, en uno de los más controvertidos pues, mientras insiste cada domingo en poner sobre el tapete ,mediante sus columnas de opinión en El Mercurio, temas de probidad y justicia democrática, o mientras tiene como lema discursivo  intra universitario la consigna de ser, su universidad, “la más pública de las privadas”, o mientras promueve la reedición de los textos fundamentales de uno de los filósofos más críticos de la intervención militar en las universidades como lo fue Jorge Millas, es decir, mientras el rector Carlos Peña se muestra como un preclaro adalid democrático, paradojalmente, él nunca se ha sometido a proceso electoral democrático alguno y por supuesto, es muy poco probable que se someta a uno.

El déficit de democracia universitaria muy probablemente se transformará en una de las demandas cruciales de la nueva oleada de movilizaciones estudiantiles del año 2013. Y aunque siempre ha sido tematizado este déficit al interior de todas las universidades, es muy probable que se vuelva uno de los leit motiv para el año venidero porque el status quo de los gobiernos universitarios, tal cual él está, resulta cada día más insostenible por su origen y por las prácticas que permite.

Hay que recordar que las movilizaciones estudiantiles son —permítanme nuevamente un abuso metafórico— “organismos vivos inteligentes” y como tales también tienen capacidades de aprendizaje, memoria histórica y sentido de proyección e innovación en los métodos de acción social directa.

Hoy en día no es un estándar para pertenecer al CRUCh, por ejemplo, el poseer estatutos orgánicos democráticos, así como tampoco está dentro de los requisitos de acreditación de las universidades, y en ninguno de los procesos de “calidad universitaria” que el sistema de educación superior tiene. Ahora bien, si se cree que la democracia universitaria no importa como uno de los principios de calidad, entonces es signo preclaro que aún la democracia no se entiende como uno de los elementos constitutivos esenciales —no meramente procedimentales— de la vida de las instituciones superiores. Esto es evidente en todas las universidades chilenas, incluyendo la que más ha avanzado en ello como lo es la Universidad de Chile.

¿Por qué en Chile se ha naturalizado en las Universidades un modo de gobierno abierta y escandalosamente deficiente en su democracia? ¿Por qué las universidades no han podido avanzar más decididamente en profundizar el sentido democrático en su quehacer político cotidiano? ¿Por qué los rectores, que aunque muchos de ellos electos democráticamente, no han replanteado los Estatutos Orgánicos que rigen sus universidades para transformarlas en instituciones con un fuerte principio democrático organizador y distribuidor del poder político universitario?

Digo, para que se me entienda, “muchos de ellos electos democráticamente” porque hay muchos de ellos que no lo son. Uno de los casos más interesantes para reflexionar, por cierto, es el Rector de la Universidad Diego Portales, el intelectual Carlos Peña.

El rector Peña se ha transformado en uno de los intelectuales más connotados del país, pero en este punto sensible del que estamos hablando, en uno de los más controvertidos pues, mientras insiste cada domingo en poner sobre el tapete, mediante sus columnas de opinión en El Mercurio, temas de probidad y justicia democrática, o mientras tiene como lema discursivo intra universitario la consigna de ser, su universidad, “la más pública de las privadas”, o mientras promueve la reedición de los textos fundamentales de uno de los filósofos más críticos de la intervención militar en las universidades como lo fue Jorge Millas, es decir, mientras el rector Carlos Peña se muestra como un preclaro adalid democrático, paradojalmente, él nunca se ha sometido a proceso electoral democrático alguno y por supuesto, es muy poco probable que se someta a uno. Podemos usar su típico argumento contra Sebastián Piñera y decir que si bien, no hay ley que lo obligue, se ve muy mal que en este caso no esté él mismo por sobre la ley.

Esta controvertida paradoja es un caso paradigmático de estudio en el caso de las universidades privadas. También los hay en las universidades tradicionales y —duele mucho decirlo— también en las universidades públicas, ¿cómo así?

La mayoría de las universidades públicas tienen estatutos particularmente interesantísimos, por la paradoja controvertida que contienen, pues en efecto, después de más de 20 años de democracia, aún poseen los Estatutos Orgánicos de Pinochet, y todos completamente vigentes y operativos. Así es, la mayoría de las universidades públicas del país, no tienen estatutos orgánicos que democráticamente se hubiesen donado a sí mismas, sino que en el corazón de su institucionalidad, en el núcleo duro de su gobernabilidad, tienen, aún hoy, estatutos orgánicos que fueron diseñados por y para fortalecer la figura predominante de rectores delegados, para expurgar el espíritu de Reforma, para promover una despolitización espuria, para —en síntesis— llevar a las universidades una forma de gobierno que reflejaba la forma de gobierno que la dictadura impuso en Chile entre 1973 y 1989.

Ciertamente que hay una cultura democrática al interior de las universidades públicas, pero es una cultura que cuando hace crisis, que cuando aparecen conflictos agudos, necesita de una institucionalidad para salir de ellos, y es ahí cuando los estatutos orgánicos diseñados en clave autoritaria antidemocrática muestran todas sus falencias, pues no están sino diseñados para fortalecer el poder unipersonal antes que el comunitario colectivo, y así, rompiendo nudos gordianos nunca se fortalecerá ninguna “cultura” democrática. De todos modos, si usted le pregunta a los Rectores de las Universidades Públicas, seguramente le dirán “estamos trabajando para cambiar los Estatutos Orgánicos…” lo que, ironías aparte, es real.

