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En materia urbana, precisiones a un experto

por 7 septiembre, 2013

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*Por Patricio Herman, Fundación “Defendamos la Ciudad”.

El viernes 23 de agosto pasado en el diario La Tercera se publicó un artículo de opinión denominado “Un plan para Santiago” redactado por el arquitecto Iván Poduje, persona que conoce muy bien las materias urbanísticas porque tiene una relación muy fluida con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y con las organizaciones gremiales de la construcción.

Poduje en su interesado opúsculo, se refirió negativamente al nuevo rechazo, por parte de la Contraloría General de la República (CGR), de la modificación administrativa denominada PRMS100 que el gobierno está intentando aprobar con el propósito de transformar en urbanas, con las consiguientes y automáticas plusvalías económicas privadas, 10.000 hectáreas agrícolas localizadas en 8 comunas periféricas.

En rigor, si bien es cierto el gobierno de Piñera aboga con fuerza por la aprobación final (toma de razón de la CGR) de esta expansión del límite urbano, debemos esclarecer que este cambio administrativo en las reglas del juego se gestó en el gobierno de Bachelet como consecuencia directa de varias solicitudes de ciertos apitutados particulares efectuadas al Minvu para que se modificaran los usos de suelo de sus predios rurales : Patricia Poblete, ministra del ramo, accedió solícita a esas peticiones y a fines del 2006, vía Circular Nº 41 firmada por el Seremi de la época, le dio curso al trámite el que contó con una posterior Resolución Favorable de Calificación Ambiental (noviembre de 2009)de la ex Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) y con una espuria votación finalmente positiva en el Consejo Regional (CORE) Metropolitano : hubo desmedidas presiones del presidente de entonces de ese cuerpo colegiado.

Ni este gobierno de Derecha ni los anteriores de la Concertación han tenido la voluntad política para que en Chile exista una Ley de Ordenamiento Territorial, con la cual se terminarían las decisiones discrecionales de las autoridades de turno, como la que estamos abordando, y como la especulación es muy rentable entendemos por qué aquellos que ejercen el poder se niegan sistemáticamente a ordenar la casa. 

Todos aquellos que leyeron la mencionada columna de Poduje se deben haber quedado con la sensación que el proyecto PRMS100 es muy necesario para esta región metropolitana pues así se reducirán los precios en las transacciones del suelo y por ende los valores de las viviendas automáticamente bajarán, con lo cual se beneficia a todos aquellos que carecen de las mismas. Pero los que manejamos otras informaciones más profundas sostenemos que este proyecto modificatorio es un “traje a la medida” que busca beneficiar a los especuladores inmobiliarios que están esperando esta antojadiza e ilegal “política pública”. Por cuarta vez la CGR se ha visto en la necesidad de objetar al gobierno la resolución, en esta oportunidad, de José Antonio Peribonio, Intendente Metropolitano y presidente del CORE, quien en la práctica a esta altura ha procedido como un simple mensajero de las impropias decisiones de La Moneda.

Ahora bien, cuando en marzo del 2010 Piñera asumió al poder, nuestra fundación con otras organizaciones ciudadanas, le expresamos por escrito todos los errores contenidos en esta modificación normativa e incluso el muy prudente Colegio de Arquitectos de Chile hizo lo propio en primera instancia con Fernando Echeverría, cuando ejercía el cargo de Intendente Metropolitano y en segunda instancia con Rodrigo Pérez, ministro sectorial.

Sebastián Piñera, considerándose muy importante para dar respuesta a escritos de simples ciudadanos, optó por no responder nuestra respetuosa comunicación y Fernando Echeverría, poderoso actor inmobiliario, le respondió simples vaguedades a la orden profesional de quienes conocen muy bien este tipo de materias. Rodrigo Pérez, por su parte, expresó formalmente que el cambio reglamentario se había ceñido a la ley (sic), con lo cual, una vez más, se denota su incompetencia técnica: recordemos el deplorable episodio del mall de Castro, ocasión en la que manifestó que todo el proceso estaba en orden.

Lo que Poduje omite, no sabemos si por desconocimiento o para desinformar a sus lectores, es que esta iniciativa mercantil expansiva se ha manejado en absoluto secreto, a pesar de que los regentes de turno dicen ceñirse a las normas de transparencia. Ellos, este gobierno y el anterior, no han querido dar a conocer los nombres de las personas jurídicas y naturales que se favorecerían con el PRMS100, como tampoco dicen que este cambio es injustificado desde el punto de vista del suelo disponible.

