Sr. Director:
No soy yo como periodista el obligado a responder por qué France Press recibió los pagos desde una cuenta clandestina de la DINA en 1975. Eso corresponde a los medios de comunicación que cobraron esos cheques firmados por el jefe de ese organismo criminal, Manuel Contreras Sepúlveda.
Si France Press dice que fueron pagos por servicios periodísticos comprados, no tengo por qué dudar de ello, pues me parece una institución sólida y seria. Pero la agencia France Press fue advertida por El Mostrador antes de publicar la nota, ocasión en que la agencia pudo aclarar el punto y no lo hizo.
En ninguna parte el artículo de mi autoría “Los pagos secretos de la DINA a Copesa y El Mercurio”, publicado el martes 29 de octubre de 2013, se atribuye a France Press, específicamente, colaboración con la dictadura para encubrir crímenes.
Pero lamentablemente, dicha agencia figura entre una larga lista de medios del duopolio periodístico chileno, que sí fueron encubridores de crímenes de lesa humanidad como ha quedado demostrado a través de la historia reciente.
Y además, figura acompañada en la misma lista de los más deleznables asesinos que actuaron bajo el Terrorismo de Estado en Chile, que figuran cobrando la paga clandestina.
A través de aquella cuenta clandestina, la DINA también pagó el agua, teléfonos, la luz y el gas de sus cuarteles de tortura y exterminio, lo que podría aparecer como lógico.
Pero la inmensa mayoría de los más 3 mil 500 cheques girados en 1975 de esa cuenta, fueron cobrados por los más “connotados” criminales de la dictadura, algunos en montos millonarios para la época.
Ello consta en el Informe de la Corte Suprema de fecha 24 de febrero de 1992, firmado por el juez Oscar Carrasco Acuña (subrogante del ministro Adolfo Bañados en el caso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier) y el entonces Secretario de esa Corte, Carlos Meneses Pizarro
¿Por qué no llamé a France Press antes de enviar el artículo a El Mostrador para consultar a qué se debían esos pagos? Porque, a mi juicio, en el periodismo hay dos formas de enfrentar este tipo de notas complicadas. La primera, si el aludido es una persona o institución, o dos, tres, cuatro o cinco, me refiero a cuando son pocos, se les llama para consultar su opinión, sobre todo si lo que se les imputa proviene de palabras vertidas por terceros y no por documentos oficiales. No fue este el caso.
La segunda, cuando los aludidos son cerca de 50 instituciones y medios de comunicación como ocurrió en este artículo, o se llama a todos, o no se llama a ninguno. Y en este caso, se espera que los aludidos respondan para que hagan lo mismo que si se les hubiera consultado: dar su opinión. En ninguna de las dos opciones se falta a la ética periodística. Más aún, para este artículo esta segunda opción estaba sostenida no en versiones de personas, sino en un documento oficial del máximo tribunal de la República.
¿Por qué tendría que haber hecho una excepción con France Press? La agencia responde como lo hizo, y punto.
Los periodistas no somos jueces, ellos son quienes deben investigar eventuales ilícitos. Aunque pensándolo bien, los periodistas sí debemos convertirnos a veces en una suerte de jueces investigadores, cuando algo huele mal y nadie investiga. Revisen la historia delictual y verán cuántos acontecimientos apartados de la ley fueron descubiertos sólo por investigaciones periodísticas. La lista es inmensa.
