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Conflicto Mapuche: diálogo constructivo e inclusivo ahora

por 12 enero, 2013

Debemos reconocer que hay un pueblo anterior al Estado de Chile y que vive dentro de la República, pero que esa misma república no le reconoce sus derechos… por el contrario por años han sido víctimas de maltrato. Aplicar hoy la Ley Antiterrorista ante un hecho que condenamos enérgicamente, sería optar por la vía estrictamente policial y en nada colabora a apaciguar los ánimos. El código penal es suficiente.

Nada puede justificar la horrible muerte del  matrimonio Luchsinger-McKay en el ataque incendiario de Vilcún, pero ocupar la zona de la Araucanía con fuerzas policiales puede transformar el área en un polvorín.

El gobierno se equivoca al militarizar el conflicto y desconocer las causas que por más de un siglo mantienen enfrentado al mundo mapuche con el Estado. La verdadera opción es la de un diálogo constructivo e inclusivo. Un tema es el atentado y otro muy distinto es lo que piensa la comunidad, las demandas básicas y derechos legítimos que plantean los representantes de este pueblo.

Solo por la vía del diálogo se podrá avanzar en la búsqueda conjunta de la solución de la deuda pendiente del Estado con los pueblos originarios; tal como lo recomendó en el año 2003 el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Dichas recomendaciones están contenidas en el Convenio 169 de la OIT ratificado en el año 2008.

Debemos reconocer que hay un pueblo anterior al Estado de Chile y que vive dentro de la República, pero que esa misma república no le reconoce sus derechos…  por el contrario por años han sido víctimas de maltrato. Aplicar hoy la Ley Antiterrorista ante un hecho que condenamos enérgicamente, sería optar por la vía estrictamente policial y en nada colabora a apaciguar los ánimos. El código penal es suficiente.

Durante el gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin se dio un gran paso con la Ley Indígena y durante el mandato del ex Presidente Lagos con el estudio sobre la verdad histórica. Lo propio  ocurrió durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet con el documento “Reconocer”, y la aprobación del convenio 169 de la OIT. Seguramente se pudo hacer mucho más. Proyectos importantes como el que creaba el Ministerio de Asuntos Indígenas; el del  Consejo de Pueblos Indígenas   y el que cambiaba la actual Conadi por una agencia de desarrollo, duermen en el Congreso.

El Presidente Piñera lanzó esta semana una serie de medidas a propósito del conflicto que se vive en la región, pero una de ellas, el punto 7 es la que más atención y polémica genera.  Se trata de aquella que pide al Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, que “dentro del mandato legal, pueda recabar información complementaria de las Fuerzas Armadas para aumentar la eficacia de la lucha contra el terrorismo”, lo que a juicio de expertos excedería el marco legal vigente, a menos que se decrete un estado de excepción. Paralelamente han surgido voces desde el propio gobierno en que  se avala la legítima defensa de los hacendados ante los mapuches, mientras una senadora UDI, llamó a todos “los valientes” a unirse contra la violencia. En este escenario el punto 7 de las medidas de Piñera podría pronto hacerse efectivo.

Debemos reconocer que hay un pueblo anterior al Estado de Chile y que vive dentro de la República, pero que esa misma república no le reconoce sus derechos…  por el contrario por años han sido víctimas de maltrato. Aplicar hoy la Ley Antiterrorista ante un hecho que condenamos enérgicamente, sería optar por la vía estrictamente policial y en nada colabora a apaciguar los ánimos. El código penal es suficiente.

No podemos seguir mirando a los hermanos mapuche como ciudadanos de segunda categoría. Coincidimos con el obispo de Temuco, Monseñor Manuel Camilo Vial, en la obligación de nuestro país de integrarlos como pueblo  a la Constitución. Es momento de generar un punto de inflexión en este conflicto y las comunidades mapuches han dado el primer paso para discutir con las autoridades sus demandas ancestrales como la autodeterminación y la recuperación de las tierras. Es el gobierno el llamado a dialogar.

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