¿De existir gratuidad, se beneficiarán más los estudiantes de menores recursos? No. Dada la correlación que existe entre nivel socioeconómico y puntajes en las pruebas de selección, la tasa de asistencia a educación superior es mayor en las familias de mayores ingresos.
Para bien o para mal, la economía no es una ciencia exacta. Siempre ha tenido cierto grado de flexibilidad, la que muchas veces termina siendo el centro de la discusión. No obstante lo anterior, creo que la distorsión argumental que expresan en reciente columna en este medio Fernando Atria y Claudia Sanhueza traspasa el límite de lo razonable, lo que se ve reflejado en las numerosas incongruencias en que terminan cayendo.
Primero, los columnistas se contradicen en la forma de evaluar la regresividad de una medida. Sostienen que la regresividad del IVA es algo que no está en discusión. Como está demostrado, esto es cierto al considerar sólo la recaudación, pero no al tomar en cuenta el gasto al que se destinan esos recursos. Por lo tanto, reconocen tácitamente que, para que el análisis de regresividad sea relevante, se requiere reparar sólo en un lado del par recaudación/gasto. Esto es, sin embargo, contrario al argumento que usan posteriormente para descartar la regresividad de la educación gratuita evaluándola en conjunto con una propuesta de recaudación ultra focalizada.
[cita]¿De existir gratuidad, se beneficiarán más los estudiantes de menores recursos? No. Dada la correlación que existe entre nivel socioeconómico y puntajes en las pruebas de selección, la tasa de asistencia a educación superior es mayor en las familias de mayores ingresos.[/cita]
Por suerte los columnistas reconocen la dualidad existente en los créditos contingentes. El hecho de que funcionen, bajo ciertas condiciones, con una lógica contributiva es justamente lo que dota al instrumento de su valor y lo hace conseguir su objetivo (y que es además el propósito de la mayoría de las personas que proponen la gratuidad como solución): que al momento de tomar la decisión de estudio, el financiamiento no incida en ella. Lo importante aquí es notar que, al existir una expectativa de rentabilidad económica al estudiar, lo que genera inequidad en el financiamiento de la educación es la dispar capacidad que tienen las distintas personas para cubrir situaciones donde el retorno finalmente no fue el esperado. Un crédito contingente equipara a las distintas personas en esta situación y, por tanto, logra su objetivo de equidad de acceso.
En tercer lugar, Atria y Sanhueza no consideran todas las distorsiones y complicaciones que puede generar un esquema como el propuesto. ¿Cómo se justifica que una persona profesional de ingresos altos deba pagar impuestos significativamente mayores a los de un no-profesional con los mismos ingresos? El cambio que proponen, y que tratan de hacer parecer pequeño, tiene la relevante consecuencia de que se pierden todas las señales de precio en las decisiones de estudio, lo que lleva a que sea necesaria una estricta fijación de aranceles. ¿Cómo se insertan las universidades privadas (donde hacen clases Atria y Sanhueza) en este esquema? ¿Cómo se fijarán los aranceles? Probablemente no son preguntas fáciles de responder si es que se quiere mantener un alto estándar de transparencia y, al mismo tiempo, una alta calidad en las instituciones.
Por último, su comparación con los países escandinavos da pie para mostrar justamente una de las razones por las cuales la gratuidad en Chile favorecería principalmente a los estudiantes de mayores recursos. Las características de las políticas dependen del contexto y, en nuestro caso, la regresividad de la gratuidad en educación radica en el desigual acceso a ella. ¿Cómo soluciona la gratuidad la desigualdad en el acceso? Se puede argumentar que parte de la falta de acceso derive del financiamiento, pero la verdad es que hoy la mayor barrera de entrada para los jóvenes de bajos recursos es la desigualdad con que se egresa de la educación escolar. Dado esto, ¿dónde queremos poner nuestras fichas si realmente nos interesa reducir la desigualdad, particularmente la de ingreso a la educación superior?
Para cerrar, omitiré la palabra “regresividad” en lo que sigue, por cuanto es inconducente que el debate se siga dando en la forma de entender o interpretar un concepto que para la mayoría de las personas no significa mucho. Concluyamos entonces con un par de preguntas y respuestas.
¿De existir gratuidad, se beneficiarán más los estudiantes de menores recursos? No. Dada la correlación que existe entre nivel socioeconómico y puntajes en las pruebas de selección, la tasa de asistencia a educación superior es mayor en las familias de mayores ingresos. Como si esto no fuera suficiente, los alumnos de mayores recursos estudian carreras más largas y más costosas, por lo que de existir gratuidad, la mayoría de estos recursos irían a familias de ingresos medios y altos. Se podría sostener que con gratuidad estas brechas disminuirían, lo cual podría ser cierto, pero finalmente las diferencias de acceso señaladas anteriormente seguirían siendo preponderantes.
¿Se puede crear un esquema donde las familias de mayores recursos aporten más de lo que reciben y así beneficiar a las personas de menores recursos? Esto puede hacerse creando un impuesto lo suficientemente alto y focalizado como para evaluar positivamente en este ámbito una propuesta anexa. Llevado al extremo, podría decirse que la entrega de un bono invierno a todas las personas que ganan más de 10 millones de pesos es beneficioso para la desigualdad. Lo único que tendría que hacerse para ello es crear también un impuesto especial a las personas que ganan más de 20 millones, y con eso financiar ese bono. Un razonamiento de este tipo es lo que proponen en su columna Atria y Sanhueza.
Se podría argüir, tal como hacen los columnistas, que es necesario analizar la propuesta en su conjunto, considerando tanto ingresos como gastos. ¿Es esto cierto? No realmente. Los ingresos tributarios y sus gastos no están amarrados, por lo que no tiene sentido crear una dependencia ficticia. Lo razonable es generalmente analizar cada uno de los puntos por separado. Aun cuando se llegase a la conclusión de que sería razonable establecer un impuesto especial para los profesionales, ¿quién nos dice que el mejor uso de esos recursos sería la educación superior gratuita? ¿No sería mejor gastar estos recursos en etapas más tempranas de la enseñanza, las que son ampliamente definidas como prioritarias por los expertos? Algunos intentan pasar por alto esta pregunta y se limitan a evaluar políticas sin considerar los usos alternativos de los recursos que ellas demandan. Y eso es finalmente la negación del principio de escasez, lo que creo es simplemente una irresponsabilidad en cualquier discusión seria.
