Opinión
La actuación del presidente de la DC reveló el intento por cuajar una defensa corporativa en torno a los parlamentarios aludidos que, esperamos, no encuentre eco entre sus pares. Revela la desconexión total con el escenario de crisis de legitimidad de las instituciones democráticas, y específicamente la crisis de confianza que padece nuestro Congreso.
El programa Contacto de Canal 13 sobre Conflictos de interés provocó una serie de reacciones de diversos actores. La reacción más relevante para el análisis provino de las autoridades del Congreso. Y de ella se pueden desprender dos visiones sobre los desafíos de transparencia en el Parlamento y el compromiso real con el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Por una parte, Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, señaló que su partido realizaría un reclamo formal a Canal 13 por la falta de rigurosidad de la investigación, y añadió que no haría más declaraciones porque le presentaría personalmente al presidente del Directorio de Canal 13 sus apreciaciones.
Esta respuesta se realizó el día miércoles y se notó en ella falta de sensatez política, una respuesta lejana a lo que la ciudadanía esperaba. Anunciar públicamente un reclamo formal ante los responsables de la investigación nos parece una respuesta insuficiente y lejana a las aspiraciones de la ciudadanía. La actuación del presidente de la DC reveló el intento por cuajar una defensa corporativa en torno a los parlamentarios aludidos que, esperamos, no encuentre eco entre sus pares.
[cita]Desde la sociedad civil solicitamos al Congreso evaluar la inclusión de mejoras al proyecto de Ley de Probidad, y seguiremos apoyando las gestiones y los esfuerzos de las Comisiones de Ética y Transparencia tendientes al fortalecimiento de la confianza en el Congreso.[/cita]
Revela la desconexión total con el escenario de crisis de legitimidad de las instituciones democráticas, y específicamente la crisis de confianza que padece nuestro Congreso. Falta de olfato político que no considera siquiera que los ciudadanos, cada vez más, consideramos las variables de transparencia y probidad en nuestra decisión de voto.
Desde la Fundación Ciudadano Inteligente colaboramos con el Programa Contacto porque vimos en la denuncia la posibilidad de construir un Congreso más transparente y confiable, motivando a los parlamentarios a asumir con responsabilidad las obligaciones de sus cargos y los desafíos pendientes en la materia. Y esta visión, creemos, está extendida en el resto de ciudadanos que, a través de las redes sociales, se manifestaron ante la denuncia. 1.702 personas habían firmado hasta el jueves en la mañana un petitorio para mejorar la legislación de la Ley de Probidad, la misma a la que el Ejecutivo le puso urgencia después del programa.
Si la respuesta de Walker se imponía como estilo entre sus pares, se habría clausurado toda posibilidad de avanzar en los temas pendientes y, todavía peor, habría demostrado que la autorregulación en el Congreso es totalmente insuficiente.
Por esto la importancia de la respuesta que, el día jueves, hicieron el Senador Hernán Larraín y el Diputado Patricio Vallespín. Ambos, presidentes de las comisiones de Ética y Transparencia de sus respectivas corporaciones, señalaron los temas pendientes en materia de transparencia y las regulaciones faltantes sobre conflictos de interés en el Congreso. Miraron la denuncia con altura de miras, y antes de iniciar una ofensiva contra la investigación, dieron cuenta que las conductas tendientes al secretismo en el Congreso son particulares, acotadas a un grupo de parlamentarios que aún no logra ver que el camino de solidez y legitimidad de las instituciones democráticas se transita con más transparencia y humildad.
Desde la sociedad civil solicitamos al Congreso evaluar la inclusión de mejoras al proyecto de Ley de Probidad, y seguiremos apoyando las gestiones y los esfuerzos de las Comisiones de Ética y Transparencia tendientes al fortalecimiento de la confianza en el Congreso.
