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Manoseando el cáliz

por 16 diciembre, 2013

Es cierto que algunas medidas del programa de Bachelet pudieran (en condicional) afectar las inversiones, porque cuando se les quita parte de las utilidades a las empresas, vía impuestos, estas tienen menos recursos para reinvertir. Punto. Pero no es cierto que haya relación causal directa entre ambas variables, pues, si las inversiones que realiza el Estado de esos recursos tributarios son realmente inversiones (v.g. educación) y no gastos, aquellos rentarán en el mediano plazo con aumentos de productividad que permitirán mejorar el ritmo de crecimiento.
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Hace ya varios años, una relevante empresa chilena se vio enfrascada en una feroz lucha interna entre ejecutivos de distintas corrientes de administración. Hasta ese momento, la firma mostraba un comportamiento muy exitoso. Exportaba a varios países del mundo, a buenos precios y cantidades, mostrando un dinámico crecimiento e interesante rentabilidad para sus accionistas.

Sin embargo, el equipo gerencial a cargo había ido introduciendo una gran tensión a nivel de sus ejecutivos medios, empleados y obreros, así como con ciertos stockholders (proveedores y entorno) debido a las ambiciosas exigencias de ganancia para el capital autoimpuestas y surgidas de un modelo que premiaba a sus altos ejecutivos con bonos millonarios por cada punto de renta.

Esta silenciosa tirantez llegó abruptamente al directorio tras una inesperada huelga y varios directores, aconsejados por sus ejecutivos de confianza, dieron campanadas de alerta sobre la gestión, aunque sin efectos inmediatos. Así y todo, empleados y sindicatos interpretaron las advertencias como un inminente cambio de una administración que rechazaban y, rumores más, rumores menos, se esparcieron noticias sobre supuestas medidas y despidos de alto nivel. Los hasta ese entonces exitosos y arrogantes mandos olieron al fantasma de la derrota, por lo demás, injusta, si se les evaluaba su tarea por lo que más importaba: las utilidades.

Es cierto que algunas medidas del programa de Bachelet pudieran (en condicional) afectar las inversiones, porque cuando se les quita parte de las utilidades a las empresas, vía impuestos, estas tienen menos recursos para reinvertir. Punto. Pero no es cierto que haya relación causal directa entre ambas variables, pues, si las inversiones que realiza el Estado de esos recursos tributarios son realmente inversiones (v.g. educación) y no gastos, aquellos rentarán en el mediano plazo con aumentos de productividad que permitirán mejorar el ritmo de crecimiento.

La plana gerencial, cuadrada con su modelo administrativo, cometió el error de asumir el desafío inexistente como realidad y terminaron por hacer declaraciones a la prensa respecto de los supuestos cambios, asegurando que, de ser ciertos, impactarían la rentabilidad y crecimiento de la compañía. Las afirmaciones fueron el punto final para el equipo: al día siguiente, las acciones de la firma habían descendido 10%, generando un daño patrimonial que el directorio no estuvo dispuesto a aceptar. La plana ejecutiva terminó en la calle tras su pecado mortal: manosear el cáliz de la empresa, es decir, la confianza en su solidez.

La historia se asemeja en sentido micro a otra que hemos estado presenciando en lo macro, luego que los ministros de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia ingresaran al área chica de la campaña electoral formulando sus ya súper comentadas declaraciones en el sentido que el programa de Michelle Bachelet afectaría la inversión.

Desde luego habría números para sustentar la afirmación, en la medida que la inversión ha venido disminuyendo en los últimos semestres y se espera que esta variable siga cayendo. Pero las razones son muchas: término del ciclo alto de los comoditties en lo externo, e inmobiliario, en lo interno; ralentización de las economías emergentes, probable aumento de tasas y término del programa Q3 en EE.UU.; ajuste a la baja de la actividad económica china, persistencia de la crisis financiera en Europa, desapalancamiento de la banca mundial y sequía de fondos que ha obligado a varias empresas chilenas a recurrir a la emisión de bonos, asociaciones y/o ventas de activos, sorprendidas en su crecimiento con un nivel deudor al límite.

Las grandes empresas, que son un poder real, que viven de la confianza que los inversionistas tienen en ellas y que hace tiempo saben que las palabras construyen realidades, han salido a discutir las inoportunas declaraciones de ambos funcionarios, dejándolos prácticamente solos en sus apreciaciones. Lo mismo ha sucedido con relevantes bancos de inversión que han aclarado que la disminución inversora en Chile era una tendencia prevista ya hace varios semestres por razones de la economía mundial. Las declaraciones, en fin, han terminado desafectando a la derecha política de aliados de siempre, transformándose en un boomerang para el sector.

Es cierto que algunas medidas del programa de Bachelet pudieran (en condicional) afectar las inversiones, porque cuando se les quita parte de las utilidades a las empresas, vía impuestos, estas tienen menos recursos para reinvertir. Punto. Pero no es cierto que haya relación causal directa entre ambas variables, pues, si las inversiones que realiza el Estado de esos recursos tributarios son realmente inversiones (v.g. educación) y no gastos, aquellos rentarán en el mediano plazo con aumentos de productividad que permitirán mejorar el ritmo de crecimiento, asegurando, además, contar con una población capacitada y culta que no sólo incremente nuestra economía, sino también la democracia.

La grandeza de los países se mide en la capacidad de sus elites políticas, económicas, sociales y culturales para converger en acuerdos marcos que, una vez mayoritariamente zanjados en las urnas y la discusión pública por una sociedad consciente de sus intereses, proactiva, participativa y corresponsable del destino nacional, se mantenga en los límites institucionales y éticos de tal acuerdo, para así no afectar al conjunto, por la pura lucha por el poder, lo que, aunque legítimo, también exige a los contendientes circunscribirse a la conservación del bien común.

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