Señor Director:
En su carta del 18 de diciembre, Claudio Arqueros concede mi argumento en el sentido que la teoría política de Guzmán coincide con la de Hayek, pero al mismo tiempo rechaza interpretar su teoría social y moral en los mismos términos. Hayek, afirma Arqueros, explícitamente impugna las nociones de justicia social y Estado redistributivo, mientras que Guzmán, fiel a sus raíces en la espiritualidad cristiana, las reconoce y acepta.
Una columna publicada en Ercilla (12 de noviembre, 1980), parecería darle la razón a Arqueros. Escribe Guzmán: “Un Estado subsidiario disminuye su tamaño y orienta su función redistributiva a superar la pobreza – y no a una utópica igualdad – como instrumento de efectiva justicia social.” Pero inmediatamente a continuación Guzmán define como opera un Estado redistributivo que aspira a realizar la justicia social. “Se restituye a cada persona la libertad real para decidir su destino, liberalizando o privatizando – según sea el caso – el mayor margen posible de ámbitos como la educación, el mercado labor, el sindicalismo, la seguridad social, la salud y la tarea empresarial.”
El énfasis que Guzmán otorga a lo que denomina “libertad real para decidir” (o también “libertad económico-social”), y a la privatización de la educación, la salud, la seguridad social etc. coincide plenamente con la teoría social y moral de Hayek. Es cierto que Guzmán, para afirmar esto, apela al principio de subsidiariedad. Pero Guzmán no toma en cuenta que la doctrina pontificia subraya en igual medida el principio de solidaridad por el que se legitima la capacidad del Estado para defender, articular y promover el bien común y los intereses colectivos. Al romper la armonía entre subsidiariedad y solidaridad, Guzmán se suma a la teoría social y moral de Hayek y adopta su defensa de un orden espontáneo generado exclusivamente por el mercado.
A propósito del principio de subsidiariedad, resulta irónico comprobar que en la entrevista a Hayek que conduce Guzmán en abril de 1981, y que publica en la revista Realidad, es Hayek quien menciona ese principio. En relación a una conversación sostenida con Juan Pablo II en el Vaticano, a la que fuera especialmente invitado, Hayek manifiesta su esperanza que la Iglesia se vuelva “más tolerante y más abierta a las ideas de economía de mercado. De allí se puede deducir toda la doctrina de la Iglesia a partir del principio de subsidiariedad, que no se si ustedes conocen [!].”
Para ilustrar el rechazo por parte de Guzmán de los principios democráticos liberales, cité un pasaje de una columna de Guzmán publicada en PEC el 8 de enero, 1971, donde reconoce como un error de la democracia liberal considerar necesario confiar en acuerdos mayoritarios logrados en elecciones populares y definidos por representantes libremente elegidos. Arqueros piensa que ésta es una consideración accesoria y no fundamental. Piensa que lo que Guzmán realmente quiere decir lo expresa en el siguiente texto: “El esfuerzo hay que centrarlo en combatir el contenido de éstas [ideas de la UP], en cuanto lleven consigo un cercenamiento de la libertad y el Estado de Derecho, por muy jurídicos y legales que sean los caminos que se pretenda emplear para hacerlos realidad… ¿Y si se instaura, por la ‘vía democrática’ un Estado totalitario, es que entonces los hombres libres de Chile, no tendríamos nada que decir y objetar?”
Este texto deja en evidencia el miedo a la democracia que caracteriza a Guzmán, y que lo motiva a declararle directamente “la guerra civil e ideológica” al gobierno de la Unidad Popular a pocas semanas de haber asumido el poder. Es el mismo miedo que guió antes su oposición al gobierno de Frei Montalva, porque, como escribe Guzmán en la misma columna, “el planteamiento demócrata-cristiano de estos últimos años …nunca le dio gran importancia a precisar el contenido de los cambios, sino que se centró la atención en precisar que se harían ‘por la vía democrática’ ”.
El miedo a la democracia, específicamente a la Democracia Cristiana, lleva a Guzmán a publicar un artículo en la revista Portada (1969) que titula precisamente “El Miedo: Síntoma de la realidad político-social chilena”. Si se toma en cuenta que el gobierno de Frei profundizó y extendió el ejercicio democrático en Chile, y que fue, según Guzmán, durante su gobierno que el estatismo logro entronizarse en Chile, es natural pensar que piense en el gremialismo como alternativa a la democracia. Solo una nueva institucionalidad gremialista puede poner fin a una democracia que conduzca al estatismo totalitario.
