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Persecución Terrorista sin invocar Ley Antiterrorista

por 26 noviembre, 2013

Se esperaría mayor claridad de Bachelet, como sí la tuvo el Relator ONU Ben Emerson, quien derechamente criticó los procedimientos de la Ley Antiterrorista (en particular los testigos secretos), sabiendo que los tribunales los están usando sin necesidad de invocar esta ley especial.
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Michelle Bachelet debe ser más explícita cuando dice que no volverá a aplicar la Ley Antiterrorista al movimiento Mapuche.

Me explico a través de un ejemplo.

El jueves 21 de noviembre el Tribunal de Garantía de Victoria aceptó para el juicio de dos menores mapuche el testimonio de un delator compensado. La figura del delator compensado es propia de la Ley Antiterrorista, en su artículo 4. Había sido introducida por el fiscal el año 2009, al formalizar a distintos imputados en esta causa, invocando la Ley Antiterrorista con el patrocinio del Gobierno de Michelle Bachelet.

El año 2010, por la huelga de hambre mapuche –que incluyó a tres menores de edad– se discutió sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista a menores. El Parlamento y el Ejecutivo eran de la idea de que esta ley no se podía aplicar a menores de edad, quienes debían ser juzgados bajo la ley de responsabilidad penal adolescente.

Pero la fiscalía y los tribunales pensaban distinto. Entonces, en septiembre de 2010, cuando la conmoción por la huelga de hambre amenazaba con arruinar los festejos del bicentenario, el Parlamento modificó la ley, estableciendo explícitamente en la Ley Antiterrorista que los menores de edad serían juzgados como tales y no como terroristas.

Se esperaría mayor claridad de Bachelet, como sí la tuvo el Relator ONU Ben Emerson, quien derechamente criticó los procedimientos de la Ley Antiterrorista (en particular los testigos secretos), sabiendo que los tribunales los están usando sin necesidad de invocar esta ley especial.

Pero la fiscalía y los tribunales siguieron pensando distinto, y esta vez el tema pasó al olvido, pues otros temas más importantes coparon la agenda (el rescate de los mineros).

Sin embargo, en enero de 2011, como los menores de edad seguían presos e imputados como terroristas, distintas organizaciones de derechos humanos levantaron una campaña para exigir al Estado de Chile el cese de la aplicación de la Ley Antiterrorista contra niños mapuche. El Parlamento, entonces, tuvo un altercado con jueces y fiscales, que terminó en una nueva modificación a la Ley Antiterrorista, haciendo más explícita aún la instrucción del legislador para que los tribunales no juzguen niños como terroristas.

Se pensó entonces que el tema estaba zanjado, que la Ley Antiterrorista no podría usarse contra menores de edad.

Pero esto no fue así.

La semana pasada recién fue el juicio por el que entonces estaba preso José Antonio Ñirripil, uno de los menores que hizo huelga de hambre. En ese juicio, el Tribunal de Temuco condenó a José Antonio en virtud del Art.4 de la Ley Antiterrorista (la delación compensada). En tal juicio fue querellante el Ministerio del Interior.

Así, sin invocar explícitamente la Ley Antiterrorista, el tribunal condenó usando esta ley especial.

Se trata, pues, de un caso más en causas mapuche en que disposiciones de la Ley Antiterrorista pasan a causas en teoría comunes. Se trata de una estrategia para burlar a la opinión pública, que cree que la Ley Antiterrorista solamente se está utilizando en el Caso Luchsinger-MacKay.

Una semana después de la condena al menor José Antonio Ñirripil en Temuco, el Tribunal de Victoria realiza igual procedimiento, incorporando también una delación compensada (Art.4 de la Ley Antiterrorista), en preparación de juicio contra los menores mapuche Luis Marileo y Patricio Queipul.

Este modo de proceder, que resulta escandaloso además tratándose de menores de edad, ya había sido repudiado por el Relator ONU Ben Emerson en julio de este año, quien le ha planteado al Estado de Chile la necesidad de excluir el testimonio de testigos secretos de las causas mapuche, por tratarse éste de un mecanismo propio de la Ley Antiterrorista. Por su parte, la Unicef ha dicho que la utilización indirecta de la Ley Antiterrorista que están realizando los tribunales de la IX Región contra menores mapuche, compromete gravemente la responsabilidad del Estado de Chile en violaciones a los derechos humanos.

Este es el contexto en que se reciben las declaraciones de Michelle Bachelet sobre que no invocará la Ley Antiterrorista en causas mapuche, pues, según sus palabras, “la ley penal común tiene herramientas suficientes para juzgar estas causas”.

La pregunta legítima que nos queda es si acaso Bachelet se refiere a este mecanismo de utilizar las herramientas de la Ley Antiterrorista sin invocar explícitamente esta ley, dado que los tribunales en La Araucanía ya se han allanado a esa forma de proceder en juicios en teoría comunes; o si acaso hará las reformas penales pertinentes –dada su amplia mayoría en ambas Cámaras– para evitar tales abusos de parte de los tribunales contra el movimiento mapuche.

Se esperaría mayor claridad de Bachelet, como sí la tuvo el Relator ONU Ben Emerson, quien derechamente criticó los procedimientos de la Ley Antiterrorista (en particular los testigos secretos), sabiendo que los tribunales los están usando sin necesidad de invocar esta ley especial.

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