En esta contaminada y colapsada región ya existen dos reglamentaciones administrativas para posibilitar la ejecución de proyectos inmobiliarios en terrenos agrícolas: nos referimos a las Zoduc (Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado) localizadas en determinados sectores comunales de la Provincia de Chacabuco y los PDUC (Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado) que se pueden ejecutar en cualesquiera sector rural de la región, cumpliendo ciertas exigencias. Las Zoduc y los PDUC se incorporaron en 1997 y en 2004, respectivamente, en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y ello significa que tenemos varias decenas de miles de hectáreas agrícolas para hacer negocios inmobiliarios supeditados a las normas vigentes.

En todo caso puntualizamos que, por la deficiente experiencia de las ZODUC, se inventaron los PDUC, cuyos procedimientos administrativos, al contrario de las anteriores, están muy bien elaborados buscando siempre el bien común de la ciudad, por lo tanto con las debidas inversiones y compensaciones por las externalidades negativas que ellos generan. Existen algunos PDUC en trámite y como sus titulares no se han ceñido a las precisas exigencias contenidas en el artículo 8.3.2.4. del PRMS, la CGR todavía no los puede autorizar. Ante este escenario, se improvisó la debilucha y oportunista figura del PRMS100, la que como se comprenderá, es sumamente laxa, por lo menos comparada con los PDUC.

Ni este gobierno de Derecha ni los anteriores de la Concertación han tenido la voluntad política para que en Chile exista una Ley de Ordenamiento Territorial, con la cual se terminarían las decisiones discrecionales de las autoridades de turno, como la que estamos abordando, y como la especulación es muy rentable entendemos por qué aquellos que ejercen el poder se niegan sistemáticamente a ordenar la casa. Lo mismo sucede con la cantinela de la descentralización para proyectar un regionalismo de verdad. Los diputados y senadores siempre se refieren en sus campañas electorales despotricando en contra del centralismo, pero cuando ya han sido electos se les olvida ese llamativo discurso.

Le recomendaría al experto Poduje que se tome la molestia de leer el Decreto Ley Nº 3.516, referido a las subdivisiones agrícolas en predios rústicos de 0,5 hectáreas, legislación que originó en 1980 las denominadas “parcelas de agrado”, ya que un alto porcentaje de las 10.000 hectáreas agrícolas del PRMS100 están catalogados como este tipo de parcelaciones, las que, por imperio de la ley, obligatoriamente deben mantenerse como predios agrícolas.

También sería necesario que el anterior y más aún los funcionarios del Minvu conozcan el estudio “La propuesta de modificación del Plan Regulador Metropolitano PRMS100 requiere una justificación más sólida” del experto Pablo Trivelli, editor del “Boletín del Mercado del Suelo en Santiago”, en donde se dan a conocer las cifras reales de terrenos disponibles al interior del radio urbano y por lo tanto aptos para la construcción. Asimismo debieran darse una vueltecita por el Ministerio de Agricultura para saber que el 71 % de los suelos agrícolas que se desean transformar en urbanos con el PRMS100 son de Clase I, II y III de riego, es decir, son los mejores suelos de Chile.

Y ya que estamos hablando de estas cosas, consideramos de pésimo gusto que el gobierno terminal haya empezado a introducirle ciertas modificaciones por secretaria y por lo tanto ilegítimas a la bien concebida Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), ello porque algunos alcahuetes del mercado hayan reclamado en las altas esferas del gobierno que ese democrático documento de 48 páginas tiene un sesgo “estatista”.

En nuestra opinión, Piñera debiera desembarazarse de esos utilitaristas amigotes que le envían mezquinos mensajitos para que no cumpla su palabra y, por lo tanto, enviar el texto original de la PNDU a la CGR para su toma de razón. Tal documento él lo recibió el 11 de mayo pasado en una vistosa ceremonia pública en La Moneda: el honor indica que perentoriamente este texto, en los términos exactos consensuados por los 28 especialistas convocados por él mismo, se debería publicar como Decreto Supremo en el Diario Oficial para que así sirva para el propósito buscado por el propio Piñera y por la Comisión Asesora Presidencial.

El presidente es de todos los chilenos y si a la PNDU se le introducen cambios de última hora para desnaturalizarla, lo que podría ocurrir, esperaríamos conocer una dura declaración pública de rechazo por parte de la amplia mayoría de los 28 profesionales, uno de los cuales es Poduje, quienes trabajaron arduamente para cumplir ad honorem con la noble función encomendado a ellos por la más alta autoridad del país.

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