Pero esta nueva institucionalidad no puede implementarse con un mero cambio de gobierno. Escribe: “Alguien podría pensar que gran parte de la solución reside en el cambio del actual Gobierno. Pero ello no es sino una parte muy limitada de la solución…[A]ún cambiando el Gobierno, la amenaza de una nueva aventura de miedo colectivo – acaso todavía peor – seguirá latente. Sólo el abandono del camino estatista puede solucionar el problema por su misma base.” Para Guzmán, abandonar el camino estatista significa cambiar el régimen político democrático que teme.
Por ello cuando Guzmán se refiere a una “guerra cívica” para lograrlo, no puede uno dejar de pensar en una guerra civil. Particularmente si uno considera que su pensamiento político encuentra sus raíces, desde muy temprano, en el carlismo y sus apologistas en España, Juan Vásquez de Mella, Víctor Pradera y Aniceto de Castro (todos ellos citados por Guzmán en diversas ocasiones), y Osvaldo Lira en Chile. Las tres guerras civiles carlistas del siglo XIX, y otra más en el siglo XX, la Guerra civil española, que Martin Blinkhorn denomina “cuarta guerra carlista,” son prueba suficiente que allí donde se manifieste esta corriente política encontraremos guerras civiles, violencia y pronunciamientos, nombre este último que los carlistas dan históricamente a sus golpes de Estado.
Arqueros objeta lo que considera ser una valoración equivocada de mi parte de la sección Nº 14 de la declaración de principios de la UDI, donde se afirma que las fuerzas armadas “han de garantizar el orden institucional de la República”. Para fundamentar su objeción, Arqueros presenta cuatro consideraciones, ninguna de ellas bien fundamentada, y que rebato en lo que sigue:
Primero, afirmar que la doctrina que consagra a las fuerzas armadas como garantes de la institucionalidad se justifica jurídicamente porque se funda en la Constitución del 80 es una pésima estrategia. En 1983, año en que se redacta esa declaración de principios, la Constitución carecía de legitimidad democrática. Hoy en día la mayoría de los chilenos considera necesaria su abrogación, o por lo menos su radical reforma. La UDI, que proclama fundarse en esa Constitución, quedará en mal pie cuando eso suceda. En mal pie como partido político permanente, ya que si se mantiene fiel al ideario político de Vásquez de Mella, podría justificarse como partido circunstancial o transitorio. En su discurso pronunciado el 29 de julio, 1902, ante las Cortes de España, este autor rechaza los partidos políticos permanentes, pero afirma la necesaria existencia de los transitorios.
Segundo, afirmar que el Presidente Allende recurrió a las fuerzas armadas para garantizar la vía institucional es falso. Como lo reconoce el mismo Guzmán en una columna que publica en PEC el 26 de enero de 1973, las fuerzas armadas ingresan al gobierno con “la sana intención de colaborar en la solución de la dramática crisis de desabastecimiento que afecta al país”.
Tercero, el art. Nº 14 señala que las fuerzas armadas han de estar sujetas al orden jurídico y que, como consecuencia, “no son deliberantes.” Pero esto tiene efecto en situaciones de normalidad jurídica. ¿Qué sucede en situaciones excepcionales de emergencia? ¿Quién decide acerca de la excepción? Reconocer una función tutelar a las fuerzas armadas como garantes de la institucionalidad en situaciones de emergencia las constituye en un poder de seguridad por sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Parte de esa propuesta está todavía vigente en la Constitución actual en lo referente a la seguridad nacional y al papel deliberante asignado al Consejo de Seguridad Nacional.
Cuarto, el art. Nº 8 de la declaración de principios de la UDI afirma que “el régimen democrático propio de Occidente es la forma de gobierno inherente a la tradición e idiosincracia chilena”. No he cuestionado la adhesión de Guzmán a la democracia, pero, como Arqueros ahora reconoce, se trata de una adhesión a una democracia hayekiana concebida como mero método para elegir gobiernos. Limitada de esta manera, la democracia, a los ojos de Guzmán, no es ya algo de temer.
Por último, el Sr. Arqueros, como profesor de filosofia y representante de la Fundación Jaime Guzmán, debe entender que las consideraciones ad hominem no merecen respuesta.
Renato Cristi
Dept. of Philosophy, Wilfrid Laurier University
