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¿Asamblea Constituyente? ¡Pamplinas!

por 23 agosto, 2013

Esta perplejidad frente al pueblo como actor político no es de extrañar, la Constitución del 80 conserva aún sin modificar el texto escrito en dictadura: el pueblo no es el soberano, el pueblo sólo vota. Los representantes no son mandatarios del pueblo, sino autoridades sobre él.
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Ninguno de los cambios políticos y económicos que demanda la emergente e inédita movilización social en Chile dependen de la dictación de una nueva constitución política.

La constitución no prohíbe una educación pública, gratuita y de calidad. No hay norma constitucional que estipule la privatización de la gran minería. No es la constitución la que establece el sistema electoral, ni el régimen de pensiones o las características de la salud pública; tampoco determina la estructura ni el monto de los impuestos. El desprecio del Estado por las minorías y por la autonomía  de las mujeres no proviene del texto constitucional. Tampoco la discriminación y el abuso sobre los pueblos indígenas.

¿Por qué no entonces solo reformar las reglas constitucionales supermayoritarias que impiden la dictación de leyes sobre todas esas materias?¿Por qué la idea de una nueva constitución política es inevitable en la agenda política.

Nuestra historia reciente nos muestra una evidencia interesante: el apretado triunfo de la Unidad Popular y el necesario pacto con la Democracia Cristiana en 1970 requirieron una reforma constitucional. La ruptura de ese pacto y el realineamiento de los actores quedó plasmado finalmente en un acuerdo del Congreso Nacional que declaró inconstitucional el gobierno de Salvador Allende, en 1973. La dictadura militar elaboró una nueva constitución en 1980: fue la negación de cualquier otro actor político. La derrota relativa del dictador, y la emergencia de la alianza que lo enfrentó electoralmente, quedó plasmada en una reforma constitucional en 1989. El 2005 se modificó esa Constitución cuando se desplazó finalmente al poder militar de la deliberación política.

Esta perplejidad frente al pueblo como actor político no es de extrañar, la Constitución del 80 conserva aún sin modificar el texto escrito en dictadura: el pueblo no es el soberano, el pueblo sólo vota. Los representantes no son mandatarios del pueblo, sino autoridades sobre él.

No es que el texto no importe, pero importa menos por su implicancia legal y mucho más porque refleja el relato, la presencia  y la autoría de los actores relevantes. Entre nosotros, la constitución política es la descripción de la plaza pública, en donde los miembros de la polis ven y son vistos. Los procesos constituyentes son así el símbolo solemne de la presencia política en la república. El método entonces tiene tanta o más importancia que el contenido.

Una sociedad civil crecientemente movilizada y autónoma del sistema de partidos, en un hecho objetivo y de relevancia innegable. Es ese el principal motivo de la necesidad, no solo de una nueva constitución, sino que de una Asamblea Constituyente en que esa sociedad civil tenga presencia.

El natural celo de las elites partidistas por conservar el poder político disputado también es evidente. Eso explica la reacción del conservadurismo frente  a la idea de una Asamblea Constituyente, pero también la posición más o menos “institucionalista” de líderes de partidos políticos con historia y tradición popular, incluida su candidata presidencial.

Esta posición “institucionalista”, no solo no es fiel a la tradición popular de los partidos de los que proviene, sino que además no es realmente institucional: dejar fuera del proceso constituyente al actor que sin duda ha aparecido en la arena pública, es promover su manifestación fuera de las reglas de la deliberación y reflexión democrática.

Es cierto que la emergencia de la sociedad civil muestra a un actor inédito en los patrones políticos en Chile y que, por su falta de orgánica, su identificación como actor no es fácil; pero negarla arriesga la estabilidad de las instituciones democráticas.

Esta perplejidad frente al pueblo como actor político no es de extrañar, la Constitución del 80 conserva aún sin modificar el texto escrito en dictadura: el pueblo no es el soberano, el pueblo sólo vota. Los representantes no son mandatarios del pueblo, sino autoridades sobre él.

Está por verse si el progresismo respeta su historia y sus tradiciones partidarias populares o si se apega más bien al relato de la república que imaginaron los delegados del dictador, para quienes la voluntad del pueblo o era un caos amenazante, o simplemente pamplinas.

 

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