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Política Habitacional: el éxito mentiroso de las cifras

por 20 noviembre, 2013

En un escenario de elecciones presidenciales mostrar logros puede ser un acto legítimo, pero es imprescindible moderar el exitismo de las cifras y es de esperar que en futuros recuentos presidenciales la vivienda deje de ser un número y alguien pueda decir, con propiedad, que en su período presidencial la vivienda social dejó de ser el espacio de la exclusión y se transformó en un verdadero vehículo de inclusión social.
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En su última intervención en el programa “Tolerancia Cero” el Presidente de la República, Sebastián Piñera, señaló que durante su gobierno se entregaron ochocientas mil viviendas, con lo cual se ha beneficiado a alrededor de tres y medio millones de personas.

Desde el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, una de las instituciones con mayor trayectoria en el estudio de la política de vivienda social en nuestro país, consideramos que esta cifra es exagerada. No obstante, en lo que sigue queremos exponer a los lectores que el número de soluciones habitacionales constituye sólo una parte del problema de la vivienda social en nuestro país.

Durante los gobiernos de la Concertación y en especial durante las administraciones Frei y Lagos (fuertemente orientadas a la reducción del déficit habitacional), se llegó a la construcción de un promedio de ochenta mil unidades de vivienda por año y por efecto directo de las políticas públicas, es decir, vivienda financiada a través de cualquier instrumento establecido en la política habitacional. Con respecto al momento antes señalado, la cifra entregada por el Presidente muestra un aumento muy significativo, lo que sería poco probable para el momento social, político y económico actual. Incluso al compararlo con la experiencia internacional, haber construido ochocientas mil viviendas en cuatro años, significa poner a Chile muy cerca de la revolución habitacional que en Suecia significó el proyecto de un millón de viviendas –Miljonprogrammet–, no obstante, este  proyecto fue desarrollado durante una década entre los años 1965-1974.

Ahora, queremos proponer al lector una pregunta: si efectivamente se hubiesen entregado ochocientas mil viviendas en los cuatro años de la gestión del actual gobierno, ¿esto sería un éxito o un fracaso?

En un escenario de elecciones presidenciales mostrar logros puede ser un acto legítimo, pero es imprescindible moderar el exitismo de las cifras y es de esperar que en futuros recuentos presidenciales la vivienda deje de ser un número y alguien pueda decir, con propiedad, que en su período presidencial la vivienda social dejó de ser el espacio de la exclusión y se transformó en un verdadero vehículo de inclusión social.

Un dato que se esconde en esta discusión, la cual reiterativamente muestra cifras para hablar del cumplimiento de metas sociales, es que los dos ejemplos antes mencionados: i) las ochenta mil viviendas anuales de los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos y ii) el millón de viviendas en Suecia, han demostrado ser una suerte de desengaño en la política habitacional.

En el caso de Suecia, la geógrafa chilena Irene Molina y actual profesora de geografía humana en la prestigiosa Universidad de Uppsala, es quien abrió el debate por la segregación habitacional respecto de la variable étnica en dicho país. Ella fue la primera académica en observar que los inmigrantes, al ser beneficiarios de la política de vivienda pública, estaban siendo los únicos relegados a alguno de estos grandes conjuntos de vivienda social del proyecto de un millón de viviendas. El gran objetivo de política pública de construcción masiva mostraba un efecto, que a estas alturas no podemos considerar como colateral. La exclusión social está intrínsecamente unida a una política de vivienda masiva (al respecto, la prensa nos informaba que durante el mes de mayo de este año se desencadenaron violentos enfrentamientos entre jóvenes y la policía, esto en la zona de Husby, precisamente uno de los barrios construidos en el marco de Miljonprogrammet).

El caso chileno no muestra muchas diferencias y el Instituto de la Vivienda ha mostrado a través de diversos estudios (Estudio comparativo de la tríada calidad de vida-género-medio ambiente, 2000; Determinación de los estándares de bienestar habitacional, para mejorar la calidad de la construcción en viviendas en Chile, 2001; Factores de Deterioro de Hábitat Residencial y de Vulnerabilidad Social en la Conformación de Barrios Precarios, 2007; Renovación de Barrios en Chile y España. Análisis, procesos de Intervención y Evaluación, 2009; Movilidad cotidiana urbana y exclusión social urbana en Santiago de Chile, 2010) que la alta concentración de vivienda social constituye claramente un factor de riesgo para la configuración de condiciones adecuadas para la integración social, aportando amplia evidencia para desplazar el foco de la discusión desde la exclusiva focalización en el déficit cuantitativo hacia coordenadas más complejas, que vinculen hábitat y territorio y en donde el nodo del debate se articule en torno a la calidad de vida. En ese contexto, no nos llama la atención que las soluciones habitacionales de los gobiernos de la concertación en su fase más expansiva de los años noventa, empiezan a ser demolidas por sus problemas sociales asociados.

Por lo expuesto previamente, si fuesen ochocientas mil viviendas o menos, es algo que debe dejar de ser el único foco de la discusión. Desde el Instituto de la Vivienda planteamos que dicha cifra sólo es alcanzable si se considera toda suerte de subsidio entregado por el gobierno, lo cual, para el caso de las estadísticas y los análisis, sería equívoco. Ahora bien, para avanzar en esta discusión queremos plantear con convicción que la vivienda social debe dejar de ser representada como “solución habitacional” y, por el contrario, debe ser apropiada por ciudadanos, políticos, funcionarios de gobierno y la academia como “motor de regeneración urbana e integración social”.

Este es un cambio de paradigma que debiera ser instalado en términos equivalentes a la revolución que vivimos en términos educacionales y que luego de un gran debate parece haber logrado relevar su importancia y construir acuerdo respecto de: “una educación gratuita y de calidad”. Una vivienda social que permita el mejoramiento urbano en zonas con potencial para la integración social, pero que vive procesos acelerados de exclusión; una vivienda social que entrega beneficios sociales asociados a su localización y calidad de diseño; establecer normativamente que la vivienda social de calidad no contempla sólo la casa y que en su definición deben considerarse adicionalmente el entorno, la infraestructura, la accesibilidad y la dotación de servicios; y, en una formulación mayormente neoliberal pero que no por ello debe carecer de legitimidad, una vivienda social que no perjudica la plusvalía de sus vecinos, son todos objetivos alcanzables por Chile en la actualidad.

En un escenario de elecciones presidenciales mostrar logros puede ser un acto legítimo, pero es imprescindible moderar el exitismo de las cifras y es de esperar que en futuros recuentos presidenciales la vivienda deje de ser un número y alguien pueda decir, con propiedad, que en su período presidencial la vivienda social dejó de ser el espacio de la exclusión y se transformó en un verdadero vehículo de inclusión social.

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