La historia de estos estatutos orgánicos, propios de la dictadura y operantes durante toda la democracia, es relativamente sencilla. El 13 de Diciembre de 1980 el Diario Oficial publicó el famoso Decreto Nº 3.541 en que se facultaba a Augusto Pinochet reestructurar las universidades del país. Recuérdese que las atribuciones que le fueron entregadas a Pinochet por la Junta Militar le permitieron dictar numerosos decretos con fuerza de ley durante todo el año 1981 que transformaron al sistema de educación superior y lo dejaron —más menos— tal cual hoy lo conocemos, con la balcanización del sistema en universidades regionales, tradicionales y privadas con su ya clásica apuesta neoliberalizadora. Pues bien, esos D.F.L. dispusieron que a contar de su publicación, los Rectores Delegados disponían de 90 días para proponer nuevos estatutos de gobierno en sus respectivas universidades. Imagínese que después de esos 90 días fue de tal envergadura la mala calidad de los estatutos que el ministro de la época Alfredo Prieto Bafalluy ordenó a un equipo comandado por un ex operador de la dictadura en la UTE y en general en todas las universidades, Oscar Garrido Rojas, redactar nuevos estatutos más homogéneos y centrados en la famosa figura de las Juntas Directivas. Esto último, entregado como proyecto a las universidades en septiembre de 1981, tampoco prosperó. ¿Por qué?

Porque “varios rectores no parecieron dispuestos a ceder parte alguna de las atribuciones que venían ejerciendo. Otros no tenían opinión propia y estaban sujetos a la influencia de sus colaboradores más cercanos, los que normalmente eran hostiles a cualquier iniciativa que no partiera de ellos mismos”, no lo digo yo, lo dice el mismo operador Oscar Guillermo Rojas en “El Régimen Universitario de Juntas Directivas” (FLACSO, 1990). Ante la molestia de Pinochet y la Junta, el tema se zanjó dictando la “Directiva Presidencial sobre los Estatutos de las Universidades Públicas”. Y aquí estamos hasta el día de hoy salvo, como digo, teniendo presente que algunas Universidades están trabajando en ello, u otras como la Universidad de Chile, la Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad de Valparaíso, van más a la vanguardia.

Pero si miramos el sistema en su totalidad, y pensamos el tema de sus gobiernos, claramente el déficit democrático es rápidamente perceptible. No se necesita ser experto. El miedo a la triestamentalidad, el cogobierno y la democracia universitaria se instala de inmediato en perfecta correlación con el desprecio —de los de ayer y hoy de la Alianza y la Concertación— por el proceso conocido en Chile como el de la Reforma Universitaria que va del año 1967 al año 1970. Moros y cristianos, unidos contra lo que si quiera tenga un aroma a Reforma Universitaria: horror, caos, violencia, polarización, politización y descrédito del sistema de educación superior.

Bien sería mejor, y muy oportuno, que antes de horrorizarse ante la posibilidad de una democracia universitaria real, se pusieran a reflexionar cómo el sistema ha perdido toda credibilidad —lamentablemente— pero por causa de la excesiva mercantilización sin control, que los mismos que en los 80 tuvieron la genial idea de diseñarlo, y los mismos que en los 90 tuvieron otras geniales ideas al radicalizar la lógica de mercado y lucro voraz. Hay una comunidad de intereses entre la derecha política, económica y académica y la Concertación —desde los 90 hasta hoy— que aún no ha sido estudiada en profundidad y que ha dañado a la democracia universitaria: a los académicos, los estudiantes y los funcionarios universitarios que, junto a las rectorías, debiesen formar comunidades inteligentes de gestión, control y desarrollo con lógicas inclusivas de participación y toma de decisiones.

¿Por qué no?; ¿será porque los rectores no quieren perder el control y el poder de dominación y gobernanza al interior de los reinos universitarios?; ¿o es una cuestión de conjunción de intereses que convergen en el antidemocratismo autoritario mezclado con lógicas de mercado neoliberales?; ¿o es ese puro personalismo presidencialista tan a la chilena, tan republicano, que ve a los rectores como redentores mesiánicos, únicos seres que los pueden salvar ante la amenaza del sistema de libre mercado educacional?

Son preguntas que debiesen ser pensadas, no al calor de intereses individuales, sino por el contrario más colectivos y comunitarios; públicos si se quiere.

En fin… de todas maneras, ya en Julio del año 1981 en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el filósofo preferido del rector Carlos Peña, don Jorge Millas, leyó una conferencia memorable titulada “Situación presente y desafío futuro de las universidades chilenas” y afirmó, haciendo referencia a la intervención militar que “en buenas cuentas, diría que la universidad del momento es una universidad alienada, alienada en el sentido jurídico y moral de la expresión, alienada en el sentido en que lo está una voluntad cuando no es capaz de autodeterminarse y es dependiente de un poder ajeno”.

Ya el mismo año 1981 se podía vislumbrar, lo hizo el filósofo Millas y lo sacaron de todas las universidades. Hoy no sé si podría ser académico de la Universidad Diego Portales, sería un tábano para el Rector Peña.

Nuestro estrambótico sistema de educación superior no sólo está en crisis por su falta de regulación de mercado, también lo está por su estrambótico sistema democrático, alienado en una autocracia francamente insostenible.

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